Jurisprudencia falsa generada por IA: qué han decidido el Constitucional y los tribunales superiores

Las herramientas de IA generativa redactan con soltura, pero pueden inventar referencias con apariencia de verdaderas: número de sentencia, fecha y hasta un párrafo entrecomillado. Cuando esas citas llegan a un escrito judicial, el problema deja de ser tecnológico y pasa a ser procesal y deontológico.

En España ya hay varias resoluciones que muestran cómo responden los tribunales. Las repasamos por orden cronológico.

Tribunal Constitucional: diecinueve citas inexistentes

El caso del Tribunal Constitucional se conoció en 2024. Según su nota informativa nº 90/2024, de 19 de septiembre de 2024, una demanda de amparo citaba diecinueve sentencias del propio Tribunal con pasajes presentados entre comillas como citas literales. Esos pasajes no existían.

La Sección Segunda inadmitió el recurso de amparo. Después, la Sala Primera, por unanimidad, acordó el 9 de septiembre imponer al abogado un apercibimiento, la menor de las dos sanciones posibles; la otra era una multa. También dio traslado al Colegio de Abogados de Barcelona por si procedía actuar en vía disciplinaria.

El letrado atribuyó el error a una base de datos propia que se habría desconfigurado. El Tribunal no aceptó esa explicación al no aportar prueba. La nota no confirma que se usara IA: la menciona como una de las posibles causas. Lo relevante es la conclusión: el abogado debe revisar cada escrito antes de presentarlo, sea cual sea el origen del error.

TSJ de Navarra: archivo tras la rectificación

Según una nota del Poder Judicial de 26 de marzo de 2026, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra abrió el 20 de febrero una pieza separada por posible mala fe procesal contra una abogada. En un recurso presentado en octubre de 2025 había incluido ocho citas inventadas de sentencias del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y de los tribunales superiores de Navarra y Madrid. La nota se refiere de forma genérica al uso de inteligencia artificial.

La Sala archivó la pieza sin imponer sanción económica. Valoró que la abogada reconoció el error, que atribuyó a la falta de revisión, retiró las citas y pidió disculpas en dos escritos. La nota recuerda que, según la Ley de Enjuiciamiento Civil, las multas por este tipo de conductas pueden ir de 180 a 6.000 euros, y que la revisión de los escritos sigue siendo responsabilidad de los abogados.

TSJ de Canarias: dos multas en 2026

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha ido un paso más allá.

Febrero de 2026: 48 citas y 420 euros

Según la nota publicada por el Poder Judicial el 13 de febrero de 2026, la Sala impuso una multa de 420 euros a un abogado que había incluido en un recurso hasta 48 citas de sentencias del Tribunal Supremo inexistentes y un informe del CGPJ, generadas con una herramienta de IA generalista.

La Sala subrayó que una consulta en el CENDOJ habría revelado los errores y que no supervisar el resultado de la IA vulnera el deber de supervisión humana. Fijó la cuantía en la mitad del coste anual aproximado de una suscripción a una herramienta de IA jurídica especializada. El letrado reconoció los hechos y mostró arrepentimiento, lo que atenuó la sanción. La Sala remitió la resolución a su colegio profesional.

Julio de 2026: al menos 25 sentencias y 840 euros

En una segunda resolución, difundida el 30 de julio de 2026, la misma Sala multó con 840 euros a otro letrado. Su recurso de apelación incluía referencias entrecomilladas atribuidas al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional que no pudieron verificarse. La Sala concluyó que había al menos 25 sentencias incorrectas o apócrifas.

Esta vez el tribunal descartó que se tratara de simples errores materiales. Habló de una fundamentación jurídica artificial que le obligó a comprobar cada cita. Para fijar la multa tuvo en cuenta la gravedad, la reiteración y que el letrado no admitió los hechos ni pidió disculpas. Dio traslado al Colegio de la Abogacía de Lanzarote.

Lo que tienen en común

Las cuatro resoluciones comparten tres ideas:

1. La responsabilidad es de quien firma. Usar una herramienta no traslada a ella el deber de diligencia.
2. Verificar es barato. Las bases de datos oficiales, como el CENDOJ, permiten comprobar una cita en minutos.
3. La actitud cuenta. Reconocer el error y disculparse pesó a favor de la abogada en Navarra y del letrado en el primer caso canario. Negarlo agravó la sanción en el segundo.

A ello se suma la vía colegial. El Tribunal Constitucional y el TSJ de Canarias remitieron sus resoluciones al colegio del abogado afectado para que valorase posibles responsabilidades disciplinarias.

Cómo evitarlo en el despacho

• Usar la IA para ordenar argumentos o resumir documentos, no como fuente de autoridad.
• Comprobar cada referencia en el CENDOJ o en una base de datos profesional antes de presentar el escrito.
• Desconfiar de los entrecomillados largos que nadie del equipo ha leído en el original.
• Dejar constancia interna de qué partes de un escrito se han apoyado en herramientas automáticas.

El contexto normativo también se mueve. Explicamos el nuevo calendario europeo en Reglamento de IA: qué deben revisar ahora los despachos, y los deberes del abogado en la Ley Orgánica del Derecho de Defensa. Más análisis en la sección de IA jurídica.