SCJN y sindicatos acuerdan cambios a la evaluación judicial: sin sanciones ni despidos y tribunales operando el 9 de noviembre

Autoridades del Poder Judicial de la Federación y representantes sindicales acordaron modificar el mecanismo de evaluación de desempeño que había motivado el paro nacional de trabajadores iniciado la semana pasada, informó Síntesis el 8 de noviembre de 2026. El pacto elimina los apartados que podían interpretarse como sanciones o como motivos para separar del cargo a los servidores públicos y fija la normalización de la operación de tribunales y juzgados a partir del 9 de noviembre.

El acuerdo cierra un conflicto laboral que había llevado a los trabajadores del PJF a parar en al menos 16 estados contra el proceso de evaluación, y abre una etapa de negociación permanente entre las partes, con efectos que trascienden lo laboral y alcanzan la operación cotidiana de la justicia federal. Para los usuarios del sistema de justicia -personas con juicios en trámite, abogados litigantes, empresas- la noticia práctica es el fin de la interrupción: audiencias, términos y resoluciones vuelven a su cauce ordinario, con los ajustes de agenda que cada juzgado comunique.

Qué se pactó sobre la evaluación

Según el reporte de Síntesis, el acuerdo surge luego de la publicación del Acuerdo General AG-POAJ-025/2026 en el Diario Oficial de la Federación el pasado 5 de noviembre. Autoridades y representantes sindicales revisaron el mecanismo con el objetivo de brindar certeza laboral y mantener la operación de tribunales y juzgados del país.

El punto central: la evaluación tendrá como único propósito fortalecer la eficiencia, eficacia y calidad en la impartición de justicia. Para ello, se eliminarán los apartados que puedan interpretarse como sanciones o como motivos para separar del cargo a los servidores públicos. Además, se suprimirá la facultad de los titulares de órganos jurisdiccionales para solicitar evaluaciones extraordinarias a su personal, una de las herramientas que los trabajadores veían como cauce de presión discrecional.

Las partes también acordaron revisar los porcentajes de evaluación relacionados con criterios subjetivos para dar mayor transparencia y objetividad al proceso. Los ajustes serán publicados próximamente en el DOF para formalizar su aplicación.

Quiénes alcanzaron el acuerdo

El pacto fue suscrito por tres partes: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Órgano de Administración Judicial -OAJ- y los sindicatos del Poder Judicial de la Federación, reportó Síntesis. La decisión se tomó durante una reunión realizada en la sede del Máximo Tribunal, tras las inquietudes planteadas por los trabajadores. El objeto preciso del arreglo es el proceso de evaluación del personal de carrera judicial, de modo que quede garantizado que no tendrá efectos sancionatorios ni representará una causa de despido.

La presencia del OAJ es significativa: como órgano responsable de la administración del personal judicial, será quien instrumente buena parte de los cambios operativos -apartados eliminados, porcentajes revisados, supresión de evaluaciones extraordinarias- una vez que los ajustes se publiquen en el DOF.

El fondo del desacuerdo: evaluación y carrera judicial

El conflicto nació de la evaluación de desempeño prevista para el personal de carrera judicial en el marco de la reforma del Poder Judicial. Los trabajadores veían en el mecanismo una vía de separación del cargo disfrazada de evaluación técnica: de ahí que las demandas centrales fueran eliminar los apartados sancionatorios, suprimir las evaluaciones extraordinarias solicitadas por los titulares y objetivar los criterios. El paro en al menos 16 estados, reportado por Síntesis, fue la respuesta sindical a ese diseño.

El acuerdo recoge las tres exigencias. La evaluación queda reconducida a su finalidad declarada -fortalecer la eficiencia, eficacia y calidad en la impartición de justicia-, sin efectos sobre la permanencia en el cargo. La carrera judicial, diseñada constitucionalmente para dar estabilidad a quienes imparten justicia, queda así protegida frente a evaluaciones con consecuencias terminativas, según lo anunciado por las partes.

