La Defensoría entendió algo que muchos estudios aún no: la IA se gobierna por escrito
Mientras buena parte del mercado usa IA a la chilena —todos la usan, nadie lo regula— un órgano público puso las reglas por escrito primero.
Hay algo paradójico en la noticia de esta semana: fue un órgano público, la Defensoría Penal Pública, el primero del sistema de justicia chileno en poner por escrito las reglas de uso de inteligencia artificial. No un gran estudio corporativo con departamento de innovación. No una boutique tecnológica. La defensa pública penal.
La asimetría que incomoda
En gran parte del mercado privado, la realidad es conocida: los abogados usan herramientas de IA a diario —para redactar, resumir, investigar— mientras las firmas miran para el lado o firman políticas genéricas que nadie lee. Es la adopción a la chilena: todos la usan, nadie la gobierna. La Resolución Exenta N° 451 invierte el orden: primero las reglas, después el uso legitimado.
El contenido de la política de la Defensoría, descrito en la noticia de esta semana, tiene las piezas correctas: distinción entre usos permitidos y prohibidos, estándares de confidencialidad acordes a la materia que se defiende y supervisión humana obligatoria. Nada revolucionario, y precisamente por eso valioso: es aplicable el lunes por la mañana.
Lo que los estudios privados pueden copiar
Tres lecciones directas para estudios y oficinas que aún no formalizan nada:
- Escribir la política es el paso, no el trámite final: sin documento no hay estándar; sin estándar, cada abogado decide según su apuro.
- La confidencialidad es el centro: la guía de protección de datos de clientes al usar IA lleva meses diciendo lo que la Defensoría ahora ordenó internamente.
- La supervisión humana no es opcional: ningún producto de IA llega al cliente o al tribunal sin revisión, y eso debe ser regla, no costumbre.
El sector privado suele presumir de su velocidad frente al Estado. En este caso, el Estado llegó primero, y con un documento que además será público y copiable. La guía para elegir herramientas de IA y una política propia de dos páginas bastan para igualar el estándar. Lo único que falta es decidirlo.
Preguntas frecuentes
¿Qué aprobó exactamente la Defensoría Penal Pública?
Una política institucional de uso de inteligencia artificial mediante la Resolución Exenta N° 451, con reglas de confidencialidad, usos permitidos y supervisión humana.
¿Obliga a estudios privados?
No: es una política interna, pero funciona como modelo de referencia disponible para cualquier oficina.
¿Qué debería contener una política de IA de estudio?
Usos permitidos y prohibidos, reglas de confidencialidad y anonimización, herramientas autorizadas y exigencia de supervisión humana de todo producto.
¿Por qué importa que sea por escrito?
Porque sin documento cada usuario decide por su cuenta, y el riesgo de confidencialidad y de errores queda sin control ni responsable.
El costo de no tener política
Los estudios sin política de IA no están en zona neutral: están en riesgo acumulado. Cada día que pasa, sus abogados usan herramientas según su criterio individual, con estándares distintos de anonimización y verificación. El primer incidente —una filtración, una cita inventada en un escrito— obligará a escribir la política a la carrera y bajo presión. La Defensoría eligió escribirla en calma, que es siempre más barato.
Hay además un argumento comercial: los clientes empresariales empiezan a preguntar en sus procesos de contratación de asesores externos cómo se gobierna el uso de IA. El estudio con política escrita responde con un documento; el que no la tiene, responde con una promesa. En las licitaciones de servicios legales, esa diferencia ya empieza a contar.
La plantilla disponible
La buena noticia práctica es que nadie parte de cero: entre las guías de esta sección, las políticas públicas como la de la Defensoría y los modelos internacionales disponibles, un estudio chileno puede armar su política de base en una semana de trabajo concentrado. Lo que no tiene excusa es el año que pasa sin hacerlo.
¿Debe la política de IA prohibir alguna herramienta específica?
Más que prohibir marcas, debe fijar estándares: las herramientas cambian rápido y la política atada a productos queda vieja en meses; la atada a criterios permanece.
¿Cada cuánto debe revisarse la política?
Al menos anualmente, y cada vez que aparezca un incidente, una herramienta relevante nueva o una regla externa —judicial o regulatoria— que la afecte.
El incentivo que nadie nombra
Hay un motivo adicional para que el sector privado copie rápido: la defensa pública penal es, por naturaleza, la práctica donde los datos son más sensibles y los recursos más escasos. Si ese contexto logró ordenar el uso de IA con una resolución de alcance razonable, el argumento de que un estudio comercial "no tiene tiempo" o "es muy complejo" se debilita hasta desaparecer. La barrera nunca fue técnica: era de decisión.
La política de la Defensoría también redefine la conversación entre abogados y sus proveedores de tecnología: ahora existe un estándar público chileno contra el que contrastar las promesas comerciales de las herramientas. El vendedor que no pueda responder cómo su producto encaja en esos principios tendrá que mejorar su respuesta, y eso beneficia a todo el mercado.
¿La política se puede usar como plantilla literal?
Como referencia y punto de partida, sí; cada oficina debe adaptarla a su práctica, sus clientes y sus herramientas efectivas antes de adoptarla como propia.
Fuentes y límites
Columna de opinión de la redacción basada en la noticia de la Resolución Exenta N° 451; las valoraciones son editoriales. Información, no asesoramiento jurídico.
