SCJN valida las reglas contra prácticas monopólicas absolutas: el caso del gas LP
El amparo en revisión 146/2026, resuelto el 11 de noviembre de 2026, confirmó la ilicitud de las prácticas monopólicas absolutas y la facultad de ampliar los periodos de investigación.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la constitucionalidad de los artículos 53, párrafo primero, y 71, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Competencia Económica, que establecen la ilicitud de las prácticas monopólicas y permiten ampliar, de manera justificada, los periodos de investigación en los procedimientos en la materia. Lo hizo al resolver el amparo en revisión 146/2026 en la sesión del Pleno del 11 de noviembre de 2026, en un asunto nacido de sanciones impuestas por la entonces Comisión Federal de Competencia Económica por prácticas monopólicas absolutas en la distribución y comercialización de gas LP.
De dónde viene el asunto
La Cofece impuso sanciones por prácticas monopólicas absolutas en el mercado de distribución y comercialización de gas LP. Las personas sancionadas promovieron juicio de amparo y cuestionaron varias normas de la ley: las que definen las prácticas monopólicas absolutas y el régimen del procedimiento de investigación. Además, sostuvieron un argumento de fondo llamativo: que la existencia de precios máximos fijados por el Estado impedía justificar las sanciones.
El Pleno rechazó los planteamientos de inconstitucionalidad y devolvió el expediente al tribunal colegiado especializado para que analice los argumentos de legalidad que quedaron pendientes.
Qué son las prácticas monopólicas absolutas
La categoría validada por el Pleno cubre los acuerdos entre agentes económicos que compiten entre sí y que tienen por objeto o efecto fijar precios, restringir la oferta o repartirse mercados. A diferencia de otras conductas que la ley evalúa caso por caso, estas prácticas se consideran ilícitas por sí mismas: no admiten justificación por eficiencias ni exigen demostrar efectos concretos en el mercado. Por eso la discusión constitucional era delicada: una prohibición tan tajante exige, como contrapeso, garantías procedimentales fuertes, y el argumento de las empresas sancionadas era precisamente que el marco normativo no las ofrecía.
La respuesta del Pleno reconstruyó ese equilibrio: la prohibición es estricta, pero la autoridad está obligada a acreditar la conducta, a respetar las oportunidades de defensa y a justificar sus decisiones. La ilicitud de la práctica no se presume; se prueba dentro de un procedimiento con reglas.
La prohibición de acuerdos entre competidores, validada
El artículo 53, párrafo primero, de la LFCE declara ilícitas las prácticas monopólicas absolutas: los acuerdos entre competidores para fijar precios, restringir la oferta o repartirse mercados. El Pleno explicó que esa prohibición protege la libre competencia sin generar estado de indefensión para los agentes económicos, porque la autoridad debe acreditar la conducta, respetar las oportunidades de defensa y justificar sus decisiones.
El razonamiento es relevante para cualquier empresa investigada: la validez constitucional de la norma no elimina la carga probatoria de la autoridad. Lo que la Corte confirmó es el marco; dentro de él, cada procedimiento sigue exigiendo prueba de la conducta y motivación de la resolución.
La ampliación de los periodos de investigación
El artículo 71, párrafo cuarto, permite ampliar los periodos de investigación. Respecto de esa facultad, el Pleno señaló que únicamente puede ejercerse cuando existen causas objetivas y debidamente justificadas, dentro de los límites previstos por la ley. La ampliación no es, entonces, una potestad discrecional: necesita una justificación objetiva que pueda revisarse.
La caducidad derogada y el principio de progresividad
Uno de los argumentos de las personas sancionadas atacaba la eliminación, en la legislación vigente, de la figura que permitía declarar la caducidad de una investigación por inactividad procesal. La Corte concluyó que esa eliminación no vulnera el principio de progresividad, porque las personas investigadas no tenían un derecho consolidado a que el procedimiento concluyera conforme a una disposición que había sido derogada desde antes del inicio de la investigación.
