La SCJN invalida cobros municipales por permisos de eventos y marchas en cinco municipios de Sonora
Cobrar por expedir permisos para celebrar eventos sociales, reuniones o marchas convierte un derecho en un servicio sujeto a pago: esa fue la lectura del Pleno sobre las leyes de ingresos impugnadas.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de diversas disposiciones de las Leyes de Ingresos y de los Presupuestos de Ingresos para el ejercicio fiscal de 2026 de cinco municipios de Sonora, por vulnerar el principio de seguridad jurídica, la libertad de reunión y de expresión, los derechos humanos y la prohibición constitucional de discriminación. La resolución, correspondiente a la acción de inconstitucionalidad 25/2026 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos bajo ponencia del Ministro Irving Espinosa Betanzo, fue reportada por El Economista el 13 de noviembre de 2026.
El caso concreto: el cobro de permisos en Bacerac
El punto de mayor detalle reportado es el del municipio de Bacerac. Al resolver la acción 25/2026, la Corte determinó que establecer un cobro por la expedición de permisos para celebrar eventos sociales y reuniones, y para realizar marchas en espacios públicos y privados, viola el derecho humano a la reunión reconocido por la Constitución.
La lógica del cobro municipal era típica de una ley de ingresos: conceptuar la expedición del permiso como un servicio por el que el ayuntamiento podía exigir una contraprestación. La lectura constitucional es la contraria: reunirse y manifestarse no son servicios que el municipio presta, sino derechos que el municipio debe respetar. Condicionar su ejercicio a un pago convierte el derecho en mercancía y disuade su ejercicio, en particular para quienes no pueden pagar.
Por qué la invalidez alcanza a cinco municipios
La acción de la CNDH cubrió las leyes de ingresos y presupuestos de ingresos 2026 de cinco municipios sonorenses. La fuente reporta que las disposiciones invalidadas vulneraban varios principios a la vez: la seguridad jurídica, porque los cobros no ofrecían certeza sobre sus supuestos y montos; la libertad de reunión y de expresión, por el efecto disuasivo del pago previo; y la prohibición de discriminación, porque el requisito económico opera de manera desigual contra quienes tienen menos recursos para ejercer exactamente el mismo derecho.
La sentencia no cuestiona la potestad tributaria municipal en abstracto: los ayuntamientos pueden establecer contribuciones por servicios reales. Lo que no pueden es gravar el ejercicio de derechos fundamentales.
El derecho de reunión como límite al poder de cobro
La libertad de reunión tiene una doble dimensión que las leyes de ingresos suelen ignorar. Es un derecho de participación colectiva: la marcha, la reunión pública y el evento social son formas de vida en comunidad y de expresión política que el Estado debe garantizar, no administrar como servicios. Y es un derecho de quien tiene menos: exigir un pago previo filtra el ejercicio por capacidad económica, y ese filtro es exactamente lo que la prohibición de discriminación impide. Cuando el permiso cuesta, el derecho deja de ser de todos.
La seguridad jurídica añade otro frente. Un cobro cuyos supuestos, criterios o montos no están fijados con precisión deja al administrado a merced de la discrecionalidad del ayuntamiento. En materia de derechos fundamentales, esa incertidumbre opera como disuasión adicional: no saber cuánto costará reunirse lleva a no reunirse.
Cómo se controla una ley de ingresos municipal
La vía utilizada aquí fue la acción de inconstitucionalidad, propia de órganos legitimados como la CNDH, con efectos generales: la declaratoria de invalidez borra la norma para todos. Para el caso individual de un organizador al que se le exija un cobro concreto, la vía ordinaria es el juicio de amparo contra el acto de aplicación, con efectos particulares. La diferencia práctica es relevante: la acción limpia el sistema para todos; el amparo protege al quejoso.
La ponencia y el contexto de la sesión
La ponencia correspondió al Ministro Irving Espinosa Betanzo. La resolución se conoció en la sesión pública ordinaria del Pleno reportada el 13 de noviembre, la misma semana en la que el máximo tribunal resolvió la acción de inconstitucionalidad 125/2024, sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial de Hidalgo, también promovida por la CNDH, y en la que la Corte anunció su decisión de sumarse a la estrategia nacional de búsqueda de personas desaparecidas en coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda.
