Defensoría Penal Pública y Carabineros acuerdan reforzar la seguridad de los defensores

La defensora nacional, Verónica Encina, se reunió con el general subdirector de Carabineros, Enrique Monrás, para profundizar la coordinación interinstitucional y establecer mecanismos que prevengan y enfrenten amenazas, agresiones o situaciones de riesgo contra defensores, asistentes y funcionarios de la Defensoría Penal Pública (DPP), informó La Tercera el 19 de octubre de 2026.

Aunque los defensores públicos son funcionarios y no autónomos, las medidas interesan a toda la abogacía chilena: fijan un estándar de protección del ejercicio de la defensa que alcanza a todo el foro penal.

Las medidas en marcha

El encuentro se enmarca en una estrategia nacional de la DPP para reforzar la protección de sus equipos, tanto durante las audiencias como en las demás actividades del ejercicio de la defensa penal, con especial atención a las causas de alta complejidad que pueden representar mayores riesgos para la integridad física o psicológica de los profesionales.

Según explicó Encina, aunque este tipo de situaciones han sido excepcionales, "como institución consideramos fundamental avanzar en medidas preventivas y mecanismos de respuesta oportunos, entendiendo que la seguridad, el bienestar y la protección de nuestros funcionarios constituyen condiciones esenciales para garantizar un adecuado ejercicio del derecho a defensa".

La subcomisión y el protocolo

Semanas atrás, la defensora nacional pidió a la Mesa Nacional de Justicia Penal la creación de una subcomisión especializada en seguridad de los defensores penales públicos, que abordará los riesgos dentro y fuera de los tribunales. Su principal desafío será elaborar un protocolo interinstitucional de prevención, protección y apoyo con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gendarmería, Carabineros, el Ministerio Público y la DPP.

"El propósito es establecer procedimientos coordinados que permitan prevenir situaciones de violencia, activar oportunamente medidas de protección y facilitar la tramitación preferente de denuncias cuando se produzcan amenazas o agresiones contra integrantes de la institución", detalló Encina. La defensora se reunió también con la subsecretaria de Seguridad, María del Pilar Giannini, que comprometió su apoyo para implementar el protocolo.

El principio en juego

La defensora nacional lo resumió así: resguardar la seguridad de los defensores no es solo un compromiso con los equipos, sino "una condición fundamental para garantizar el ejercicio independiente y efectivo del derecho a defensa". El derecho a defensa es garantía constitucional (artículo 19, número 3, de la Constitución), y su ejercicio sin temor es parte del contenido de esa garantía.

El anuncio llega en una semana de intensa actividad gremial, con el IV Encuentro Anual del Colegio de Abogados el 22 de octubre, y en un año de reformas penales como la Ley 21.845 de flagrancia en 24 horas.

Un problema que no es exclusivo de Chile

La protección de quienes ejercen la defensa penal es una preocupación creciente en la región: las causas de crimen organizado y de alta connotación han elevado los riesgos para defensores, fiscales y funcionarios de tribunales. La respuesta chilena -una subcomisión especializada dentro de la Mesa Nacional de Justicia Penal, un protocolo interinstitucional y coordinación directa con Carabineros y la Subsecretaría de Seguridad- es una de las primeras experiencias estructuradas del país en la materia.

Para los abogados de ejercicio libre que actúan como defensores particulares en causas complejas, el protocolo en preparación puede sentar un precedente útil: los mismos riesgos que hoy se reconocen para el defensor público se presentan, sin red institucional, para el defensor privado. El anuncio no precisa plazos para la constitución de la subcomisión ni para la publicación del protocolo, por lo que queda pendiente conocer su alcance final y si cubrirá también a los asistentes de la defensa y al personal administrativo, tal como planteó la propia defensora nacional al referirse a la protección de los equipos de trabajo en su conjunto.

Fuentes y límites

Esta nota se basa en la información de La Tercera del 19 de octubre de 2026, consultada el 20 de octubre de 2026. El protocolo anunciado aún no ha sido publicado. Información, no asesoramiento jurídico.