Empleo jurídico

El período de prueba en la LFT: qué permite el artículo 39-A y dónde están sus límites

El período a prueba no es un contrato de menor categoría ni una vía para rotar personal: es una herramienta de verificación con duración y finalidad tasadas.

Ilustración generada con IA: período de prueba LFT: contrato de trabajo impreso con un reloj de arena pequeño encima junto a una pluma, ilustración editorial plana en tonos azul y beige
Ilustración generada con IA, no es una fotografía documental

Contratar por tiempo indeterminado con un período a prueba es una práctica extendida en México, pero sus reglas exactas se conocen menos de lo que se usa. El artículo 39-A de la Ley Federal del Trabajo permite establecer un período a prueba en las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado o cuando excedan de ciento ochenta días, con una duración que no podrá exceder de treinta días y con el único fin de verificar que la persona trabajadora cumple con los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar el trabajo que se solicita. Tres límites en una sola frase: cuándo cabe, cuánto dura y para qué sirve.

Cuándo procede el período a prueba

La primera condición es el tipo de relación. El período a prueba solo cabe en relaciones por tiempo indeterminado o en relaciones por tiempo determinado que excedan de ciento ochenta días. La lógica es de proporcionalidad: la ley admite una ventana de verificación cuando la relación se proyecta duradera, no cuando es breve. Un contrato de tres meses, por ejemplo, no admite período a prueba, porque la propia duración del contrato ya funciona como término natural de evaluación.

Esta condición tiene una consecuencia práctica que conviene subrayar: pactar un período a prueba en una relación que no cumple el requisito no lo hace válido. El pacto existe sobre el papel, pero sin la base legal su eficacia se desvanece en el momento en que se pretende invocar.

El tope de treinta días

La segunda condición es temporal: el período a prueba no podrá exceder de treinta días. El texto del artículo 39-A no contempla prórrogas ni segundos períodos para el mismo puesto. La regla busca evitar el abuso más común: encadenar períodos de prueba para mantener a la persona en una situación de precariedad permanente, siempre "a prueba" y nunca planta.

El cómputo debe cuidarse desde la firma: el período corre desde el inicio de la relación y su término debe quedar claramente identificado en el contrato o en el documento que lo pacte. Pasado el plazo sin que el empleador haya ejercido la facultad de dar por terminada la relación en los términos legales, la relación se consolida con todas sus consecuencias.

La finalidad tasada: verificar, no rotar

La tercera condición es la más sustantiva: el período a prueba tiene el único fin de verificar que la persona trabajadora cumple con los requisitos y conocimientos necesarios para el puesto. La finalidad no es genérica ("ver cómo se adapta") sino específica: comprobar requisitos y conocimientos frente a lo que el trabajo solicita.

De esa finalidad se desprende una regla de oro para los departamentos de recursos humanos y los despachos que los asesoran: la verificación solo es posible si los requisitos y conocimientos del puesto están definidos antes. Sin un perfil de puesto documentado, la evaluación durante el período a prueba carece de referente y la terminación basada en ella queda expuesta. La ley exige verificar; verificar exige un estándar previo contra el cual medir.

Qué debe documentar el empleador

Aunque el artículo 39-A no detalla un expediente, su estructura exige documentación mínima para que la herramienta resista una reclamación. Primero, el pacto del período a prueba por escrito, con su duración y su finalidad. Segundo, la descripción de los requisitos y conocimientos del puesto que se van a verificar. Tercero, los elementos objetivos de la evaluación realizada durante el período: qué se midió, cuándo y con qué resultado. La terminación al final del período, apoyada en que la persona no cumple los requisitos, solo es defendible si ese rastro existe.

La práctica de firmar un "contrato de prueba" de treinta días y repetirlo al vencimiento contradice frontalmente el texto y la finalidad de la norma, y es uno de los errores más frecuentes que los tribunales laborales corrigen.

Errores frecuentes que invalidan la estrategia

El primer error es usar el período a prueba como período de carencia: no hay carencia en la ley. La relación de trabajo existe desde el primer día, con las obligaciones de seguridad social y prestaciones que ello implica. El segundo error es pactarlo en contratos por obra o tiempo determinado breve, donde la ley no lo admite. El tercero es dejar correr el plazo sin evaluar nada y pretender luego invocar el período como justificación de una terminación sin causa. El cuarto, repetir períodos de prueba con la misma persona para el mismo puesto, práctica que la finalidad tasada del artículo 39-A descarta.

Cada uno de esos errores convierte una herramienta legal de verificación en un foco de contingencia: la relación se tratará como por tiempo indeterminado desde el inicio, con las indemnizaciones y recargos que una terminación injustificada conlleva.

Lectura para el trabajador y para el empleador

Para la persona contratada, el período a prueba no significa ausencia de derechos: significa que el empleador puede terminar la relación dentro del plazo si acredita que no se cumplen los requisitos del puesto. Fuera de ese supuesto, la protección general de la ley opera igual. Para el empleador, la herramienta es útil si se usa para lo que fue diseñada: verificar con un estándar previo, documentar la evaluación y decidir dentro del plazo.

El artículo 39-A es, en el fondo, una regla de equilibrio: da al empleador una ventana corta y tasada para confirmar la idoneidad, y da a la persona trabajadora la certeza de que fuera de esa ventana y de esa finalidad no hay margen.

El período a prueba dentro del contrato individual

La figura se inscribe en el capítulo de las condiciones de trabajo del Código: la contratación por tiempo indeterminado es la regla general, y los períodos a prueba y las contrataciones por tiempo determinado son las excepciones justificadas. Esa arquitectura explica la interpretación estricta de la figura: quien contrata a prueba se aparta de la regla, y la carga de justificar ese apartamiento es suya. El contrato escrito que no menciona período a prueba es un contrato por tiempo indeterminado, con toda la estabilidad que ello implica.

La relación con el despido y la rescisión

Terminado el período a prueba sin acuerdo de continuación, la relación se extingue sin responsabilidad para el patrón, pero esa extinción exige que el período haya sido pactado válidamente y que la decisión se comunique dentro de su duración. Fuera de ese cauce, la terminación del trabajador en prueba se analiza como despido, con el derecho del trabajador a la reinstalación o a la indemnización constitucional. La frontera entre la extinción legítima y el despido encubierto es una de las líneas más litigadas del derecho laboral mexicano.

La prueba en la contratación por escrito

La Ley Federal del Trabajo exige que las condiciones de trabajo consten por escrito, y el período a prueba es una de las condiciones cuya ausencia documental se presume en contra del patrón: en el juicio, quien afirma la existencia del período a prueba debe exhibir el contrato que lo pactó. La conservación del ejemplar firmado es la única prueba eficaz.

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Fuentes y límites

Ley Federal del Trabajo, texto vigente de la Cámara de Diputados, artículo 39-A leído completo. Consulta del 13 de noviembre de 2026. Guía general sobre el texto legal; el manejo de un período a prueba concreto depende del contrato, del puesto y de la jurisprudencia aplicable. Información, no asesoramiento jurídico.

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Fuentes

  1. Fuente consultada: diputados.gob.mx. Consultada el 13 de noviembre de 2026.

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Redacción Agente Lex Redacción

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