Mesas de diálogo permanentes

El acuerdo no se agota en la evaluación. Se instalarán mesas de diálogo permanentes para atender otros temas de interés de los trabajadores y garantizar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, informó Síntesis. El mecanismo institucionaliza la negociación: en lugar de resolver el conflicto con un arreglo de una sola vez, las partes se dotan de un canal estable para tramitar desacuerdos futuros.

Como resultado del acuerdo, autoridades y sindicatos confirmaron que todos los órganos jurisdiccionales del PJF operarán con normalidad a partir del 9 de noviembre.

Contexto: del paro al acuerdo

El conflicto escaló cuando los trabajadores del Poder Judicial iniciaron un paro en al menos 16 estados por la evaluación de desempeño prevista en el marco de la reforma judicial. La protesta cuestionaba precisamente los elementos ahora eliminados: la posibilidad de que los resultados de la evaluación derivaran en sanciones o separaciones del cargo y la discrecionalidad de las evaluaciones extraordinarias solicitadas por los titulares de los órganos jurisdiccionales.

La publicación del Acuerdo General AG-POAJ-025/2026 en el DOF el 5 de noviembre abrió la vía a la revisión conjunta del mecanismo que desembocó en el pacto anunciado el 8 de noviembre. Esta secuencia -protesta, acuerdo general, negociación y ajuste- quedará como referencia de cómo el PJF tramita internamente los efectos laborales de la reforma.

Qué sigue: la publicación de los ajustes en el DOF

Los cambios acordados no son operativos todavía en su totalidad: los ajustes al mecanismo de evaluación serán publicados próximamente en el DOF para formalizar su aplicación, señaló Síntesis. Hasta esa publicación, el texto que rige es el Acuerdo General AG-POAJ-025/2026 del 5 de noviembre con las modificaciones anunciadas en trámite.

Para los despachos laborales y para los propios servidores públicos del PJF, el documento clave a vigilar es esa publicación: allí se fijarán la redacción final de los apartados eliminados, la revisión de los porcentajes subjetivos y los alcances precisos de la supresión de las evaluaciones extraordinarias.

Lectura para la práctica

Para los litigantes, la consecuencia inmediata es la reanudación de la actividad: la confirmación de que los órganos jurisdiccionales operan con normalidad desde el 9 de noviembre permite reprogramar audiencias y cómputos afectados por el paro. Conviene verificar en cada órgano jurisdiccional la situación concreta de los asuntos suspendidos, porque la normalización general no implica que cada expediente retome automáticamente su curso sin gestión de las partes.

Para los asesores laborales del sector, el acuerdo dibuja un precedente: los esquemas de evaluación de personal judicial quedan acotados a fines de mejora del servicio, con prohibición expresa de convertirse en instrumento sancionador o de separación del cargo, a falta de la redacción final que publicará el DOF.

Preguntas frecuentes

¿El paro del Poder Judicial terminó?

Sí. Autoridades y sindicatos confirmaron que todos los órganos jurisdiccionales del PJF operarán con normalidad a partir del 9 de noviembre de 2026, tras el acuerdo sobre la evaluación de desempeño.

¿Habrá despidos por los resultados de la evaluación?

No. El acuerdo elimina los apartados que podían interpretarse como sanciones o motivos de separación del cargo; la evaluación queda limitada a fortalecer la eficiencia, eficacia y calidad en la impartición de justicia.

¿Cuándo se formalizan los cambios?

Los ajustes serán publicados próximamente en el Diario Oficial de la Federación. Mientras tanto, rige el Acuerdo General AG-POAJ-025/2026 publicado el 5 de noviembre con las modificaciones anunciadas en trámite.

Fuentes y límites

Esta nota se basa en el reporte de Síntesis del 8 de noviembre de 2026 sobre el acuerdo entre autoridades del PJF y sindicatos. Es una pieza de seguimiento: este medio informó el 8 de noviembre sobre el paro en curso; esta nota cubre el acuerdo que lo levanta, un hecho nuevo y distinto. El texto de los ajustes definitivos deberá verificarse en el DOF cuando se publique. La fuente es periodística, no un comunicado oficial del PJF. Información, no asesoramiento jurídico.