El abogado como traductor: del latín al lenguaje claro

Hay una manera rápida de saber si un abogado entiende de verdad su propio oficio: escucharlo explicarle su caso a un cliente que no estudió derecho. Si la explicación funciona, el abogado entiende; si la explicación es un catálogo de incisos y citas legales, lo que hay es un profesional que aprendió el idioma del sistema pero olvidó que su trabajo es traducirlo.

Dos idiomas, un solo oficio

El sistema jurídico habla su propio idioma. Tiene vocabulario técnico, gramática procesal, formas solemnes y una literatura doctrinal con siglos de sedimentación. Ese idioma no es un capricho: es una tecnología de precisión que permite distinguir entre enajenar y enajenar la posesión, entre revocar y declarar la nulidad, entre cosas que al oído común suenan idénticas y en la práctica son mundos distintos.

El cliente habla otro idioma: el del problema concreto. Mi socio no me paga. Mi empleador me despidió. Me denunciaron. Ese idioma también es preciso a su manera, pero usa la gramática del daño y la urgencia, no la de los supuestos normativos.

Entre esos dos idiomas está la abogacía. La tarea central del oficio no es hablar bien jurídico: es traducir. Convertir el problema del cliente en preguntas jurídicas, y las respuestas jurídicas en decisiones que el cliente pueda tomar entendiendo lo que está decidiendo.

El olvido profesional de la traducción

La forma más común del fracaso profesional no es el error técnico: es la incomunicación. El abogado que informa por correo citando normas sin explicar qué significan para la decisión del cliente. El que usa la jerga como cómoda abreviatura entre pares sin notar que el cliente está en la sala. El que confunde complejidad con profundidad y escribe informes que nadie fuera de la profesión puede usar.

Hay una asimetría cruel aquí: el cliente paga por la traducción y recibe el original. No sabe qué decidió, por qué se demoró, qué riesgos corrió. Y cuando el resultado es malo, no tiene manera de distinguir entre mala suerte y mala gestión, porque nunca entendió el partido que se estaba jugando.

La traducción como acto de responsabilidad

Traducir no es "bajar el nivel". Es la parte intelectualmente más exigente del oficio. Cualquier egresado puede repetir la fórmula de la demanda ejecutiva; explicarle a un empresario qué implica ejecutar, qué puede salir mal y qué decisión tiene que tomar él, requiere entender el derecho procesal, el negocio del cliente y la psicología de la decisión bajo incertidumbre. Esa triple comprensión es el verdadero contenido de la asesoría.

El abogado que no traduce tampoco cumple su deber de información. El consentimiento del cliente —para transar, para apelar, para seguir gastando— solo es informado si el cliente entendió. Un informe que el cliente no puede leer es, en sentido estricto, una falta profesional aunque sea impecable en la cita.

El tribunal también es cliente

No son solo los clientes comerciales. El tribunal es otro lector que decide bajo presión de tiempo, y la misma regla aplica: el escrito que abre con la tesis, estructura con encabezados honestos y corta la grasa facilita el fallo a favor si el derecho acompaña. La jerga ante el tribunal tiene el mismo defecto que ante el cliente: cobra un impuesto de interpretación a quien decide. Y quien decide con prisa, decide con lo que entendió.

Una habilidad entrenable

La buena noticia es que la traducción se entrena. Reescribir el primer informe de cada asunto en lenguaje claro antes de enviarlo. Explicar el caso en voz alta a alguien fuera del derecho y anotar dónde se pierde. Sustituir la cita legal por su consecuencia práctica y guardar la norma para el pie de página. Son ejercicios modestos que, sostenidos, cambian la relación con el cliente más que cualquier técnica de marketing.

Porque al final el cliente no compra conocimiento jurídico: compra comprensión de su propia situación. El abogado que lo entiende tiene un oficio para toda la vida; el que no, tiene un diploma y un problema.

El lenguaje claro como política pública

Hay, además, una dimensión colectiva. Los tribunales chilenos han ido incorporando estándares de lenguaje claro en sentencias y notificaciones, y organismos como la Biblioteca del Congreso Nacional publican guías de redacción ciudadana. La dirección es correcta: si el Estado exige claridad a sus propios textos, la abogacía no puede quedarse atrás escribiendo para sus pares. El lenguaje claro no es una moda de comunicación: es una condición de acceso a la justicia, y el traductor profesional es su primer operador.

Una objeción que merece respuesta

Se objeta a veces que el lenguaje claro pierde precisión, que ciertos matices solo caben en la terminología técnica. Es verdad a medias: la precisión debe vivir en el análisis, no en la superficie. El abogado hábil conserva el matiz en su criterio y entrega al cliente la consecuencia accionable, con la precisión técnica disponible en el anexo para quien la necesite. La jerga no es precisión: es el precio de entrada al club, y cobrarle ese precio al cliente es una elección, no una necesidad del derecho.

Preguntas frecuentes

¿Por qué se dice que el abogado es un traductor?

Porque el sistema jurídico y el cliente hablan idiomas distintos: el primero, el de la precisión técnica; el segundo, el del problema concreto. Convertir uno en otro sin perder exactitud es parte central del oficio.

¿Escribir en lenguaje claro significa perder precisión jurídica?

No. La precisión técnica y la claridad no son enemigas: una buena traducción conserva el sentido exacto y lo hace comprensible para quien no domina el vocabulario del Derecho.

¿La capacidad de traducir se puede entrenar?

Sí. Es una habilidad que se desarrolla con práctica deliberada: revisar los propios textos, explicar el caso al cliente antes de escribirlo y editar pensando en el destinatario.

Fuentes y límites

Columna de opinión de la redacción. Reflexión sobre la práctica de la abogacía, sin pretensión de agotar el tema ni de aplicarse a casos concretos. Información, no asesoramiento jurídico.