Hoja de encargo profesional: qué debe contener, cuándo puede exigirla el cliente y cómo gestionarla
Qué debe contener la hoja de encargo según el Estatuto, el Código Deontológico y la Ley del Derecho de Defensa, y cómo gestionarla en el despacho.

La hoja de encargo es el documento que fija por escrito la relación entre el abogado y su cliente: qué se encarga, qué no, cuánto costará o cómo se calculará el precio y qué ocurre si el asunto termina antes de lo previsto. Esta guía recoge, norma a norma, todo lo que debe contener según el Estatuto General de la Abogacía Española, el Código Deontológico y la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, y después explica cómo gestionarla en el día a día del despacho. No es un editorial sobre por qué conviene usarla: es el inventario práctico para redactarla y mantenerla.
¿Es obligatoria la hoja de encargo?
Respuesta directa: no existe una obligación general de firmar siempre hoja de encargo, pero sí tres deberes normativos que la rodean y que conviene no confundir.
Primero, el Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por el Real Decreto 135/2021, ordena en su artículo 27.1 que, antes de iniciar la actuación profesional, el abogado proporcione al cliente la información del artículo 48 «preferentemente mediante la utilización de hojas de encargo». Es una preferencia legal, no un mandato absoluto. El mismo artículo, en su apartado 2, encarga a los colegios de la abogacía establecer modelos de hojas de encargo para promover y facilitar su uso.
Segundo, el artículo 48.4 del Estatuto obliga a informar al cliente sobre los honorarios y los costes de la actuación «mediante la presentación de la hoja de encargo o medio equivalente», y también sobre las consecuencias que puede tener una condena en costas y su cuantía aproximada. Es decir, la información es obligatoria; la hoja de encargo es el vehículo preferente, no el único posible.
Tercero, la Ley Orgánica 5/2024, del Derecho de Defensa, da al cliente un derecho activo: su artículo 15.1 reconoce que toda persona podrá solicitar que la contratación de los servicios jurídicos de defensa se formalice por escrito en una hoja de encargo profesional o medio equivalente. Si el cliente la pide, hay que dársela.
Qué debe contener: el inventario norma a norma
La identificación completa (Estatuto, art. 48.1 y 48.2)
El artículo 48.1 del Estatuto exige facilitar al cliente el nombre del profesional, su número de identificación fiscal, el colegio al que pertenece y su número de colegiado, el domicilio profesional y un medio de contacto, incluida la vía electrónica. Cuando se trata de una sociedad profesional o despacho colectivo, la información cambia de escala: denominación, forma jurídica, datos de registro, régimen jurídico, código de identificación fiscal, sede desde la que se prestan los servicios y medios de contacto. Si en el asunto participan varios profesionales de la misma organización, el artículo 48.2 da al cliente derecho a conocer la identidad de todos, el colegio de cada uno, si son o no socios y quién asume la dirección del asunto.
La valoración del asunto (Estatuto, art. 48.3)
Antes de firmar nada, el abogado tiene la obligación de informar sobre la viabilidad del asunto que se le confía. El artículo 48.3 añade dos deberes activos: procurar disuadir al cliente de promover conflictos o acciones judiciales sin fundamento y aconsejarle, en su caso, vías alternativas para la mejor satisfacción de sus intereses. Dejar constancia escrita de esta valoración en la hoja de encargo o en documento anexo es la forma más limpia de acreditar después que el deber se cumplió.
El contenido propio de la hoja (Código Deontológico, art. 15)
El Código Deontológico de la Abogacía Española, aprobado por el Pleno del Consejo General el 6 de marzo de 2019, fija en su artículo 15 lo que debe constar si se suscribe hoja de encargo:
- El objeto del encargo.
- Las actuaciones concretas que expresamente quedan incluidas. El código estima conveniente referirse también a las que no forman parte del presupuesto, como los recursos o los informes periciales.
- El precio del trabajo profesional, en forma clara y destacada. Cuando por las características del asunto no sea posible fijarlo en cuantía exacta, debe dejarse constancia de ello e indicarse en todo caso las bases que servirán para determinarlo.
- Las cantidades que se requerirán por suplidos u otras circunstancias no incluidas en el precio.
- Los momentos en que proceda el abono de las cantidades y los criterios para la prelación e imputación de los pagos.
- Las consecuencias de la finalización anticipada del encargo por renuncia, allanamiento, pérdida sobrevenida del objeto y otras causas.
- Las demás obligaciones que impone la legislación vigente, con mención especial a la ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
- En su caso, la sumisión a arbitraje cuando surjan discrepancias.
- Las condiciones generales de la contratación en todo lo que les sea aplicable.
Lo que añade la Ley Orgánica del Derecho de Defensa (art. 15)
Cuando el cliente ejercita su derecho a la formalización escrita, el artículo 15.1 de la LO 5/2024 exige que el documento recoja, con información comprensible y accesible universalmente: los derechos que asisten al cliente, los trámites esenciales a seguir en función de la controversia planteada, las principales consecuencias jurídicas inherentes a su decisión y el presupuesto previo con los honorarios y costes de la actuación.
El apartado 2 añade el bloque de protección de datos: si se obtienen datos personales del interesado, la hoja debe incluir la información del artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos, un deber que puede cumplirse por capas conforme al artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018. Y el apartado 3 fija un límite de fondo que conviene trasladar al texto de la hoja: el tratamiento de los datos personales obtenidos tendrá por exclusiva finalidad el ejercicio del derecho de defensa encomendado por el cliente. El precepto añade una prohibición y una excepción: prohibición de cualquier tratamiento ulterior de los datos para fines incompatibles con aquel para el que se recogieron, y excepción cuando el tratamiento para otro fin esté previsto en una norma con rango de ley que constituya una medida necesaria y proporcional en una sociedad democrática para salvaguardar los objetivos del artículo 23.1 del RGPD. Es decir, la hoja no impide cumplir otras obligaciones legales del despacho; impide dar a los datos usos incompatibles sin cobertura.
