La ley de IA más avanzada del Congreso suma 223 artículos, sin presupuesto

El proyecto de ley de inteligencia artificial más avanzado en el Congreso de México, un borrador multipartidista del Senado, suma 223 artículos y 14 títulos, y prevé una autoridad nacional de IA que debería estar en funcionamiento 90 días después de la publicación de la ley. El dato forma parte de un análisis del Observatorio IA México publicado en Mexico Business News, que recuenta tres años de legislación en la materia y es de lectura obligada en nuestra sección de IA jurídica en México.

El recuento del Observatorio

Según el rastreador ciudadano del Observatorio IA México, desde abril de 2023 se han registrado 130 iniciativas federales de IA, una vez eliminados duplicados. De ellas, 79 siguen activas, 39 expiraron al terminar la legislatura correspondiente y menos de 10 han sido aprobadas en cualquiera de las cámaras, la mayoría sobre violencia digital y deepfakes. Solo el primer semestre de 2026 aportó 41 propuestas federales, el semestre más activo registrado, y los congresos estatales han recibido alrededor de 200 más.

De los diez proyectos de ley integrales que siguen vigentes, siete reproducen la arquitectura de la Ley de IA de la Unión Europea: niveles de riesgo, una autoridad nacional, registro de sistemas de alto riesgo, auditorías y sanciones. El borrador del Senado, el más ambicioso, daría además a las empresas dos años para registrar y clasificar los sistemas que ya utilizan, y su artículo 9 enumera 43 leyes, códigos y tratados con los que la nueva ley debería leerse.

La brecha constitucional y presupuestal

El análisis subraya dos problemas estructurales. El primero es de competencia: el Congreso carece de facultad constitucional expresa para expedir una ley general de IA, y de las 16 iniciativas presentadas desde 2023 para reformar el artículo 73 constitucional, ninguna ha sido aprobada. El segundo es de dinero: ninguno de los proyectos revisados asigna presupuesto a la autoridad o al registro que crean, una debilidad que el propio análisis resume en que una autoridad sin presupuesto es una oficina con un logotipo.

El contexto europeo refuerza la advertencia: la Unión Europea pospuso con su Ómnibus Digital de julio de 2026 la aplicación de las normas de alto riesgo de su Ley de IA a diciembre de 2027, y a agosto de 2028 para la IA integrada en productos regulados, porque la infraestructura de cumplimiento no estaba lista. Lo que sí ha avanzado en México es la agenda específica: la reforma de 2025 a la ley de propiedad industrial, la reforma laboral y de derechos de autor de mayo de 2026 sobre voz e imagen frente a la IA generativa, y las sanciones a los deepfakes sexuales aprobadas por la Cámara de Diputados en febrero de 2026 con 442 votos, hoy en revisión en el Senado.

Por qué importa a los despachos

Aunque ninguna ley general está hoy aprobada, el volumen de iniciativas y la intención declarada del Senado de votar antes de fin de 2026 hacen prudente que los despachos y las áreas legales empiecen a mapear los sistemas de IA que usan sus clientes. La guía sobre qué verificar antes de adoptar IA en el despacho ofrece el punto de partida, y la guía práctica de IA para litigantes cubre el uso cotidiano con controles.

La comparación internacional pesa en el debate: México discute su marco mientras la Unión Europea aplazó las obligaciones para los sistemas de IA de alto riesgo de su propio reglamento: el Ómnibus de IA, en vigor desde el 27 de julio de 2026, fijó su aplicación desde el 2 de diciembre de 2027 (Anexo III) y el 2 de agosto de 2028 para la IA integrada en productos, lo que muestra que la velocidad normativa no garantiza implementación efectiva. Para los despachos, la conclusión operativa es la misma en ambos escenarios: documentar desde ya el uso interno de estas herramientas es la preparación que servirá con cualquier diseño final de la ley.

Fuentes y límites

Este artículo se basa en el análisis del Observatorio IA México publicado en Mexico Business News el 15 de octubre de 2026, firmado por su director. Las cifras de iniciativas provienen de su rastreador ciudadano y no han sido verificadas de forma independiente; el estado de cada proyecto legislativo puede cambiar. Información, no asesoramiento jurídico.