Paro indefinido en el Poder Judicial Federal contra la evaluación de desempeño: qué reclaman los trabajadores
El paro comenzó en el primer minuto del viernes 6 de noviembre. Los trabajadores piden evaluaciones objetivas, continuidad en las plazas y mesas de negociación; la OAJ descarta despidos y el ministro presidente llama al diálogo.
Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación mantienen un paro indefinido de labores contra el nuevo sistema de evaluación de desempeño, con protestas reportadas en al menos 17 estados y la Ciudad de México, informó La Razón de México el 7 de noviembre de 2026. El paro comenzó en el primer minuto del viernes 6 de noviembre y, al cierre de la información disponible, no se había levantado.
El conflicto pone sobre la mesa un tema que trasciende la negociación interna: la evaluación del personal judicial en el nuevo modelo de justicia mexicano y sus efectos sobre la estabilidad laboral de miles de trabajadores de base.
Qué pasó el viernes
Según la crónica de La Razón, el paro indefinido arrancó a las 00:00 horas del viernes 6 de noviembre. Ese día, en el recinto de San Lázaro de la Ciudad de México, los manifestantes bloquearon la calzada Ignacio Zaragoza durante casi cuatro horas y la liberaron sin haber sido atendidos por las autoridades; la reapertura de la vialidad no supuso el levantamiento de la medida. Las protestas se reportaron en al menos 17 entidades además de la capital.
El detonante es el nuevo sistema de evaluación de desempeño del personal. Los trabajadores advierten que las evaluaciones previstas cada dos años podrían derivar en la pérdida de plazas -aunque, reconoce la propia nota, esas consecuencias no son automáticas- y cuestionan que el mecanismo incorpore valoraciones de los superiores jerárquicos además de exámenes de conocimientos.
La voz de dentro: evaluar para capacitar, no para correr
Entre quienes participaron en el cierre de accesos de la sede de San Lázaro estuvo Patricia Aguayo Bernal, secretaria del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Laboral, quien cuestionó el acuerdo publicado el 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación y resumió la inconformidad en una frase recogida por La Razón: "No nos estamos negando a que nos evalúen, pero que no sea con el propósito de corrernos. Queremos que nos evalúen, pero que el propósito sea la capacitación". La declaración de una secretaria de tribunal colegiado -personal de carrera del órgano judicial, no dirigente gremial- da la medida de la profundidad del malestar: la protesta no nace en la dirigencia sino en los propios expedientes.
Los reclamos concretos
La lista de demandas que recoge la fuente es específica: evaluaciones objetivas, continuidad en los puestos, incremento salarial, redistribución de las cargas de trabajo y mesas de negociación con las autoridades judiciales. Detrás de esa lista hay una preocupación de fondo fácil de entender: que la evaluación se convierta en un instrumento discrecional de remoción en lugar de una herramienta de mejora del servicio.
El jurista Ney Granados, trabajador del Poder Judicial entrevistado por La Razón en el Palacio de Justicia Federal de San Lázaro, sostuvo que las movilizaciones continuarán en el país hasta conseguir interlocución con las autoridades, y cuestionó que las evaluaciones no dependan únicamente de los conocimientos, sino también del criterio de los titulares.
La otra orilla: el servicio a los justiciables
La contracara del paro la señaló a La Razón la penalista Diana González Obregón: la suspensión de labores perjudica a las víctimas y a las personas que esperan trámites, audiencias y resoluciones. Es el dilema clásico de los conflictos laborales en el servicio de justicia: la medida de presión opera exactamente sobre el bien público que la institución existe para entregar, y cada día de paro se traduce en expedientes detenidos.
Por la vía institucional, la nota reporta dos respuestas: el Órgano de Administración Judicial descarta despidos, y el ministro presidente de la Suprema Corte llama al diálogo. Ambas señales apuntan a contener el conflicto sin escalarlo, aunque al cierre de la información disponible no se reportaba una mesa instalada.
La cronología de un conflicto anunciado
El paro no llegó por sorpresa. Los trabajadores judiciales venían manifestándose contra los cambios derivados de la reforma judicial, y el sistema de evaluación de desempeño era desde hace semanas el punto de fricción anunciado. La cronología del estallido -medida indefinida desde el primer minuto del viernes, bloqueo de casi cuatro horas en San Lázaro ese mismo día, protestas simultáneas en al menos 17 estados- muestra una organización gremial coordinada a nivel nacional, no una protesta espontánea. Ese nivel de coordinación sugiere también capacidad de sostener la medida en el tiempo si la interlocución no llega pronto, y de replicarla en nuevas sedes si el conflicto se alarga.
