Formación bonificada para despachos: cómo usar el crédito FUNDAE sin perderlo por un formalismo

Todos los despachos con empleados cotizan cada mes por formación profesional, y esa cotización genera un crédito anual para formar a su plantilla que se puede recuperar en bonificaciones en los seguros sociales. La realidad del sector es que buena parte de los despachos pequeños y medianos no lo utiliza, no por falta de necesidad formativa, sino por desconocimiento del procedimiento. Esta guía resume cómo funciona y dónde suelen fallar los expedientes.

De dónde sale el crédito y cuánto es

El crédito de formación programada se calcula multiplicando la plantilla media del año anterior por la cuantía por trabajador que fija anualmente la normativa, con un mínimo para las empresas más pequeñas (que permite a un despacho de uno a cinco trabajadores acceder a un crédito aunque su cotización real sea menor). El dato exacto de cada empresa aparece en la aplicación telemática de FUNDAE tras el alta, y caduca si no se ejecuta dentro del año natural: no es acumulable.

El primer paso práctico, por tanto, es conocer la cifra antes de planificar. Formar por encima del crédito es posible, pero el exceso sale de caja.

Qué formación se puede bonificar

La formación debe estar relacionada con la actividad de la empresa o con competencias generales útiles para el puesto, y tiene que ser impartida por una entidad acreditada o por la propia empresa con medios propios si cumple los requisitos. Para un despacho encajan, entre otras: cursos de nuevas normas y reformas, idiomas jurídicos, herramientas tecnológicas y de IA aplicadas al trabajo legal, habilidades de gestión y dirección, y prevención de riesgos laborales.

Lo que no se bonifica es la formación obligatoria por ley ni la que no guarde relación con la actividad. Y ojo con un matiz práctico: los másteres de acceso a la abogacía no son formación bonificable como tal, aunque determinados módulos o cursos de posgrado sí pueden encajar si se estructuran como formación continua.

El procedimiento, en cuatro tiempos

Primero, organización: comunicar la formación a la representación legal de los trabajadores si la plantilla supera el umbral que la exige. Segundo, comunicación de inicio en la aplicación de FUNDAE antes de que empiece el curso, con el detalle del grupo, los participantes, el coste y el proveedor. Tercero, ejecución con control de asistencia (presencial o telemático, según la modalidad): la norma exige un mínimo de conexión o asistencia por participante para que el coste sea bonificable. Cuarto, comunicación de fin y aplicación de la bonificación en los boletines de cotización del año.

Los plazos son estrictos: una comunicación de inicio fuera de plazo inutiliza la bonificación de ese grupo, y es el error más frecuente en los expedientes de las pymes.

Los fallos que cuestan la bonificación

Además de la comunicación tardía, los expedientes suelen caer por tres vicios: participantes que no alcanzan el porcentaje mínimo de asistencia, costes imputados que no están debidamente justificados (facturas sin desglose, horas sin registro) y cofinanciación olvidada: a partir de determinada plantilla, la empresa debe aportar un porcentaje del coste de su propio bolsillo, y no hacerlo inválida la operación.

Si el despacho no quiere gestionarlo

Las entidades organizadoras y las propias escuelas de formación suelen ofrecer la gestión integral del expediente FUNDAE incluida o bonificada en el precio del curso. Para un despacho sin estructura administrativa, es la vía razonable: el coste de gestión se paga solo con la primera bonificación ejecutada.

Sobre la oferta concreta disponible este trimestre, consulta nuestra selección de cursos para abogados de otoño, la guía de microcredenciales frente a másteres y el análisis de las certificaciones de idiomas jurídicos.