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Unión Europea, derecho derivado directamente aplicable en los Estados miembros en materia civil y mercantil, con las exclusiones propias del Reglamento.
Competencia judicial internacional y reconocimiento y ejecución de resoluciones en la Unión Europea
Régimen europeo que determina el órgano jurisdiccional de qué Estado miembro es competente para conocer de litigios civiles y mercantiles transfronterizos y que dispone el reconocimiento y la ejecución en los demás Estados miembros de las resoluciones dictadas en uno de ellos.
Ámbito y reglas principales
El art. 1.1 del Reglamento (UE) nº 1215/2012 (Bruselas I bis) dispone que se aplica en materia civil y mercantil con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional, sin aplicarse, en particular, a las materias fiscal, aduanera ni administrativa, ni a la responsabilidad del Estado por acciones u omisiones en el ejercicio de su autoridad (acta iure imperii), y el art. 36.1 dispone que las resoluciones dictadas en un Estado miembro serán reconocidas en los demás Estados miembros sin necesidad de procedimiento alguno.
Diferencia con figuras próximas
La competencia judicial internacional determina qué órgano conoce del litigio transfronterizo y el reconocimiento elimina el procedimiento de exequátur entre Estados miembros, a diferencia de la competencia territorial interna, que reparte los asuntos dentro de un mismo Estado conforme a la ley procesal nacional.
Ejemplo hipotético
Una sociedad española demandada por una compraventa internacional de mercaderías es citada ante los tribunales del Estado miembro de su domicilio, y la sentencia resultante se reconoce en el resto de Estados miembros sin exequátur.
Fuentes y límites
- Reglamento (UE) nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DOUE L 351). arts. 1.1 y 36.1 (texto leído en el DOUE L 351). Consulta: 2026-11-14.
Contenido informativo referido al ámbito jurídico indicado. No sustituye el asesoramiento sobre un caso concreto.