La secuencia confirma a la CNDH como el actor institucional más activo de este periodo en el control de leyes locales: dos acciones de inconstitucionalidad suyas resueltas en la misma semana, una contra una ley orgánica judicial estatal y otra contra paquetes fiscales municipales.
Qué cambia para municipios y ciudadanía
Para los ayuntamientos, la lección inmediata es de técnica legislativa: los derechos de reunión, manifestación y expresión no pueden aparecer en las leyes de ingresos como conceptos de cobro, ni de forma directa ni bajo la figura de permisos. Los cobros vinculados a servicios reales y tangibles siguen siendo válidos, pero el límite está ahora reafirmado por el Pleno.
Para la ciudadanía y para quienes organizan eventos, marchas o reuniones en municipios con ordenamientos similares, la sentencia ofrece un argumento concreto: exigir pago por un permiso para ejercer la libertad de reunión es inconstitucional. La vía específica dependerá del caso, desde la impugnación del cobro hasta la promoción de mecanismos de control. Esta edición ya publicó una ficha sobre qué es la acción de inconstitucionalidad y una guía sobre cómo consultar sentencias y expedientes de la SCJN.
Qué vigilar
Lo primero, la publicación de la sentencia completa, que permitirá conocer la totalidad de las disposiciones invalidadas en los cinco municipios y el alcance exacto de cada declaratoria. Lo segundo, la reacción de los ayuntamientos alcanzados, que deberán ajustar sus leyes de ingresos para el siguiente ejercicio. Lo tercero, si la CNDH u otros legitimados extienden el control a paquetes fiscales de otros municipios con figuras de cobro equivalentes, una práctica que no es exclusiva de Sonora.
Preguntas frecuentes
¿Qué resolvió la acción de inconstitucionalidad 25/2026?
El Pleno declaró la invalidez de disposiciones de las Leyes de Ingresos y Presupuestos de Ingresos 2026 de cinco municipios de Sonora, entre ellas el cobro de permisos para eventos sociales, reuniones y marchas en Bacerac, por vulnerar la libertad de reunión, la seguridad jurídica y la prohibición de discriminación.
¿Quién promovió la acción y quién fue ponente?
La promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la ponencia correspondió al Ministro Irving Espinosa Betanzo.
¿Los municipios pueden cobrar por servicios relacionados con eventos?
Sí pueden cobrar por servicios reales que presten, pero no por el ejercicio del derecho de reunión en sí. La diferencia entre gravar un servicio y gravar un derecho es el corazón del fallo.
¿Qué debe hacer un ayuntamiento si su ley de ingresos tiene un cobro similar?
Revisarla con el criterio del fallo: si el cobro condiciona el ejercicio de un derecho, debe eliminarse; si grava un servicio real, debe precisar supuestos y montos para satisfacer la seguridad jurídica. Esperar a la impugnación sale más caro que corregir.
¿La sentencia afecta a municipios fuera de Sonora?
Directamente no: la invalidez se circunscribe a las leyes impugnadas. Como criterio del Pleno, sí es una advertencia para cualquier ley de ingresos local con cobros equivalentes.
Fuentes y límites
El Economista, "SCJN difundirá fichas de personas desaparecidas", 13 de noviembre de 2026, leída íntegra y consultada el 16 de noviembre de 2026. Fuente periodística: la nota reporta la resolución de la acción 25/2026 en su sección sobre disposiciones inconstitucionales y no reproduce la sentencia; los nombres de los cinco municipios distintos de Bacerac y el detalle de cada declaratoria no constan en la fuente y deberán verificarse en el texto del fallo cuando se publique. La referencia a la acción de inconstitucionalidad 125/2024, sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial de Hidalgo, se apoya en Enfemex: Invalida SCJN artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Hidalgo, consultada el 16 de noviembre de 2026. Información, no asesoramiento jurídico.
Fuentes
Las fuentes utilizadas se identifican en esta lista; las crónicas periodísticas se atribuyen a su medio de origen.

