El nuevo artículo 20 ter de la Ley de Consumidores: techo a las subidas de precios en emergencias

El Real Decreto-ley 32/2026, de 3 de noviembre, conocido por las ayudas a las víctimas del accidente ferroviario de Urda, contiene una segunda pata con recorrido propio y permanente: una reforma del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007) que crea, por primera vez con carácter general, un límite legal al incremento de precios en contextos de urgencia, riesgo o necesidad de las personas consumidoras.

Es la respuesta normativa a un fenómeno conocido: cuando una emergencia corta una infraestructura o desplaza demanda de forma brusca, algunos operadores disparan los precios de transporte, alojamiento o servicios análogos. La reforma se aplica desde ya a los servicios afectados por la interrupción de la línea ferroviaria Madrid-Andalucía, pero su redacción está pensada para perdurar.

Qué prohíbe exactamente el artículo 20 ter

El nuevo precepto, introducido por el artículo 9 del real decreto-ley, prohíbe incrementar el precio final de venta de los bienes y servicios que se determinen en contextos de urgencia, riesgo o necesidad. Y define el incremento con precisión: cualquier precio superior al precio máximo al que se hubiera ofertado ese bien o servicio, o uno de naturaleza análoga, durante los treinta días previos a la situación sobrevenida.

La norma añade tres correcciones técnicas que los operadores y sus asesores deben conocer:

• Si el precio máximo ofertado en esos treinta días supera en más de un cincuenta por ciento el precio medio del periodo, la referencia pasa a ser ese precio medio incrementado en un cincuenta por ciento. Se evita así que una oferta puntual y anómala sirva de coartada.
• Se respetan los incrementos que deriven de un aumento acreditable de los costes de puesta en el mercado, o que sean demostrablemente necesarios para incorporar nuevos bienes o servicios que mitiguen la alteración de oferta y demanda causada por la emergencia.
• En bienes y servicios con marcado carácter estacional, la referencia puede ser el precio del mismo periodo del año anterior actualizado conforme al IPC.

Los servicios con tarifas reguladas o sujetos a contratos con la administración se consideran automáticamente conformes, al no fijar el operador el precio libremente.

Cuándo se activa la limitación

El artículo 20 ter.2 distingue dos supuestos de activación. El primero, automático: la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, conforme a la Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil. El segundo, discrecional: accidentes, emergencias técnicas, fuerza mayor u otras circunstancias sobrevenidas no imputables a los usuarios que alteren excepcionalmente la oferta y la demanda, que requerirán un Acuerdo del Consejo de Ministros.

Ese Acuerdo deberá precisar la fecha de inicio y fin de la medida, los bienes o servicios afectados y la referencia aplicable. Además, podrá imponer a los comercializadores la obligación de informar en la oferta del precio medio y máximo de los treinta días previos, una carga de transparencia reforzada mientras dure la emergencia.

La sanción civil: devolución automática

La consecuencia del incumplimiento no es solo administrativa. El apartado 3 otorga al consumidor o usuario un derecho a la devolución automática de cualquier cantidad cobrada en exceso sobre el precio máximo aplicable, sin perjuicio del régimen sancionador que resulte de aplicación. En términos prácticos, cada cobro por encima del techo genera una obligación de reembolso exigible individualmente, lo que multiplica el riesgo de litigiosidad para quien incumpla y abre un campo de reclamaciones de cuantía predecible para la abogacía de consumo.

La reforma se completa con la modificación del artículo 20.1.c) de la LGDCU: cuando el precio haya sido personalizado mediante una toma de decisiones automatizada, el comerciante deberá informar de ello de forma clara en los contratos a distancia o fuera del establecimiento. Y el precio final ofertado deberá respetar la normativa reguladora de precios que resulte de aplicación, con referencia expresa a ella y a los parámetros utilizados.

Aplicación inmediata al corredor Madrid-Andalucía y salvaguarda europea

La disposición adicional quinta despliega el artículo 20 ter, sin esperar a Acuerdo del Consejo de Ministros, sobre los servicios afectados por el accidente de Urda y las conexiones ferroviarias que sigan suspendidas por el mismo. Su aplicación debe leerse junto con la salvaguarda de la disposición adicional sexta: no cabe afirmar que todo transporte alternativo esté automáticamente sujeto al límite.