El precio cuando no se puede cerrar en euros
La pregunta práctica más frecuente es cómo cumplir con el deber de claridad cuando el asunto no admite un precio cerrado. La respuesta del Código Deontológico es metódica: no hace falta una cifra final, hacen falta bases de determinación. En la práctica del despacho esas bases suelen ser la tarifa horaria con estimación de horas por fase, un precio por fases procesales con hitos definidos o una combinación de cantidad fija y componente variable por resultado. Lo que el código no admite es el silencio: si no hay cuantía exacta, la hoja debe decir que no la hay y con qué criterios se calculará. Para la construcción del precio en sí, nuestra guía sobre el precio cerrado y cómo presupuestar sin regalar horas desarrolla el método.
Suplidos, provisiones y la obligación de liquidar
El artículo 16 del Código Deontológico permite pedir pagos a cuenta de honorarios, antes o durante el asunto, siempre que su cuantía sea acorde con las previsiones del asunto y el importe estimado de los honorarios definitivos. El mismo artículo contiene la regla de protección del abogado: la falta de pago autoriza a renunciar o condicionar la aceptación del encargo o a cesar en él. Ese cese no es incondicionado. El artículo 12.A del propio Código (normas generales de relación con los clientes) exige que quien renuncia a la dirección letrada lo notifique por escrito y de forma fehaciente al cliente, realice los actos necesarios para evitar su indefensión y la pérdida de derechos y deje tiempo suficiente para que la sustitución en la defensa o el asesoramiento se ejerza con total garantía; si el letrado ha comparecido en un procedimiento, la renuncia se comunica además, cualquiera que sea su causa, al órgano judicial o administrativo correspondiente. Y cuando la defensa se asumió por designación colegial, la aceptación, la abstención y el cese se acomodan a las normas de asistencia jurídica gratuita.
En sentido contrario, el artículo 14 protege al cliente: es obligatorio emitir la liquidación de honorarios y de la provisión de fondos recibida y poner a disposición del cliente el importe sobrante en el plazo más breve posible desde que se cesa en la defensa del asunto. La hoja de encargo es el mejor sitio para anunciar esa mecánica de liquidación antes de que haya nada que liquidar. Sobre el tratamiento fiscal de los suplidos, nuestra guía de suplidos en la factura del abogado y su IVA cubre el detalle.
Firma, soporte y vida del documento
Ni el Estatuto ni el Código Deontológico exigen un soporte concreto: la hoja vale en papel firmado, en documento electrónico con firma electrónica o incluso como presupuesto escrito aceptado por correo, que es el «medio equivalente» que reconocen el artículo 48.4 del Estatuto y el artículo 15.1 de la LO 5/2024. Las tres reglas que siguen no son mandatos normativos, sino la práctica ordenada que recomendamos.
La primera es la versión viva: cuando el alcance del encargo cambia (un recurso no previsto, una pieza separada, una ampliación del objeto), la hoja se actualiza por escrito, no por conversación. La segunda es la custodia: la hoja forma parte del expediente y se conserva con él, con su fecha y la evidencia de la aceptación. La tercera es la coherencia documental: la minuta final debe poder leerse contra la hoja, porque el artículo 14 del Código Deontológico exige que la minuta exprese detalladamente los conceptos de los honorarios y la relación de gastos efectuados y pendientes de reembolso, cumpliendo los requisitos legales y fiscales.
Si el cliente no quiere firmar
El cliente que no firma no elimina los deberes de información del artículo 48. El medio equivalente (presupuesto escrito, correo con el alcance y las bases del precio) cumple la exigencia informativa si incorpora la información que la norma exige para el encargo, pero el despacho debe poder acreditarlo: conservar el envío y la aceptación es lo que convierte el medio equivalente en prueba. En asuntos de escasa cuantía, una plantilla breve con los contenidos mínimos reduce la fricción sin renunciar a la protección.
Cuando hay impago: la hoja como prueba
La hoja de encargo es también el documento que ordena la reclamación. Con el pacto de honorarios por escrito, el despacho tiene una posible vía ágil de cobro si se cumplen sus requisitos: el procedimiento monitorio, reservado a deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles acreditadas documentalmente (art. 812 LEC), que desarrollamos en la guía de cómo reclamar honorarios por vía monitoria. Existe además un cauce específico para los honorarios del abogado: el artículo 35 de la LEC permite reclamar al propio cliente los honorarios devengados en el asunto presentando minuta detallada, sin que sea preceptiva la intervención de abogado ni procurador, con requerimiento de pago o impugnación en el plazo de diez días. Sin documento, la reclamación no desaparece, pero la discusión se traslada a qué se dijo y qué se encargó, que es justo el terreno que la hoja de encargo existe para cerrar.
Lecturas relacionadas
Para completar el encargo desde el lado comercial, la guía sobre de la consulta inicial al encargo cubre la conversión sin fricciones deontológicas. Y para el cierre ordenado del asunto, la lista de control de cierre es la pieza complementaria de esta guía.
Fechas y fuentes
Textos consolidados consultados el 17 de noviembre de 2026: Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española (BOE-A-2021-4568); Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa (BOE-A-2024-23630); Código Deontológico de la Abogacía Española, aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española el 6 de marzo de 2019 (2019), arts. 12.A, 14, 15 y 16; Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (BOE-A-2000-323), arts. 35 y 812. Las normas se citan por sus artículos; esta guía no sustituye el modelo colegial que corresponda en cada territorio.