La compensación automática de Enel: cuando el artículo 25 A deja de ser letra muerta

La Corte Suprema ratificó la condena que obliga a Enel a compensar a 127.756 clientes de la Región Metropolitana por los cortes de luz de 2021, con pago automático desde 50 mil pesos por afectado, informó Liven el 7 de noviembre de 2026, con los detalles del desglose por grupos de afectados. El máximo tribunal rechazó los recursos de casación en el fondo de las distribuidoras y dejó firme el fallo del Cuarto Juzgado Civil de Santiago, que en 2024 acogió la demanda colectiva presentada por el Servicio Nacional del Consumidor en agosto de 2021.

El cierre del caso deja además una multa de 1.500 UTM para las empresas por infringir la Ley del Consumidor, componente sancionador que se suma a la reparación. El caso merece atención no solo por el monto agregado, sino por lo que confirma: el artículo 25 A de la Ley del Consumidor -la fórmula de compensación para servicios básicos- tiene dientes, y los tribunales están dispuestos a aplicarlo en favor de cientos de miles de usuarios sin exigirles reclamo individual.

Lo que el fallo establece

Según el reporte, el tribunal declaró la responsabilidad de Enel Distribución Chile y de Enel Colina en las interrupciones prolongadas del servicio, descartó el caso fortuito alegado por las empresas y cuestionó la suficiencia del plan de poda. Y fijó un punto de alcance: la compensación llega a todos los clientes afectados, incluidos los que estuvieron menos de cuatro horas sin electricidad.

El desglose distingue dos grupos: 52.262 clientes que estuvieron más de cuatro horas continuas sin suministro dentro de un período de 24 horas, y 75.494 que acumularon menos de cuatro horas continuas. En ambos casos, la compensación base de 50 mil pesos por daño moral se complementa con 0,15 UTM -unos 10.866 pesos con la UTM de noviembre fijada en 72.440 pesos-, más montos por duración de la interrupción y gastos asociados como la pérdida de alimentos. A ello se suma una multa de 1.500 UTM, más de 108 millones de pesos, por infringir la Ley del Consumidor.

El mecanismo que marca la diferencia: pago sin reclamo

La pieza más valiosa del fallo es operativa. Los montos se pagarán de forma automática, con reajustes e intereses, mediante abonos a los clientes desde que la sentencia quede ejecutoriada: no es necesario presentar solicitud ni haber reclamado antes, porque el fallo identifica a los afectados por los registros de la propia distribuidora. El único consejo práctico del reporte apunta a conservar las boletas de los meses con cortes: el abono aparecerá en la cuenta de luz y esas boletas sirven para verificar que el monto coincida con la duración de la interrupción sufrida por cada hogar.

Este diseño invierte la lógica habitual de la reparación masiva. La experiencia ordinaria de los consumidores ante fallas de servicios básicos es la del reclamo individual: llamar, registrar un caso, esperar y, en el mejor escenario, obtener un descuento en la cuenta siguiente. Esa vía excluye por agotamiento a la enorme mayoría de los afectados. La compensación automática elimina ese filtro y traslada a la empresa el costo administrativo de identificar y pagar, usando su propia información.

Un precedente para los servicios básicos

La sentencia aplica el artículo 25 A de la Ley del Consumidor, que fija una fórmula de compensación para los servicios básicos, y sienta un precedente sobre cómo deben indemnizarse las interrupciones prolongadas del suministro eléctrico, señaló el reporte. La directora nacional del Sernac, Carolina González, lo resumió así: en el mercado eléctrico, los consumidores afectados por cortes prolongados tienen derecho a ser compensados por las empresas conforme a la Ley del Consumidor.

La trascendencia es sistémica. Las distribuidoras eléctricas -y por extensión otras sanitarias de servicios básicos- quedan avisadas de que los cortes prolongados tienen un precio calculable y exigible colectivamente, y de que defensas como el caso fortuito o la suficiencia de los planes de poda serán examinadas con lupa. Para los equipos legales de esas empresas, la prevención -mantención, gestión vegetal, respuesta técnica- acaba de cambiar de categoría: de buena práctica operacional a contención de un riesgo financiero concreto y cuantificado.

La acción colectiva como vehículo

No es menor el cauce: una demanda colectiva del Sernac presentada en agosto de 2021, acogida en 2024 y confirmada en casación en 2026. El proceso duró cinco años, pero demuestra que la acción colectiva de consumo puede producir reparaciones masivas efectivas y no solo declarativas. La combinación de un actor institucional con capacidad de litigar, una fórmula legal de compensación y registros empresariales que permiten individualizar beneficiarios resultó en una condena ejecutable sin que cada cliente tuviera que probar su caso individualmente ante un tribunal.

Queda una reflexión para la práctica: cuando la reparación se diseña sobre los datos del propio infractor, el argumento de la imposibilidad de individualizar a los afectados -clásico contra las acciones masivas- se desactiva. Los tribunales chilenos han mostrado aquí un camino para que las compensaciones de servicios básicos sean reales y no simbólicas.

Las defensas descartadas y su enseñanza

Dos líneas defensivas cayeron en el camino y ambas dejan enseñanza. La primera fue el caso fortuito: las distribuidoras atribuyeron las interrupciones a factores ajenos a su gestión, y el tribunal lo descartó. La segunda fue la suficiencia del plan de poda, cuestionado directamente por el fallo: la gestión de la vegetación cercana a las líneas era parte de la obligación de servicio, no un extra. La conclusión práctica para las empresas de distribución es que la prevención técnica documentada -qué se cortó, cuándo, con qué cobertura- será el centro de la próxima discusión judicial sobre cortes, y que la carga de la prueba defensiva no se satisface con invocar fenómenos climáticos en abstracto.

La inclusión de los afectados con cortes breves

Uno de los puntos con mayor efecto multiplicador es la extensión de la compensación a quienes estuvieron menos de cuatro horas sin suministro. Ese grupo -75.494 clientes, más que los 52.262 del grupo de cortes prolongados- suele quedar fuera de los mecanismos de reparación porque la gravedad individual parece insuficiente para justificar un reclamo. El fallo lo incorpora al universo compensable, con lo que el daño moral masivo deja de depender de umbrales de duración que el usuario no controla ni siempre puede documentar. Es una señal de que la reparación se mide por la falla del servicio y no solo por la intensidad individual del perjuicio.

Preguntas frecuentes

¿Deben reclamar los clientes para recibir la compensación?

No. El pago es automático: el fallo identifica a los afectados con los registros de la distribuidora y ordena los abonos una vez ejecutoriada la sentencia.

¿Cuánto recibirá cada cliente afectado?

Una compensación base de 50 mil pesos por daño moral, más 0,15 UTM y montos adicionales según la duración del corte y gastos asociados, con reajustes e intereses.

¿Qué norma aplicó la Corte?

El artículo 25 A de la Ley del Consumidor, que fija la fórmula de compensación para servicios básicos, según el reporte.

Fuentes y límites

Esta columna se basa en el reporte de Liven del 7 de noviembre de 2026 sobre la confirmación de la condena por la Corte Suprema. La fuente es periodística; el texto íntegro de la sentencia debe verificarse en los canales oficiales del Poder Judicial. Las opiniones son de esta redacción. Información, no asesoramiento jurídico.