La vigencia de esa aplicación inmediata está acotada: conforme a la disposición transitoria segunda, la limitación sobre los servicios afectados opera desde la entrada en vigor del real decreto-ley y hasta el 10 de noviembre de 2026, plazo que podrá prorrogarse, en caso de ser necesario, por Acuerdo del Consejo de Ministros.

La disposición adicional sexta introduce una cautela competencial: las medidas que puedan afectar a la libertad de precios del transporte aéreo o de otras modalidades con mecanismos de fijación regulados por la normativa de la Unión Europea no se aplicarán hasta contar con autorización expresa de la Comisión Europea.

Coherencia con el resto del ordenamiento

La exposición de motivos justifica la técnica elegida. El periodo de referencia de treinta días no es una ocurrencia aislada: replica el criterio objetivo y consolidado del artículo 20 de la Ley 7/1996, de Ordenación del Comercio Minorista, que usa el mismo plazo para determinar el precio anterior en las reducciones, lo que aporta coherencia y seguridad jurídica a consumidores y operadores. La reforma, además, unifica en un solo precepto todo el contenido normativo sobre limitaciones de precio en situaciones de emergencia, disperso hasta ahora, y prohíbe expresamente las prácticas que puedan revestir carácter abusivo en esos contextos. En el frente europeo, la exigencia de autorización previa de la Comisión se conecta con el Reglamento (CE) número 1008/2008 sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos, que protege la libertad de fijación de precios del transporte aéreo.

Claves prácticas para el asesoramiento

Para los despachos que asesoren a plataformas, compañías de transporte, alojamientos o comercios, la reforma exige revisar los sistemas de precios dinámicos: el algoritmo deberá ser capaz de congelar la referencia cuando se declare una emergencia. Para la abogacía de consumo, el derecho de devolución automática simplifica la reclamación: debe acreditarse el cobro excesivo respecto del máximo aplicable, atendiendo a las excepciones por costes y a las reglas especiales de referencia. Y en ambos casos conviene conservar el histórico de ofertas, que se convierte en la prueba esencial del litigio.

El debate sobre hasta dónde puede llegar el control público de precios en situaciones excepcionales no es nuevo en el derecho español - la propia normativa de vivienda lo ha ensayado con el alquiler - y previsiblemente dará lugar a desarrollos reglamentarios y a litigios interpretativos. El sector lo discutirá en foros como el VIII Congreso Nacional de Consumo del ICAM y la AEDC.

Dos comprobaciones operativas

El derecho de devolución se refiere a cada cantidad cobrada en exceso del máximo aplicable. Conservar el histórico de precios permite identificar la referencia y documentar una reclamación, pero no elimina la necesidad de examinar las excepciones legales. Además, al revisar contratos debe distinguirse la aplicación tras una declaración de zona gravemente afectada de la vía que exige un Acuerdo del Consejo de Ministros: este concretará los bienes o servicios y el periodo cubiertos. La salvaguarda europea del transporte debe comprobarse antes de afirmar que una tarifa concreta está limitada.

Preguntas frecuentes

¿Puede una plataforma subir precios si aumentan sus costes durante una emergencia? Sí, siempre que el incremento derive de un aumento acreditable de los costes de puesta en el mercado o sea demostrablemente necesario para incorporar oferta nueva que mitigue la escasez.

¿Qué precio sirve de referencia para el límite? El precio máximo al que se ofertó el bien o servicio, o uno análogo, en los treinta días previos a la situación de emergencia, con una corrección cuando ese máximo supere en un cincuenta por ciento el precio medio del periodo.

¿Qué puede hacer el consumidor si le cobran de más? Tiene derecho a la devolución automática de la cantidad cobrada en exceso sobre el precio máximo aplicable, además de poder reclamar ante los organismos de consumo.

¿La limitación ya está en vigor? La norma entró en vigor el 4 de noviembre. La aplicación a los servicios afectados se extiende inicialmente hasta el 10 de noviembre, con posible prórroga, y queda sujeta a la salvaguarda europea de la disposición adicional sexta para los transportes afectados por ella.