Reclamo ante la Inspección del Trabajo suspende el plazo para demandar autodespido, establece la Corte Suprema
El máximo tribunal dejó sin efecto las resoluciones que declararon caducadas las acciones de tutela laboral y despido indirecto, por desconocer la suspensión del plazo.
La Corte Suprema de Chile acogió un recurso de queja interpuesto contra tres integrantes de una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, luego de establecer que incurrieron en una falta grave al confirmar una resolución que declaró caducadas las acciones de tutela laboral y despido indirecto de un trabajador, sin considerar la suspensión del plazo legal durante la tramitación de un reclamo ante la Inspección del Trabajo, informó Diario Constitucional el 5 de noviembre de 2026. El fallo fija un criterio de impacto práctico inmediato: el plazo de 60 días hábiles para demandar se suspende mientras se tramita el reclamo administrativo.
El caso: una demanda declarada caducada
El caso se originó en una demanda por vulneración de derechos fundamentales, despido indirecto, nulidad del despido y cobro de prestaciones laborales. El trabajador puso término a su relación laboral el 30 de enero de 2026 y presentó un reclamo ante la Inspección del Trabajo, tramitado entre el 9 de marzo y el 22 de abril, cuyo comparendo de conciliación se realizó sin la asistencia de la empresa. Posteriormente, el 18 de mayo, interpuso la demanda judicial, pero el tribunal declaró caducadas las acciones por estimar vencido el plazo de 60 días hábiles. El trabajador impugnó la decisión alegando que el reclamo administrativo había suspendido el plazo, pero la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la caducidad.
La queja por falta grave
Contra esa confirmación, el trabajador dedujo recurso de queja ante la Corte Suprema, la vía disciplinaria destinada a corregir faltas y abusos graves cometidos por los jueces en la administración de justicia. El máximo tribunal acogió el recurso al establecer que los ministros de la alzada incurrieron en falta grave al confirmar la caducidad sin considerar la suspensión del plazo durante la tramitación del reclamo administrativo, y dejó sin efecto las resoluciones recursidas, ordenando tramitar la demanda. Desconocer la suspensión, razonó la Corte, afectó el derecho de acceso a la justicia del demandante. La abogada del trabajador había sostenido que la suspensión se aplica también al despido indirecto y a la denuncia por vulneración de derechos fundamentales, conforme al Código del Trabajo, y que el cómputo incorrecto vulneraba el debido proceso y la tutela judicial efectiva. Los ministros recurridos, al informar sobre el recurso, defendieron su actuación y estimaron que las resoluciones estaban debidamente fundadas en la expiración del plazo legal. La Corte Suprema recordó, al resolver, que el recurso de queja -regulado en el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales- corrige faltas o abusos graves con influencia sustancial en lo decidido, en especial cuando afectan el debido proceso o el acceso a la justicia.
La regla: el reclamo administrativo suspende el cómputo
El criterio fijado protege una conducta que el propio ordenamiento incentiva: acudir primero a la vía administrativa -con su posibilidad de conciliación- antes de judicializar el conflicto. Si el tiempo invertido en el reclamo ante la Inspección se descontara del plazo para demandar, el trabajador que intenta la solución extrajudicial quedaría castigado frente al que demanda de inmediato, y la conciliación administrativa se vaciaría de contenido. La suspensión del plazo durante la tramitación del reclamo es la regla que armoniza ambas vías, y su desconocimiento configura precisamente el tipo de error que la queja está llamada a corregir.
El comparendo de conciliación y su rol
Un detalle de la cronología merece atención: el comparendo de conciliación en la Inspección se realizó sin la asistencia de la empresa. La conciliación administrativa está diseñada para intentar la solución del conflicto sin juicio, y su práctica requiere la comparecencia de ambas partes; la inasistencia del empleador frustra ese propósito y suele interpretarse como un dato de su disposición al conflicto. Para el trabajador, en cambio, la tramitación completa del reclamo -con o sin acuerdo- es la que opera como causa de suspensión del plazo judicial, según el criterio confirmado por la Corte Suprema.
