SCJN: las lesiones culposas durante el ejercicio médico sí pueden sancionarse penalmente
El Pleno resolvió el amparo en revisión 257/2026 el 11 de noviembre de 2026 y mantuvo la validez de los artículos 60, párrafo segundo, y 291 del Código Penal Federal.

Una complicación médica, la falta de curación o un resultado desfavorable no constituyen por sí mismos un delito. Esa es la primera mitad del mensaje que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó al resolver el amparo en revisión 257/2026 en su sesión del 11 de noviembre de 2026. La segunda mitad es igual de clara: las lesiones culposas ocasionadas durante el ejercicio de la medicina sí pueden sancionarse penalmente, siempre que se acredite que la persona profesional incumplió un deber objetivo de cuidado que debía y podía observar, y que esa infracción produjo una de las lesiones permanentes previstas en la ley.
Con esa lógica, el Máximo Tribunal confirmó la validez de los artículos 60, párrafo segundo, y 291 del Código Penal Federal, que un médico neurocirujano vinculado a proceso había impugnado por considerar que vulneraban los principios de legalidad y taxatividad, la mínima intervención del derecho penal y la libertad de trabajo.
El caso que llegó al Pleno
El asunto surgió de la vinculación a proceso de un médico neurocirujano por el delito de lesiones culposas. Según el comunicado oficial de la Corte, el especialista practicó dos intervenciones quirúrgicas a un paciente: en la primera colocó tornillos transpediculares y en la segunda los recolocó. Tras los procedimientos, el paciente presentó una disminución permanente de la movilidad de una pierna.
El médico argumentó que los artículos 60, párrafo segundo, y 291 del Código Penal Federal, referentes al delito de lesiones culposas, vulneraban el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, el principio de mínima intervención penal y la libertad de trabajo, al permitir sancionar penalmente conductas derivadas del ejercicio médico. El Pleno rechazó los tres argumentos.
Taxatividad: las normas sí describen la conducta sancionable
Sobre el primer argumento, el Pleno explicó que las disposiciones impugnadas permiten identificar con suficiente claridad las conductas sancionables, porque establecen las lesiones permanentes que pueden dar lugar a responsabilidad penal y, en relación con el artículo 9 del mismo código, los elementos necesarios para determinar cuándo se está frente a una conducta culposa.
La precisión central del razonamiento es que la responsabilidad penal no deriva de cualquier resultado adverso en una intervención médica. Se requiere acreditar que la persona profesional infringió un deber objetivo de cuidado que debía y podía observar, y que esa infracción produjo una de las lesiones permanentes previstas por la ley. El deber de cuidado, según la cobertura periodística de la sesión, puede identificarse con apoyo en normas oficiales, protocolos clínicos y reglas técnicas de la medicina, aunque esos instrumentos no crean delitos ni amplían las conductas que la ley penal sanciona.
La Corte también situó la medicina como una actividad de medios y no de resultados, por regla general: el personal de salud debe actuar con diligencia, prudencia y apego a las reglas de su profesión, sin que esté obligado a garantizar un desenlace específico para el paciente.
Mínima intervención y libertad de trabajo
Respecto de la mínima intervención, el Pleno concluyó que la protección de la salud y la integridad corporal frente a lesiones permanentes justifica la posibilidad de imponer sanciones penales. Un punto relevante para la práctica: la existencia de mecanismos civiles, administrativos o laborales para atender el mismo hecho no excluye necesariamente la responsabilidad penal. Las vías no se excluyen entre sí.
Sobre la libertad de trabajo, la Corte determinó que las disposiciones no la vulneran, porque no impiden el ejercicio de la medicina ni sancionan los riesgos inherentes a la profesión. Únicamente prevén consecuencias penales cuando, con motivo de esa actividad, se ocasionan culposamente las lesiones previstas en la ley.
Lo que la Corte no resolvió
La resolución no declaró que el médico neurocirujano hubiera incurrido en negligencia ni determinó su responsabilidad penal. El expediente regresó al tribunal colegiado correspondiente para que analice los planteamientos de legalidad pendientes, incluidos los relacionados con la suficiencia de los datos de prueba que sustentaron la vinculación a proceso. Lo decidido por el Pleno es de alcance general: la constitucionalidad de las normas y el estándar para atribuir responsabilidad.
Los tres frentes del debate constitucional
El caso obligó al Pleno a ponderar tres principios que suelen tensionarse cuando el derecho penal se acerca a la práctica profesional. El primero, la taxatividad, exige que la ley describa la conducta punible con claridad suficiente para que cualquier persona sepa qué está prohibido. La Corte encontró esa claridad en la combinación de los artículos impugnados con el artículo 9 del Código Penal Federal, que define los elementos de la conducta culposa. El segundo, la mínima intervención, reserva la pena para los bienes jurídicos más relevantes; el Pleno consideró que la salud y la integridad corporal frente a lesiones permanentes superan ese umbral. El tercero, la libertad de trabajo, protege el ejercicio profesional frente a restricciones desproporcionadas; la respuesta de la Corte fue que la norma no castiga la profesión, sino el incumplimiento culposo de deberes que la propia profesión reconoce.
Esa estructura argumental ofrece a los litigantes un esquema replicable: cualquier futura impugnación de normas penales aplicadas a actividades profesionales tendrá que medirse contra estos tres parámetros y contra la distinción entre obligaciones de medios y de resultados.
Por qué importa para la práctica
Para despachos que litigan responsabilidad médica, el criterio fija el mapa de la prueba: no alcanza con demostrar un daño posterior a un tratamiento; hay que construir el deber objetivo de cuidado aplicable al caso, su exigibilidad y el nexo causal con la lesión permanente. Para la defensa de profesionales de la salud, la misma resolución delimita el perímetro: la medicina como obligación de medios protege al médico diligente, y la carga de la autoridad es concreta, no presumida.
El criterio llega además en un contexto de litigio sanitario creciente y de debate sobre la judicialización penal de la práctica médica. La Corte optó por una fórmula intermedia: no despenaliza el resultado, pero tampoco convierte el mal desenlace en presunción de culpa.
Para los prestadores de servicios de salud, la lectura operativa es preventiva: los protocolos clínicos y las normas oficiales que la Corte menciona como referentes del deber de cuidado son los mismos documentos que una defensa o una acusación usarán para medir la conducta. Mantenerlos actualizados, documentar su aplicación en el expediente clínico y registrar las decisiones médicas relevantes deja de ser solo buena práctica sanitaria y se convierte también en la primera línea de protección jurídica del profesional y de la institución.
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Fuentes y límites
Comunicado 161/2026 de la SCJN, apartado sobre el amparo en revisión 257/2026, sesión del Pleno del 11 de noviembre de 2026, leído completo. Cobertura complementaria: Infobae, 12 de noviembre de 2026, usada para la descripción del estándar de deber de cuidado y la devolución del expediente al tribunal colegiado. La resolución del colegiado sobre la vinculación a proceso está pendiente; esta pieza informa sobre el criterio general, no sobre la culpabilidad del médico en el caso concreto. Información, no asesoramiento jurídico.
Fuentes
- Fuente consultada: internet2.scjn.gob.mx. Consultada el 13 de noviembre de 2026.
- Fuente consultada: infobae.com. Consultada el 13 de noviembre de 2026.
Las fuentes utilizadas se identifican en esta lista; las crónicas periodísticas se atribuyen a su medio de origen.