El punto tiene eco en otra resolución de la misma sesión, el amparo directo en revisión 3628/2025, en el que el Pleno confirmó la constitucionalidad del artículo 60, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo sobre caducidad de procedimientos iniciados a petición de parte: allí la Corte subrayó que los procedimientos administrativos se rigen por el principio de oficiosidad, de modo que corresponde a las autoridades impulsar su tramitación hasta emitir resolución, aun cuando se hayan iniciado por solicitud de una persona interesada, y que la obligación de advertir a la persona sobre la posible caducidad es una garantía de seguridad jurídica y debido proceso. Ese asunto nació de una investigación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por uso no autorizado de programas de cómputo protegidos por derechos de autor.
Un sector regulado bajo la lupa
El mercado de gas LP en el que nació el caso es un ejemplo de sector con doble condición: esencial para millones de hogares y sometido a regulación de precios. Esa combinación suele alimentar la idea de que la regulación sustituye a la competencia. La resolución dice lo contrario con claridad: la intervención regulatoria y la prohibición de colusiones operan en planos distintos y se complementan. El regulador puede fijar techos de precio y la autoridad de competencia puede, al mismo tiempo, perseguir acuerdos entre competidores.
Para los despachos que asesoran a empresas de sectores regulados, la consecuencia práctica es que los programas de cumplimiento en competencia económica no pueden relajarse por el hecho de operar bajo regulación sectorial. Los contactos entre competidores, los intercambios de información sensible y las coordinaciones comerciales siguen siendo el foco de riesgo, con o sin precios máximos.
Precios máximos no excluyen las reglas de competencia
Finalmente, la Corte precisó que un régimen de precios máximos no elimina la aplicación de las reglas de competencia económica ni descarta, por sí mismo, la existencia de prácticas monopólicas. La frase tiene alcance directo para sectores regulados: operar bajo un techo de precios fijado por el Estado no blinda contra la prohibición de acuerdos entre competidores. Fijado ese criterio, el expediente volvió al tribunal colegiado especializado para el análisis de los argumentos de legalidad pendientes.
El amparo como termómetro regulatorio
Los amparos contra resoluciones de la Comisión Reguladora de Energía son el termómetro del sector: cada temporada de litigio concentra los temas que la regulación acaba de mover. El gas LP es un mercado peculiar dentro de la energía mexicana, por su penetración en el consumo doméstico y su estructura de distribución fragmentada; las decisiones regulatorias que lo afectan tienen impacto directo en miles de distribuidores y millones de usuarios. El seguimiento de estos juicios es, para los estudios con práctica energética, una obligación de vigilancia permanente.
La competencia económica y la regulación sectorial
El litigio también ilustra la coexistencia de dos lógicas en los mercados regulados: la de la autoridad sectorial, que fija condiciones técnicas y comerciales, y la de la autoridad de competencia, que vigila la estructura del mercado. Los permisionarios de gas LP navegan entre ambas, y las resoluciones que una expide son impugnadas con argumentos de la otra. El resultado judicial de estos amparos dibuja, en la práctica, la frontera real entre regulación y competencia en el sector.
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Fuentes y límites
Comunicado 161/2026 de la SCJN, apartados sobre los amparos en revisión 146/2026 y amparo directo en revisión 3628/2025, sesión del Pleno del 11 de noviembre de 2026, leído completo. El tribunal colegiado especializado aún debe resolver los argumentos de legalidad pendientes del caso gas LP; esta pieza informa sobre los criterios constitucionales, no sobre el resultado final del procedimiento sancionador. Información, no asesoramiento jurídico.
Fuentes
- Fuente consultada: internet2.scjn.gob.mx. Consultada el 13 de noviembre de 2026.
Las fuentes utilizadas se identifican en esta lista; las crónicas periodísticas se atribuyen a su medio de origen.


