Opinión: la licencia médica no es un feriado, y el control por datos llegó para quedarse

La Corte Suprema confirmó esta semana la destitución de una funcionaria pública que viajó a Brasil mientras estaba con licencia médica por un trastorno depresivo grave, revocando a la Corte de Rancagua que había estimado desproporcionada la sanción. El fallo, cubierto en nuestra nota de actualidad, merece una reflexión aparte en esta sección de opinión en Chile: marca el fin de la licencia médica entendida como feriado encubierto.

El cambio de fondo no es judicial, es tecnológico

Durante décadas, el uso indebido de licencias fue una falta prácticamente invisible: detectarla exigía una denuncia o una fiscalización física improbable. Eso terminó. El caso se construyó con un cruce de datos entre licencias médicas y registros migratorios instruido por la Contraloría, una herramienta ordinaria que no requiere sospecha previa ni gran despliegue. Lo que antes dependía de la mala suerte del infractor hoy depende de una consulta entre bases de datos.

La lección para la abogacía que asesora a empleadores y funcionarios es doble. Primera: el consejo preventivo cambia de contenido; ya no basta explicar qué es una infracción a la probidad, hay que explicar que su detección es automática. Segunda: los cruces de datos van a llegar a más materias, y la defensa de los procedimientos disciplinarios exigirá revisar tanto la legalidad del cruce como el fondo de la conducta.

La proporcionalidad sigue viva, pero con piso

El voto de la Corte de Rancagua no era descabellado: ocho años de servicio, calificaciones sobresalientes, una licencia psiquiátrica real y pasajes comprados antes son atenuantes que un juez razonable puede ponderar. La Corte Suprema no negó esa lógica, sino que puso un piso: usar la licencia para un viaje particular al extranjero contradice tan frontalmente su finalidad terapéutica que la infracción a la probidad es grave por sí misma.

El criterio ordena el debate de la proporcionalidad hacia el futuro: las atenuantes operan sobre la sanción, pero no blanquean la naturaleza de la conducta. Para quienes litigamos, es un recordatorio de que los argumentos de proporcionalidad funcionan cuando reconocen la gravedad de lo probado, no cuando la eluden.

El deber de cuidado del propio reposo

Hay también una lectura humana que no conviene perder: una licencia por salud mental exige reposo real, y el sistema solo se sostiene si quien la usa respeta su finalidad. La credibilidad de las licencias legítimas (y de quienes genuinamente las necesitan) se defiende sancionando su abuso. El fallo, duro para la afectada, protege en el fondo la confianza en un instrumento diseñado para la salud de los trabajadores. Es la misma lógica de probidad que ordena la vida pública y que atraviesa otras reflexiones de esta sección.

Lo que viene

La discusión que sigue no es si el control por datos es legítimo (el fallo lo asume), sino cuáles son sus límites: qué bases pueden cruzarse, con qué autorización y bajo qué resguardos de privacidad. Esa frontera la irá fijando la jurisprudencia y, en parte, la futura Agencia de Protección de Datos. La abogacía administrativa tiene ahí un campo nuevo de litigio: no ya la licencia misma, sino la legalidad del mecanismo que la detectó.

La enseñanza práctica para los estudios es doble: asesorar a los empleadores en el diseño de controles proporcionados y a los trabajadores en los alcances de una licencia que, según el fallo, no autoriza a desconectarse por completo de la realidad laboral.

La tentación del caso fácil

Hay una última lección del fallo que merece mencionarse aparte, porque es incómoda: los casos de probidad que llegan a los titulares suelen ser los extremos, y construir política sobre el caso extremo es una tentación que el sistema debería resistir. La gran mayoría de las licencias médicas se tramitan sin noticia y sin abuso, y un diseño que castiga el uso legítimo para prevenir el abuso termina dañando precisamente a quienes el sistema de salud laboral debiera proteger. La tecnología que cruza datos y detecta patrones anómalos es una respuesta mejor calibrada que el endurecimiento general de requisitos: persigue el fraude sin convertir el reposo en sospecha.

Eso no quita que el debate sobre proporcionalidad en las sanciones siga abierto, y el fallo comentado lo deja claro: la destitución por uso incompatible con la licencia ya tiene piso jurisprudencial, y la discusión futura estará en dónde queda la línea entre el caso claro y el caso dudoso. Esa línea se definirá caso a caso, con la evidencia que la tecnología empiece a aportar.

La discusión de fondo, en definitiva, no es si perseguir el fraude (todos estamos de acuerdo en eso) sino con qué instrumentos y a costa de qué. La respuesta tecnológica y la respuesta sancionatoria pueden coexistir, pero solo si cada una se aplica donde corresponde: el cruce de datos para detectar, el debido proceso para probar, y la proporcionalidad para sancionar. Cuando alguna de las tres falta, el sistema se desequilibra, y el costo lo pagan justamente quienes usan la licencia para lo que existe: recuperarse.

Ese equilibrio es el que debiera guiar la discusión pública que viene, en el Congreso y fuera de él.

Fuentes y límites

Pieza de opinión de la redacción, basada en el fallo reportado por Diario Constitucional el 22 de octubre de 2026. Las opiniones son propias y no comprometen a las personas involucradas en el caso. Información, no asesoramiento jurídico.