Desconexión digital para todos: el dictamen de la LFT que espera al Senado y lo que obligaría a las empresas

El derecho a la desconexión digital podría dejar de ser una protección exclusiva del teletrabajo para convertirse en una obligación legal general aplicable a todas las empresas y modalidades de empleo en México. El dictamen de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) enviado por la Cámara de Diputados se encuentra en el Senado y propone que los empleadores -sin importar si el trabajo es a distancia, presencial o híbrido- garanticen el respeto a la desconexión, a través de la adición de la fracción XXXV al artículo 132 de la LFT, reportó AMEDIRH el 9 de noviembre de 2026.

Para que el cambio ocurra, el documento debe ser aprobado por el Senado. Y como el dictamen remitido por Diputados registró ajustes, una vez aprobado por la Cámara Alta tendrá que regresar a su cámara de origen para que las modificaciones sean avaladas. En caso de avanzar por ambas cámaras, la reforma entraría en vigor 180 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Qué propone el dictamen

La propuesta establece un paquete de obligaciones para las personas empleadoras. La primera es garantizar el respeto a la desconexión: el empleador debe respetar el derecho a la desconexión digital una vez concluida la jornada laboral. La segunda es emitir una política interna: los parámetros establecidos deberán aplicarse a todas las personas trabajadoras.

La tercera obligación ordena delimitar el ejercicio del derecho con respeto a la naturaleza y objeto de la relación laboral al fijar los horarios de disponibilidad. La cuarta busca respetar el equilibrio personal: establecer mecanismos que promuevan la conciliación de la actividad laboral y la vida personal. Y la quinta impone negociación colectiva: los empleadores deberán negociar con las personas trabajadoras o sus representantes las reglas sobre el uso de canales digitales de comunicación corporativos que permitan atender los puntos anteriores.

La definición legal: fracción VIII del 3o. Ter

A la par de las obligaciones del artículo 132, la reforma adiciona la fracción VIII al artículo 3o. Ter de la LFT para definir qué es la desconexión digital y regular sus particularidades en jornadas con horarios flexibles bajo la modalidad de teletrabajo.

La obligación implica extender el respeto a la desconexión digital a las pausas convenidas entre patrón y trabajador, lo cual deberá quedar asentado en el contrato colectivo de trabajo o en el reglamento interior. Es decir: la desconexión no se agota al final de la jornada, sino que cubre también las pausas pactadas, y su contenido concreto se construye por negociación, no por imposición unilateral.

El vacío que vendría a llenar

Actualmente, la LFT define la jornada de trabajo, su duración máxima, el derecho a vacaciones y los periodos de descanso, así como el pago por prestar servicios en esos lapsos; sin embargo, no regula qué pasa cuando el trabajador es contactado por un medio electrónico fuera de su horario laboral.

La protección existente es sectorial. El derecho solo está reconocido en el artículo 330-E, fracción VI, de la LFT y en la NOM-037 para las personas teletrabajadoras. En el trabajo en plataformas digitales, el artículo 291-E establece que quienes prestan servicios mediante aplicaciones tienen libertad para determinar cuándo desconectarse. El trabajador presencial común, contactado por mensajería o correo fuera de horario, carece hoy de una regla general equivalente.

El trámite legislativo pendiente

El dictamen llegó al Senado remitido por la Cámara de Diputados, pero con ajustes. Ese detalle ordena el trámite: tras la eventual aprobación del Senado, el documento debe regresar a la cámara de origen para que las modificaciones sean avaladas. Solo después de ese doble tránsito pasaría al Ejecutivo y al DOF.

La vacancia prevista es de 180 días posteriores a la publicación. Ese periodo está pensado para que las empresas realicen los ajustes y las negociaciones necesarias: políticas internas, contratos colectivos, reglamentos interiores y protocolos de comunicación.

