Reglas antes que prisa: la lección del Poder Judicial chileno sobre inteligencia artificial
La innovación judicial no se mide por la velocidad de adopción, sino por la solidez de las garantías que acompañan cada herramienta nueva.
Hay dos formas de incorporar inteligencia artificial a un sistema de justicia: adoptar la herramienta y regular después de los primeros escándalos, o fijar primero las reglas y adoptar después dentro de ellas. El Poder Judicial chileno ha elegido, con sus directrices internas sobre el uso de IA y su participación en el debate legislativo, la segunda vía. Esta columna defiende esa secuencia frente a la ansiedad por innovar, porque en materia de justicia la prisa se cobra en derechos.
El precedente que nadie quiere imitar
La experiencia comparada ofrece una advertencia clara: los sistemas que adoptaron IA generativa sin reglas previas terminaron gestionando incidentes —escritos con jurisprudencia inventada, decisiones administrativas sin motivación explicable, datos de causas alimentando plataformas privadas—. Cada incidente no solo daña a los afectados: erosiona la confianza en cualquier innovación posterior, incluso en las útiles.
Las directrices del Poder Judicial sobre el uso de Copilot y la política institucional que las enmarca parten de esa lección: antes de preguntar qué herramienta comprar, definir qué usos están permitidos, cuáles prohibidos y bajo qué supervisión. Nuestra guía sobre qué está permitido en la justicia chilena resume ese marco.
La lentitud reguladora como virtud, no como atraso
Es fácil caricaturizar la cautela judicial como resistencia al cambio. La analogía correcta es otra: nadie pediría a un hospital adoptar un fármaco antes de sus ensayos por miedo a «quedarse atrás». En la justicia, el ensayo clínico son las reglas de uso, la supervisión humana obligatoria, la trazabilidad de lo que la máquina intervino y la posibilidad de impugnar. Sin ese marco, la IA en tribunales no es modernización: es ruleta.
La lentitud tiene además un beneficio estratégico: permite aprender del error ajeno. Chile llega a la regulación de la IA en la justicia con el mapa de incidentes comparados ya dibujado, y regular con ese mapa es más barato que dibujarlo con casos propios.
El punto débil: reglas sin capacidades
La defensa de la secuencia «reglas primero» viene con una exigencia incómoda: las reglas sin capacidades se incumplen solas. Una directriz que exige supervisión humana requiere funcionarios que entiendan qué están supervisando; una prohibición de subir datos sensibles exige infraestructura alternativa; la trazabilidad exige sistemas que la registren. Sin esa inversión en formación y tecnología institucional, el marco regulatorio se convierte en papel que los funcionarios sortean por necesidad.
Por eso iniciativas como el Programa Regional de IA y Sistemas de Justicia del CEJA, que esta semana abrió su tercera edición con participantes de nueve países, son tan importantes como las directrices mismas: son la mitad de la ecuación que convierte la regla en práctica. Y del lado legislativo, el proyecto de ley de IA en tramitación debe medirse por el mismo estándar: no por cuánto regula, sino por cuánto dota al sistema para cumplir lo que regula.
Un apunte sobre los incentivos
La presión por la prisa no es espontánea: hay un mercado de proveedores vendiendo soluciones a tribunales, y la urgencia es su argumento comercial. Frente a eso, la exigencia de reglas previas es también una defensa del erario y de la institución: comprar tecnología sin marco de uso es firmar contratos cuyos riesgos nadie dimensionó. La directriz previa obliga a los proveedores a diseñar para las garantías, en lugar de diseñar las garantías alrededor del producto ya comprado.
Una vara de medir para lo que viene
Los próximos años traerán presión creciente por automatizar: agendas, redacción de borradores, análisis de causas, quizá apoyos a la decisión. Frente a cada propuesta, la vara de medir ya existe y es sensata: ¿hay regla clara sobre su uso, supervisión humana efectiva, trazabilidad y vía de impugnación? Si la respuesta es sí, adelante. Si es «ya la arreglaremos», la respuesta correcta es esperar.
La justicia chilena ha sido criticada muchas veces por lenta. En materia de inteligencia artificial, esa lentitud deliberada es quizás su mejor decisión reciente. La innovación que vale es la que sobrevive al primer escándalo, y esa se construye con reglas, no con apuro.
Preguntas frecuentes
¿El Poder Judicial chileno permite usar IA?
Sí, dentro del marco de sus directrices internas: ciertos usos asistivos están permitidos con supervisión humana, mientras otros —como delegar decisiones o subir datos sensibles a plataformas externas— están restringidos o prohibidos.
¿Qué son las directrices sobre Copilot de la Corte Suprema?
La política interna emitida por el Poder Judicial en 2026 que regula el uso de herramientas de IA generativa por parte de jueces y funcionarios, definiendo usos permitidos, prohibidos y exigencias de supervisión.
¿Por qué no adoptar la IA primero y regular después?
Porque los incidentes en justicia dañan derechos concretos y erosionan la confianza en toda innovación posterior; la experiencia comparada muestra que regular después del escándalo sale más caro que regular antes.
¿Hay una ley de IA en Chile?
Hay un proyecto en tramitación en el Senado, con modificaciones recientes; las directrices judiciales operan mientras tanto como marco interno del Poder Judicial.
Fuentes y límites
Columna de opinión de la redacción de Agente Lex, elaborada con base en las directrices del Poder Judicial sobre IA y la agenda legislativa chilena en la materia. Las posiciones expresadas son editoriales. Información, no asesoramiento jurídico.
