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Guía práctica para empresas tras la reforma penal en materia de propiedad industrial

La reforma publicada el 13 de noviembre de 2026 alcanza a proveedores de insumos, financiadores, comercios físicos y plataformas electrónicas; estas son las revisiones que conviene hacer en las primeras semanas.

Ilustración generada con IA: cumplimiento propiedad industrial: lista de verificación sobre un escritorio con documentos y una lupa, ilustración editorial plana
Ilustración generada con IA, no es una fotografía documental

La reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2026 no solo endurece las penas por falsificación y piratería: amplía el perímetro subjetivo de los delitos. A partir de su entrada en vigor, el 14 de noviembre de 2026, la responsabilidad penal puede alcanzar a quien aporta materias primas, insumos o financiamiento para la producción de mercancía falsificada, a los establecimientos que venden copias no autorizadas y a quienes operan esquemas de venta electrónica organizada. Esta guía ordena las revisiones prioritarias para los departamentos jurídicos y los despachos que los asesoran.

Primero: auditar la cadena de suministro

El artículo 402, fracción II, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, en su nueva redacción, impone la misma pena a quienes, a sabiendas y de cualquier forma, aporten o provean materias primas o insumos destinados a la producción de objetos que ostenten falsificaciones de marcas, o suministren recursos económicos o de cualquier especie para financiar esas conductas. El elemento subjetivo es el conocimiento, pero la experiencia de otras figuras análogas enseña que la fiscalía construye ese conocimiento con indicios: precios anormalmente bajos, proveedores sin razón social verificable, pagos en efectivo, volúmenes incompatibles con el giro declarado.

La consecuencia práctica es que los programas de conocimiento del proveedor dejan de ser exclusivos del mundo antilavado. Conviene incorporar al alta de proveedores una verificación documental básica: constancia de situación fiscal, comprobantes de domicilio, referencias comerciales y, cuando el insumo sea susceptible de uso en productos de marca, una declaración del proveedor sobre el destino lícito de los bienes. Documentar la diligencia es lo que separa al comprador de buena fe del aportador a sabiendas.

Segundo: revisar los canales de venta, físicos y electrónicos

El artículo 404 reformado distingue dos supuestos. La venta u oferta de venta a escala comercial, a consumidores finales en vías o lugares públicos, de objetos con falsificaciones de marcas se castiga con dos a seis años de prisión y multa de mil a cien mil Unidades de Medida y Actualización. Cuando la actividad se realiza en establecimientos comerciales, locales fijos, puestos temporales o semifijos, de forma física o mediante medios electrónicos, o de manera organizada, sistemática o reiterada, la pena sube a cuatro a diez años de prisión y multa de dos mil a doscientas cincuenta mil Unidades de Medida y Actualización.

La mención expresa de los medios electrónicos exige revisar los marketplaces y las tiendas propias. Para las plataformas, la pregunta ya no es solo civil o administrativa: un esquema de venta reiterada de falsificados a través de un canal electrónico puede configurar el tipo agravado. Las medidas razonables pasan por programas de retirada de listados, verificación de vendedores y registros de actuación que acrediten la diligencia de la plataforma. Para los comercios físicos, el foco está en el surtido: compras a proveedores informales de productos de marca son el riesgo evidente.

Tercero: recalcular la estrategia de reparación del daño

El nuevo artículo 406 fija que la reparación del daño, en términos del artículo 30 del Código Penal Federal, no podrá ser inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o servicio legítimo correspondiente. El artículo 406 Bis añade una alternativa para la víctima: optar por una cantidad resarcitoria de entre trescientas cuarenta y cincuenta mil Unidades de Medida y Actualización, fijada según los medios empleados, el alcance de la difusión y el impacto en la explotación normal del derecho.

Para los titulares de derechos, esto cambia la táctica de la denuncia: la cuantificación del daño ya no depende exclusivamente de la prueba del lucro cesante, porque el piso legal y la vía resarcitoria ofrecen puntos de apoyo. Para los imputados, la previsión obliga a evaluar temprano la reparación como factor de negociación procesal. En ambos casos, la documentación de precios de venta al público del producto legítimo se vuelve prueba central.

Cuarto: mapear los casos en trámite

Los transitorios establecen que los procedimientos penales iniciados antes de la entrada en vigor se rigen por la ley vigente al momento de la comisión de los hechos, salvo que la nueva sea más favorable a la persona imputada, acusada o sentenciada. La regla de retroactividad benigna exige revisar expediente por expediente: en algunos casos la nueva redacción puede beneficiar a la defensa, en otros la ley anterior será la aliada. La comparación debe hacerse por conducta concreta, no por rubro de delito, porque la reforma redistribuye penas y modalidades dentro de cada artículo.

Quinto: actualizar los manuales y las capacitaciones

Los programas de cumplimiento que mencionan la piratería y la falsificación deben actualizarse con el nuevo catálogo: delitos contra derechos de autor de los artículos 424 a 427 Quinquies del Código Penal Federal, el nuevo 424 Quáter, las disposiciones generales de los artículos 428 a 434, y las figuras de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, incluido el nuevo artículo 403 Bis sobre uso engañoso de identidad gráfica institucional. La capacitación a personal de compras, logística y ventas es la medida de menor costo y mayor evidencia documental.

Sexto: vigilar la identidad gráfica institucional

El nuevo artículo 403 Bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial no solo protege al Estado: también es una herramienta para las empresas cuyos clientes son víctimas de comunicaciones que simulan origen oficial. Quien utilice, reproduzca, imite o incorpore a escala comercial la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos de carácter oficial de cualquier institución pública, para inducir a error o engaño con intención de cometer un ilícito, enfrenta de uno a cinco años de prisión y multa de mil a diez mil Unidades de Medida y Actualización. Los equipos de seguridad y jurídico deben incluir en sus protocolos de respuesta a fraudes la posibilidad de denunciar esta figura cuando el engaño use la apariencia de una dependencia pública, un supuesto frecuente en los esquemas de cobranza falsa y de trámites simulados.

Un calendario de trabajo realista

Una secuencia razonable para las próximas semanas es la siguiente. Primera semana: inventario de procesos penales en trámite y comparación de leyes para cada imputado. Segunda semana: actualización de los protocolos de alta de proveedores y de los manuales de cumplimiento. Tercera semana: capacitación a compras, logística y ventas, con registro documental. Cuarta semana: revisión de los contratos de distribución y de marketplace para alinear las cláusulas de garantía de originalidad con la nueva escala de responsabilidades. La reforma ya está vigente y las conductas posteriores al 14 de noviembre de 2026 se juzgan con ella.

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Fuentes y límites

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Diario Oficial de la Federación del 13 de noviembre de 2026, leído completo. Las recomendaciones de esta guía son orientativas y no sustituyen la revisión del caso concreto ni constituyen asesoramiento jurídico.

Fuentes

  1. Fuente consultada: dof.gob.mx. Consultada el 14 de noviembre de 2026.

Las fuentes utilizadas se identifican en esta lista; las crónicas periodísticas se atribuyen a su medio de origen.

Redacción Agente Lex Redacción

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