Las multas aplicables

La reforma no contempla sanciones específicas por incumplir el derecho a la desconexión digital, pero el marco sancionador general de la LFT ya existe. El artículo 1000 establece multas de 29.327 a 586.550 pesos -equivalentes a 250 a 5.000 UMA- por el incumplimiento de las normas sobre duración de la jornada y descansos establecidas en un contrato ley o colectivo.

El artículo 1002 sanciona con multas de 5.865,50 a 586.550 pesos -equivalentes a 50 a 5.000 veces la UMA- las violaciones a las normas de trabajo. De aprobarse la reforma, su incumplimiento podría derivar en multas superiores al medio millón de pesos, además de la exposición a demandas individuales y a la revisión en inspecciones.

Qué deben hacer las empresas desde ahora

La experiencia de reformas laborales recientes sugiere adelantarse al periodo de vacancia. Las empresas pueden empezar por un diagnóstico: qué canales digitales corporativos existen, qué expectativas de respuesta fuera de horario se han normalizado y qué puestos tienen jornadas flexibles o de disponibilidad.

Sobre ese diagnóstico, los documentos a preparar son conocidos: la política interna de desconexión aplicable a todo el personal, la actualización del reglamento interior de trabajo, la negociación con el sindicato o los representantes de las reglas sobre canales digitales, y la previsión sobre las pausas convenidas. Para el teletrabajo, la NOM-037 ya exige parte de esta infraestructura, de modo que la reforma vendría a generalizar exigencias que ese segmento ya conoce.

La lectura para los departamentos jurídicos

Para los jurídicos de empresa y los asesores laborales externos, el dictamen abre una agenda de trabajo concreta: revisar contratos individuales y colectivos, rediseñar las políticas de comunicación fuera de horario y preparar la estrategia de negociación colectiva que la fracción XXXV exigiría.

El punto jurídico sensible será la delimitación de los "horarios de disponibilidad" con respeto a la naturaleza y objeto de la relación laboral: puestos directivos, de guardia o de atención a clientes en otras zonas horarias requerirán redacciones cuidadosas para que la excepción no se convierta en regla. Ahí se jugará la mayor parte del litigio futuro.

Qué sigue

El dictamen espera dictamen y votación en el Senado. Si se aprueba con los ajustes registrados, regresa a la Cámara de Diputados para la validación de los cambios; si pasa, sigue el Ejecutivo y el DOF, y con la publicación empieza la cuenta de 180 días.

Mientras tanto, el estado de derecho vigente no cambia: la desconexión digital sigue siendo obligatoria solo para teletrabajo (art. 330-E, fracción VI, y NOM-037) y una libertad para el trabajo en plataformas (art. 291-E). La noticia es el trámite, no todavía la norma.

Preguntas frecuentes

¿La desconexión digital ya es obligatoria para todas las empresas?

No. Hoy solo es un derecho reconocido para el teletrabajo (art. 330-E, fracción VI, LFT y NOM-037). El dictamen que la extendería a todas las modalidades está en el Senado y aún requiere aprobación de ambas cámaras y publicación en el DOF.

¿Qué obligaciones crearía la reforma?

Garantizar la desconexión tras la jornada, emitir una política interna aplicable a todo el personal, delimitar horarios de disponibilidad según la naturaleza del puesto, promover la conciliación y negociar colectivamente las reglas de los canales digitales.

¿Cuándo entraría en vigor?

180 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, si es aprobada por ambas cámaras.

¿Hay multas previstas?

La reforma no crea sanciones específicas, pero los artículos 1000 y 1002 de la LFT prevén multas de hasta 586.550 pesos (250 a 5.000 UMA y 50 a 5.000 UMA) por incumplimientos a las normas de jornada, descansos y del trabajo en general.

Fuentes y límites

Esta nota se basa en la nota de AMEDIRH del 9 de noviembre de 2026 sobre el dictamen en el Senado. La fuente es especializada pero secundaria: el texto final de la reforma, su estado de trámite y su vigencia deberán verificarse en la Gaceta del Senado y, en su caso, en el DOF. Información, no asesoramiento jurídico.