IA jurídica

Las autoridades de datos de Iberoamérica fijan pautas para usar IA: qué implican para Uruguay

Los Estándares iberoamericanos sobre el uso de datos personales en sistemas de inteligencia artificial son de naturaleza orientadora y Uruguay integra la red que los aprobó.

Sala de reuniones con una pantalla que muestra gráficos de red sobre rostros esquemáticos, fotografía editorial
Imagen generada con IA

La Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD) aprobó por unanimidad unos estándares sobre el uso de datos personales en sistemas de inteligencia artificial, informó el jueves 12 de noviembre de 2026 la Agencia Española de Protección de Datos, que ejerce la secretaría permanente de la red. Uruguay integra la RIPD como miembro a través de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales, por lo que el documento compromete directamente al ecosistema jurídico del país.

Qué es la RIPD y por qué importa su voz

La Red Iberoamericana de Protección de Datos reúne a las autoridades de protección de datos de la región y funciona como el foro técnico donde se alinean criterios de interpretación y aplicación normativa. Que sus estándares se aprueben por unanimidad les da, como lectura editorial de esta edición, un peso persuasivo considerable: no obligan, pero pueden anticipar la dirección en la que las autoridades, incluida la URCDP, lean sus propias normas cuando investiguen sistemas de IA que tratan datos personales.

Qué son los estándares

Los Estándares iberoamericanos sobre el uso de datos personales en sistemas de IA no son obligatorios. El propio documento se define como de naturaleza orientadora, complementario de las leyes de cada país. Entre sus pautas centrales está la de que una supervisión humana genuina no es la de alguien que se limita a formalizar o refrendar lo que resolvió el sistema, y recomienda una evaluación de impacto antes de poner en marcha un sistema con riesgo elevado.

La supervisión humana que no alcanza

Uno de los puntos más prácticos del documento es su definición de supervisión humana: no basta con que una persona refrende lo que el sistema resolvió. En la lectura práctica de esta edición, la pauta invita a diseñar circuitos donde la revisión humana pueda entender el criterio del sistema, discutirlo y revertirlo. Para las empresas que usan IA en selección de personal, scoring crediticio o fijación de precios, la consecuencia es revisar no solo la herramienta sino el procedimiento interno que la rodea, porque un visto bueno automático difícilmente satisface ese estándar.

Lo que ya exige la ley uruguaya

Varias de esas pautas ya tienen correlato en normas vigentes. El artículo 16 de la Ley 18.331, de protección de datos personales, establece que las personas tienen derecho a no verse sometidas a una decisión con efectos jurídicos que las afecte de manera significativa y que se base en un tratamiento automatizado destinado a evaluar aspectos como su rendimiento laboral, su crédito o su conducta. El afectado puede impugnar la decisión y pedir los criterios de valoración y el programa utilizado, que el artículo 13 obliga a informar desde antes del tratamiento.

La Ley 19.670, de 2018, sumó la responsabilidad proactiva: privacidad desde el diseño, privacidad por defecto y evaluación de impacto. El Decreto 64/020 hace obligatoria esa evaluación, antes del tratamiento, cuando se evalúan aspectos personales para crear o usar perfiles, por ejemplo sobre rendimiento en el trabajo, situación económica o solvencia, y cuando se tratan datos de más de 35.000 personas. En ese último caso también hay que designar un delegado de protección de datos. Ante una vulneración de seguridad, el decreto da 72 horas para avisar a la URCDP.

Transferencias internacionales de datos

Cuando una herramienta de IA envía datos a servidores en otro país, rige el artículo 23 de la Ley 18.331, que prohíbe transferirlos a países sin un nivel de protección adecuado, salvo excepciones como el consentimiento del titular o cláusulas contractuales que autorice la URCDP. La lista de destinos adecuados incluye a la Unión Europea y, desde 2023, a las empresas estadounidenses adheridas al Marco de Privacidad de Datos.

IA en seguros y otros frentes sensibles

La discusión no es abstracta: herramientas que deciden sobre clientes, como las que McKinsey propone usar en la suscripción y los reclamos de las aseguradoras, según informó dnegocios sobre la inteligencia artificial en seguros, son exactamente el tipo de sistemas sobre los que recaen estas obligaciones. Cada sector que incorpora IA en decisiones sobre personas activa el mismo circuito de evaluación, supervisión y control de transferencias.

El vacío de una ley específica de IA

Uruguay no tiene una ley específica sobre inteligencia artificial. La Ley 20.212, de 2023, encargó a Agesic una estrategia nacional de datos e IA, que se aprobó en noviembre de 2024 para el período 2024-2030, y en marzo de 2026 Bruno Gili, de Uruguay Innova, dijo a Búsqueda que no había en la agenda un proyecto de ley. La Comisión Europea, que reconoce desde 2012 el nivel de protección de datos de Uruguay, lo confirmó en su revisión de enero de 2024, un estatus que sostiene los flujos de datos con el bloque.

Cómo ordenar el cumplimiento en la práctica

Como lectura práctica de esta edición, la combinación de umbrales del Decreto 64/020 y las pautas de la RIPD permite armar una lista de verificación breve: saber si el tratamiento entra en los supuestos que exigen evaluación de impacto, si supera el umbral que obliga a designar delegado de protección de datos, y si el circuito de revisión humana es genuino o solo formal. Son plazos y números objetivos que convierten el cumplimiento en una cuestión de gestión, no de interpretación.

Qué cambia para los despachos

En 2024, un informe de Agesic con recomendaciones para regular la IA sostuvo que la aplicación de esas disposiciones a los sistemas de IA que hacen perfiles de personas o se entrenan con grandes volúmenes de datos resulta indiscutible. La combinación de estándares regionales y normativa local vigente da a los abogados un marco concreto para auditar herramientas: evaluación de impacto documentada, supervisión humana efectiva y control de las transferencias internacionales antes de firmar cualquier contrato de licencia.

Preguntas frecuentes

¿Qué aprobó la RIPD?

Estándares sobre el uso de datos personales en sistemas de IA, aprobados por unanimidad e informados el 12 de noviembre de 2026 por la AEPD, que ejerce la secretaría permanente de la red.

¿Son obligatorios en Uruguay?

No. Son de naturaleza orientadora, aunque varias de sus pautas ya tienen correlato en la Ley 18.331, la Ley 19.670 y el Decreto 64/020, que sí son de cumplimiento obligatorio.

¿Qué derecho tienen las personas ante decisiones automatizadas?

El artículo 16 de la Ley 18.331 permite no verse sometido a decisiones automatizadas con efectos jurídicos significativos, impugnarlas y pedir los criterios de valoración y el programa utilizado.

¿Uruguay tiene ley de IA?

No. Cuenta con la estrategia nacional de datos e IA 2024-2030 aprobada en noviembre de 2024, pero en marzo de 2026 no había un proyecto de ley en agenda.

Fuentes y límites

Las autoridades de datos de Iberoamérica fijan pautas para usar IA, dnegocios, 12 de noviembre de 2026, consultado el 16 de noviembre de 2026. Información, no asesoramiento jurídico.

Fuentes

  1. Fuente. Consultada el 16 de noviembre de 2026.

Las fuentes utilizadas se identifican en esta lista; las crónicas periodísticas se atribuyen a su medio de origen.

Redacción Agente Lex Redacción

Equipo editorial de AGENTE LEX. Elaboramos análisis y actualidad para la abogacía a partir de fuentes públicas y oficiales, que enlazamos al final de cada artículo.

Ver ficha y artículos →

Noticias relacionadas

Más de IA jurídica →