Datos de clientes en herramientas de IA: las reglas de la Ley 19.628 que el despacho chileno debe revisar antes
La ley chilena de protección de datos es anterior a la IA, pero sus reglas sobre autorización, encargos y secreto responden con precisión las preguntas que una herramienta de IA plantea.

Un despacho chileno que introduce un expediente en una herramienta de inteligencia artificial está tratando datos personales en el sentido de la Ley número 19.628 sobre protección de la vida privada. La ley data de 1999 y no menciona la IA, pero sus artículos 4, 6, 7 y 8 contienen las reglas que ordenan esa operación: cuándo se necesita autorización, qué hacer con los datos que caducaron, quién guarda secreto y cómo se documenta el encargo al proveedor externo. El texto vigente consultado es el de LeyChile.
Artículo 4: la autorización informada y por escrito
El artículo 4 dispone que el tratamiento de los datos personales solo puede efectuarse cuando la ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello. La persona que autoriza debe ser debidamente informada respecto del propósito del almacenamiento de sus datos y su posible comunicación al público, y la autorización debe constar por escrito. Es revocable, aunque sin efecto retroactivo, y la revocación también debe hacerse por escrito.
El propio artículo contempla excepciones relevantes: no requiere autorización el tratamiento de datos provenientes de fuentes accesibles al público en las condiciones que detalla (datos económicos, financieros, bancarios o comerciales, listados por categorías con antecedentes limitados, comunicaciones comerciales de respuesta directa), ni el que realicen personas jurídicas privadas para uso exclusivo propio, de sus asociados y de las entidades a que están afiliadas, con fines estadísticos, de tarificación u otros de beneficio general.
Para el uso de IA, la consecuencia es directa: si el expediente contiene datos que no provienen de fuentes públicas ni entran en esas excepciones, procesarlo con una herramienta externa requiere contar con la autorización escrita e informada del titular, o con una base legal específica. El contrato de prestación de servicios jurídicos es el lugar natural para cubrir esa autorización con anticipación.
Artículo 6: datos que deben eliminarse
El artículo 6 ordena que los datos personales sean eliminados o cancelados cuando su almacenamiento carezca de fundamento legal o cuando hayan caducado; que se modifiquen cuando sean erróneos, inexactos, equívocos o incompletos; y que se bloqueen aquellos cuya exactitud no pueda establecerse o cuya vigencia sea dudosa, cuando no corresponda su cancelación. Y añade una regla de oficio: el responsable del banco de datos procederá a la eliminación, modificación o bloqueo sin necesidad de requerimiento del titular.
En el escenario de la IA, esta regla tiene dos lecturas. La primera: conservar copias de expedientes en plataformas de IA más allá de lo necesario contradice el deber de eliminación. La segunda: el deber es del responsable y opera sin requerimiento, de modo que una política de retención para herramientas de IA (qué se sube, cuánto permanece, cuándo se borra) es una obligación legal y no una buena práctica opcional.
Artículo 7: el secreto de quienes trabajan con los datos
El artículo 7 obliga a las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales, tanto en organismos públicos como privados, a guardar secreto sobre los mismos cuando provengan de fuentes no accesibles al público, así como sobre los demás antecedentes relacionados con el banco de datos. La obligación no cesa por haber terminado sus actividades en ese campo.
La instrucción interna sobre uso de IA es la forma moderna de hacer efectivo ese secreto: definir qué documentos no se procesan con herramientas externas, qué datos se eliminan antes y qué plataformas están autorizadas convierte la obligación abstracta en una regla operable para socios, asociados y administrativos.
Artículo 8: el encargo por escrito al proveedor
Cuando el tratamiento se efectúa por mandato, el artículo 8 remite a las reglas generales con dos exigencias concretas: el mandato deberá otorgarse por escrito, dejando especial constancia de las condiciones de la utilización de los datos, y el mandatario deberá respetar esas estipulaciones en el cumplimiento de su encargo.
El proveedor de la herramienta de IA es, en este esquema, un mandatario que trata datos por encargo. La consecuencia práctica es que el despacho debe asegurarse de que el contrato o los términos de servicio con el proveedor consten por escrito y fijen las condiciones de uso de los datos: qué puede hacer el proveedor con ellos, si los usa para entrenar modelos, dónde los almacena y cuándo los elimina. Usar la versión gratuita de una herramienta con los términos genéricos sin revisar es difícil de compatibilizar con el artículo 8.
Una matriz mínima de decisión
Con los cuatro artículos en la mano, la decisión cotidiana se simplifica. Antes de procesar un documento con IA: identificar si contiene datos personales no públicos; si los contiene, verificar la autorización escrita o la base legal; eliminar o anonimizar lo innecesario; usar solo plataformas con encargo documentado; y registrar el tratamiento para poder cumplir los deberes de eliminación. La ley no cierra la puerta a la IA en el despacho: exige que su uso sea documentado, informado y proporcional, que es exactamente lo que un cliente esperaría de quien guarda sus secretos.
El dato sensible y la regla reforzada
Más allá de los artículos analizados, la ley reserva un tratamiento especial a los datos sensibles: los de esfera íntima cuyo uso indebido puede generar discriminación. Los expedientes de familia, salud y penal que el despacho maneja contienen esa categoría en concentración máxima. La regla práctica que emerge es un escalón adicional de precaución: los documentos con datos sensibles son los últimos candidatos a cualquier procesamiento externo y los primeros candidatos a la anonimización previa. La jerarquía de cautela que la ley dibuja (dato público, dato personal, dato sensible) es la misma que debe dibujar la política interna de IA del estudio.
La responsabilidad no se delega
Una idea atraviesa todos los artículos: la responsabilidad por el tratamiento no se traslada con los datos. El mandatario que procesa por encargo responde por su gestión, pero el responsable del banco de datos sigue siendo quien decidió el tratamiento. Para el despacho, eso significa que ningún contrato con un proveedor de IA lo libera de su posición frente al titular: la elección de la herramienta, la definición de qué se sube y la vigilancia del encargo son y siguen siendo suyas. Esa imposibilidad de delegar la responsabilidad es, bien entendida, una guía de gobierno: concentra en el despacho las decisiones que importan.
El horizonte regulatorio chileno
La ley de 1999 ha sido objeto de modernización legislativa para alinearla con los estándares internacionales recientes, con autoridad de control especializada y nuevos deberes. La dirección del cambio es conocida: más derechos exigibles, más deberes documentales y fiscalización efectiva. El despacho que ordena hoy su gobierno de datos con la ley vigente llega con ventaja al régimen que viene, porque las prácticas que la ley actual exige (autorización informada, encargos por escrito, eliminación oportuna) son la base sobre la que se construirá cualquier obligación futura.
Lecturas relacionadas
También puedes explorar la sección IA jurídica de esta edición. Lecturas de contexto, sin sustituir las fuentes de esta pieza: sección abogacía de esta edición, Índice del diccionario.
Fuentes y límites
Ley 19.628 sobre protección de la vida privada, texto vigente en LeyChile, artículos 4, 6, 7 y 8 leídos completos en el documento generado por el servicio oficial de exportación el 12 de noviembre de 2026. Guía general; el tratamiento de datos sensibles tiene reglas adicionales en el artículo 10 y la normativa posterior. Información, no asesoramiento jurídico.
Fuentes
- Fuente consultada: bcn.cl/leychile. Consultada el 13 de noviembre de 2026.
Las fuentes utilizadas se identifican en esta lista; las crónicas periodísticas se atribuyen a su medio de origen.