La evaluación de juzgadores y personal en el nuevo modelo
El sistema de evaluación que motiva el paro forma parte de la transformación del aparato judicial federal tras la reforma judicial. La evaluación periódica del personal es, en abstracto, una exigencia razonable de profesionalización; el problema práctico es siempre el diseño: quién evalúa, con qué criterios, con qué derechos de defensa del evaluado y con qué consecuencias. La demanda de "evaluaciones objetivas" resume ese debate: los trabajadores no rechazan la evaluación en sí, sino un esquema que temen arbitrario.
Para los abogados litigantes, la información relevante es operativa: mientras dure el paro, audiencias y trámites pueden sufrir reprogramaciones en los órganos afectados, y conviene verificar el estado de cada expediente antes de programar actuaciones urgentes.
El derecho de huelga en el servicio de justicia
El conflicto reabre una pregunta jurídica de fondo: cómo se equilibra el derecho de los trabajadores judiciales a la protesta colectiva con el derecho de los justiciables a un servicio continuo. En el caso del Poder Judicial de la Federación, la forma elegida -paro indefinido con bloqueos puntuales- es la que el gremio ha usado históricamente en México para presionar por condiciones laborales. La tensión es estructural: no existe un mecanismo de servicios mínimos equivalente al de otros servicios esenciales, de modo que la única garantía real para el usuario del sistema es la pronta negociación. Esa ausencia de marco intermedio explica por qué estos conflictos tienden a resolverse en mesas políticas y no en procedimientos preestablecidos.
Una señal para los órganos estatales
El paro federal no ocurre en el vacío: los poderes judiciales locales observan el conflicto con atención, porque los sistemas de evaluación del personal forman parte también de sus propias agendas de modernización. La forma en que se resuelva esta disputa -qué se conceda en las mesas, cómo quede diseñado el mecanismo final de evaluación- marcará una referencia práctica para los órganos estatales que enfrenten procesos semejantes. En ese sentido, el conflicto es federal pero la lección es nacional.
Lo que sigue
El escenario inmediato depende de la interlocución: si la convocatoria al diálogo del ministro presidente prospera y se instalan las mesas de negociación que exigen los trabajadores, el paro tiene una salida institucional. Si no, la medida -indefinida por diseño- puede extenderse con el costo creciente que señala la voz de las víctimas y los usuarios del sistema. La experiencia de conflictos anteriores en el Poder Judicial muestra que las mesas suelen instalarse cuando el costo político del paro supera al de la negociación.
Preguntas frecuentes
¿Cuándo comenzó el paro del Poder Judicial Federal? En el primer minuto del viernes 6 de noviembre de 2026, según la crónica de La Razón de México del 7 de noviembre. La medida es indefinida y seguía vigente al cierre de esa información.
¿Cuál es el motivo del paro? El nuevo sistema de evaluación de desempeño del personal judicial. Los trabajadores piden evaluaciones objetivas, continuidad en las plazas, incremento salarial, redistribución de cargas y mesas de negociación.
¿Habrá despidos por la evaluación? El Órgano de Administración Judicial descarta despidos, según la misma fuente. Los inconformes advierten que las evaluaciones bianuales podrían derivar en pérdida de plazas, aunque la nota precisa que esa consecuencia no es automática.
Fuentes y límites
- La Razón de México: Trabajadores del PJ, en paro indefinido contra evaluación, publicado el 7 de noviembre de 2026 y consultado el 8 de noviembre de 2026. Fuente única de todos los hechos y declaraciones citados en esta nota (alcance del paro, bloqueo de San Lázaro, demandas, declaraciones de Ney Granados y Diana González Obregón, respuestas de la OAJ y del ministro presidente).
- Esta nota se limita a lo publicado por la fuente citada. Información, no asesoramiento jurídico.
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Fuentes
- Fuente. Consultada el 8 de noviembre de 2026.
Las fuentes utilizadas se identifican en esta lista; las crónicas periodísticas se atribuyen a su medio de origen.
