Tres millones de sentencias sin ejecutar y un plan de choque: qué cambia para la práctica procesal

Hay tres millones de sentencias sin ejecutar en España. El dato, publicado por Cinco Días esta semana, resume uno de los problemas estructurales de la jurisdicción: si después de años de procedimiento la ejecución se demora aún más, la confianza en la justicia se resiente. La respuesta institucional ha llegado casi al mismo tiempo: la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado iniciar los trámites para poner en marcha un plan de choque en los órganos de la jurisdicción social con mayor pendencia o retraso en los señalamientos.

El acuerdo se ha adoptado a la vista del informe que la Permanente encargó el pasado 16 de septiembre al Servicio de Inspección para identificar los órganos de las Secciones de lo Social de los Tribunales de Instancia con más asuntos pendientes y mayores tiempos de respuesta, después de que el servicio advirtiera de que la situación está fuertemente condicionada por la elevada carga de trabajo.

Qué contiene el plan de choque

Las bases aprobadas contemplan actuaciones inmediatas en las 50 plazas de la jurisdicción social con mayor pendencia y planes territoriales en los partidos judiciales más congestionados. El plan estará en vigor hasta la entrada en funcionamiento efectivo de las nuevas plazas judiciales creadas por el Real Decreto 559/2026, de 8 de julio, y de las que se creen en la programación de 2027, sin perjuicio de su revisión periódica.

Para ponerlo en marcha, la Permanente se dirigirá a las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, que deberán formular propuestas de medidas de apoyo en un plazo de quince días, conforme al artículo 216 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Los refuerzos recaerán preferentemente en jueces de adscripción territorial, jueces en prácticas o de refuerzo y magistrados de plazas sin sobrecarga de trabajo.

Un detalle práctico relevante: una vez en vigor, los órganos reforzados darán preferencia a los despidos y demás modalidades de tramitación preferente, a las prestaciones de Seguridad Social de subsistencia y a la tutela de derechos fundamentales, adelantando los asuntos por orden de antigüedad. El CGPJ se dirigirá también al Ministerio de Justicia y a las consejerías autonómicas competentes para cubrir con prioridad las vacantes de los servicios comunes del área social y garantizar, antes del 1 de junio de 2027, plantilla, salas y medios de las plazas de nueva creación.

Lectura para el despacho

Para la práctica procesal laboral, el plan puede mover los calendarios de forma perceptible en los partidos reforzados: los despachos con cartera de despidos colectivos o prestaciones deberían revisar la cartera por sede y anticipar a los clientes una posible aceleración de señalamientos durante la vigencia del plan. Es un buen momento para ordenar la documentación de ejecuciones dormidas y reactivar los incidentes que esperaban turno, siguiendo los criterios de gestión de cartera que recogemos en nuestra guía de apertura de asuntos con lista de control.

En el plano estructural, el debate de fondo sigue abierto: los planes de choque mueven recursos existentes hacia los cuellos de botella, pero la cifra de tres millones de ejecuciones pendientes apunta a un problema de medios y diseño que los refuerzos temporales solo alivian. La creación efectiva de las plazas del RD 559/2026 y su dotación antes de junio de 2027 serán el indicador serio de si el sistema corrige o solo redistribuye.

Para los despachos de reclamación, la acumulación tiene un coste directo en la relación con el cliente: explicar que una sentencia ganada puede tardar años en cobrarse se ha convertido en parte habitual de la hoja de encargo.

Seguiremos la puesta en marcha del plan y sus efectos por territorio en nuestra sección de procesos del despacho y la actualidad institucional en actualidad.

Fuente: nota de prensa del CGPJ y Cinco Días. Esta pieza es informativa y no constituye asesoramiento jurídico.