La política de IA del Poder Judicial llega tarde, y por eso mismo llega bien

La Corte Suprema aprobó esta semana la primera política de inteligencia artificial del Poder Judicial, al cierre de sus jornadas de reflexión anuales. Llega después de que una Corte de Apelaciones tuviera que rectificar un fallo elaborado con ayuda de IA, y no antes. Hay quien verá en esa secuencia una tardanza. Nosotros vemos, por primera vez en esta discusión, el orden correcto.

La regulación tecnológica tiene una falla de origen conocida: se escribe antes de entender el problema. Los reguladores imaginan riesgos, prohiben usos que nadie iba a tener y omiten los que nadie imaginó. El resultado es un texto solemne que no describe la realidad y que por eso mismo nadie cumple. El Poder Judicial chileno hizo el recorrido inverso: primero dejó que el problema apareciera (y apareció, en un fallo que hubo que rectificar públicamente), después convocó a reflexionar sobre él con calma y solo entonces escribió la regla.

El caso que enseñó más que diez seminarios

La rectificación de octubre de la Corte de Apelaciones de Santiago valió más que años de charlas sobre "oportunidades y desafíos". Enseñó cosas concretas: que el uso de IA en resoluciones ya estaba pasando sin reglas, que el error llega hasta la firma de los ministros, y que la única defensa del prestigio judicial es la transparencia cuando se descubre. Sin ese caso, la política aprobada esta semana habría sido un ejercicio abstracto; con él, cada artículo tendrá un rostro.

Lo que la política debe contener para no nacer muerta

El texto se conocerá en los próximos días, pero la discusión pública permite anticipar las preguntas que debería responder. Primera: ¿quién responde cuando la IA se equivoca? Si la respuesta es "la herramienta", la política habrá fracasado en su punto central, porque la responsabilidad jurisdiccional es indelegable por definición. Segunda: ¿qué usos quedan prohibidos y cuáles permitidos con supervisión? La distinción entre auxiliar y decisor es la línea que toda la región está dibujando. Tercera: ¿qué trazabilidad se exige? Una regla sin registro es una regla sin verificación posible.

Y hay una cuarta pregunta, la más incómoda: ¿cómo se informa a las partes? El litigante tiene derecho a saber si la resolución que decide su caso incorporó texto generado por una máquina, y la política debería resolver ese punto con la misma claridad con la que regula al funcionario.

El espejo de la abogacía

Mientras el Poder Judicial escribe su política, los estudios jurídicos deberían estar escribiendo la suya. El estándar que se fije para el juez será, con desfase de meses, el estándar que se exija al litigante: si el tribunal no puede decidir sin supervisión humana, el escrito presentado sin supervisión humana será indefendible. Los estudios que documenten hoy su uso de IA (qué herramientas, qué tareas, qué revisión) llegarán a esa exigencia con la tarea hecha; los que no, llegarán improvisando. Ya defendimos aquí que un prompt no es una sentencia; ahora toca que cada oficina escriba su propia versión de esa misma idea.

Preguntas frecuentes

¿Esta columna representa la posición del Poder Judicial?

No. Es un comentario editorial de la redacción sobre la aprobación de la política de IA; no expresa la posición de la Corte Suprema ni de ningún órgano judicial.

¿La política ya está en vigencia?

La aprobación fue anunciada el 26 de octubre y el texto se hará público en los próximos días; los alcances formales se conocerán con su publicación.

¿Qué pasó con el fallo rectificado?

A comienzos de octubre, la Corte de Apelaciones de Santiago rectificó una resolución en cuya elaboración se había utilizado IA; el episodio antecedió a las jornadas de reflexión.

¿Otros países tienen políticas similares?

Varios órganos jurisdiccionales de la región han emitido guías; la tendencia común es permitir la IA como auxiliar y prohibir la decisión sin supervisión humana.

¿Por qué no publicaron el texto junto con el anuncio?

Es práctica habitual que los documentos de esta naturaleza pasen por una revisión formal final antes de su difusión; la pregunta legítima no es por qué no salió el mismo día, sino que salga completo y pronto.

¿Qué deberían hacer los estudios mientras se publica el texto?

No esperar: inventariar sus usos actuales de IA, redactar su política interna de una página con la regla de supervisión humana, y documentar la revisión de cada entregable asistido por IA. El estándar que el Poder Judicial fije para sus propios operadores será, con meses de desfase, el estándar contra el que se medirá a los litigantes; llegar con la tarea hecha es la única posición cómoda en esa conversación.

¿Qué haría fallar a esta política?

Tres cosas, en orden de probabilidad: que el texto final diluya la supervisión humana en una recomendación blanda, que no exista mecanismo de registro y verificación que haga la regla comprobable, y que la difusión se quede en circular sin capacitación real. La historia de las buenas políticas públicas que mueren de inanición operativa es larga; el mérito de esta dependerá exactamente de esos tres puntos.

Fuentes y límites

Columna de opinión de la redacción, elaborada a partir de la información pública sobre la aprobación de la política de IA del Poder Judicial (fuente citada en el encabezado, consultada el 28 de octubre de 2026). Las valoraciones son propias. Información, no asesoramiento jurídico.