Un prompt no es una sentencia

"Eres un Juez de la Corte de Apelaciones que debe redactar la parte considerativa de la sentencia..." Así comenzaba el texto que una resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago subió a la plataforma del Poder Judicial, según reveló Cooperativa el 7 de octubre. Instrucciones a una inteligencia artificial -con conectores obligatorios, máximo de 750 palabras y reglas ortográficas- publicadas donde debían estar los fundamentos de derecho.

Sería un error tratar el episodio como una anécdota de descuido. Lo que quedó a la vista es más serio: en una causa real, con partes reales, el razonamiento que justifica la decisión fue encargado a una máquina.

La garantía en juego

El derecho a un fallo fundado no es un formalismo. Las partes tienen derecho a conocer las razones del juez -no las de un modelo estadístico- porque solo sobre razones conocidas se puede recurrir, impugnar y, en definitiva, confiar. Cuando el considerando de una sentencia nace de un prompt, esa garantía se vacía aunque el resultado sea formalmente correcto.

El Código de Ética Judicial chileno ya lo había dicho con precisión en su artículo 17: la decisión judicial "es siempre una tarea humana y su responsabilidad es indelegable". El oficio de la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, con las primeras directrices de uso de IA en los tribunales -una sola plataforma autorizada, verificación independiente de las respuestas y deber de dejar constancia del uso- es la respuesta institucional correcta. Ahora debe completarse con lo más difícil: la fiscalización efectiva.

La oportunidad

Chile puede convertir este tropiezo en estándar regional. Tres exigencias mínimas: constancia obligatoria del uso de IA en cualquier pieza que alimente una resolución; prohibición expresa de delegar la fundamentación; y un canal para que las partes puedan pedir cuentas cuando sospechen un uso no declarado. La ministra del TC Daniela Marzi ha planteado la transparencia como regla; el pleno de la Corte Suprema vota el asunto esta semana.

El debate continúa en nuestra sección de IA jurídica de Chile, con la crónica completa del fallo de la Novena Sala y el análisis de las directrices del oficio Chevesich.

Nada de esto exige prohibir la IA en los tribunales. Exige algo más simple y más difícil: que el juez lea, entienda y haga suyo cada fundamento que firma, y que el sistema le exija poder demostrarlo. La eficiencia es bienvenida; la abdicación, no.

Esta redacción seguirá el debate en la sección de opinión de Chile. Conviene, además, evitar dos errores simétricos. El primero es el alarmismo que pide desterrar la IA de los tribunales: las herramientas de apoyo bien usadas -búsqueda, ordenación de información, borradores revisados- pueden aliviar la sobrecarga de los gabinetes. El segundo error es la ingenuidad de quien cree que el problema se resuelve con una circular: mientras no exista fiscalización real y consecuencias claras, cualquier directriz será papel.

El oficio de la presidenta Chevesich eligió el punto medio correcto al exigir constancia del uso y verificación independiente de las respuestas. Ahora corresponde al pleno convertir ese marco inicial en instrucción permanente, y a los tribunales demostrar con hechos -informes, controles, sanciones cuando corresponda- que la regla se cumple. El pleno de la Corte Suprema tiene el asunto sobre la mesa esta misma semana, en sus jornadas de reflexión del 22 y 23 de octubre. La instrucción que apruebe -si se aprueba- marcará el primer estándar general de IA de la judicatura chilena y, con casi total seguridad, el referente para el resto de los poderes del Estado.

Fuentes y límites

Este editorial se basa en las informaciones de Cooperativa.cl del 7 y 8 de octubre de 2026, consultadas el 20 de octubre de 2026. Las valoraciones son de esta redacción. Información, no asesoramiento jurídico.