El criterio y su alcance práctico
La regla confirmada ordena la práctica diaria de tres actores. Los trabajadores que reclaman primero ante la Inspección no deben temer que esa vía consuma su plazo judicial. Los abogados laboralistas deben registrar con precisión las fechas del reclamo administrativo -presentación, tramitación, término- porque son las que reconstruyen el cómputo real. Y los tribunales tienen el deber de verificar la existencia de reclamos administrativos pendientes antes de declarar la caducidad: la averiguación de ese antecedente no es una diligencia opcional, sino parte de la correcta aplicación de la ley.
El autodespido y sus plazos
El despido indirecto o autodespido permite al trabajador poner término al contrato por incumplimientos graves del empleador, pero exige acudir a los tribunales dentro de plazos breves: la ley fija 60 días hábiles para demandar desde la separación del trabajador de sus funciones. La brevedad del plazo convierte cada día en decisivo, y hace especialmente gravoso cualquier error en el cómputo. La cronología del caso lo ilustra: entre el término de la relación el 30 de enero y la demanda del 18 de mayo mediaron meses, pero el reclamo administrativo tramitado entre el 9 de marzo y el 22 de abril debía suspender el cómputo, según el criterio ahora confirmado.
La dimensión disciplinaria del fallo
Que la corrección se haya producido por la vía de la queja -y no solo por la casación- añade una dimensión disciplinaria: la Corte no solo enmendó la resolución, sino que calificó la conducta de los ministros recursidos como falta grave. El recurso de queja es excepcional y su procedencia en materia de cómputo de plazos subraya la seriedad con que la judicatura trata el derecho de acceso a la justicia: un error en la caducidad no es un tecnicismo, sino la negación de la posibilidad de que el caso sea conocido en su fondo. La sentencia es también un recordatorio para las partes: las decisiones sobre caducidad son revisables y su incorrecta aplicación tiene consecuencias.
Lo que el caso enseña sobre la estrategia previa al juicio
El caso confirma que la etapa administrativa no es un trámite periférico sino una decisión estratégica con efectos procesales: bien documentada, protege el derecho a demandar; mal gestionada, puede confundir los cómputos. La recomendación operativa es conservar los comprobantes de presentación del reclamo, las notificaciones y la resolución que pone término a su tramitación, porque esos documentos son la prueba de la suspensión. En un litigio donde el plazo es de 60 días hábiles, la diferencia entre un expediente ordenado y uno improvisado puede ser la diferencia entre que el caso se conozca o se declare caducado.
Preguntas frecuentes
¿El reclamo ante la Inspección del Trabajo suspende el plazo para demandar autodespido?
Sí: la Corte Suprema estableció que el plazo de 60 días hábiles para demandar se suspende durante la tramitación del reclamo administrativo, y que desconocer esa suspensión constituye falta grave que afecta el derecho de acceso a la justicia.
¿Qué es el autodespido o despido indirecto en Chile?
Es la facultad del trabajador de poner término al contrato por incumplimientos graves del empleador, que debe hacer valer judicialmente dentro de los plazos legales para obtener las indemnizaciones correspondientes.
¿Qué resolvió la Corte Suprema en este caso?
Acogió el recurso de queja contra tres ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, dejó sin efecto las resoluciones que declararon caducadas las acciones y ordenó tramitar la demanda de tutela laboral y despido indirecto.
Fuentes y límites
- Diario Constitucional (Chile): Corte Suprema ordena tramitar demanda de autodespido y establece que reclamo ante la Inspección del Trabajo suspende plazo para demandar, publicado el 5 de noviembre de 2026 y capturado el 7 de noviembre de 2026. La nota no consigna el rol de la causa ni el texto íntegro de la sentencia. Información, no asesoramiento jurídico.
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Fuentes
- Fuente. Consultada el 7 de noviembre de 2026.
Las fuentes utilizadas se identifican en esta lista; las crónicas periodísticas se atribuyen a su medio de origen.
