Juzgar no se delega: el freno de la Corte Suprema a la renuncia de la ministra Aguirre

La Corte Suprema de Chile decidió no tramitar la renuncia de la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso Rosa Aguirre y, en su lugar, requirió un informe a ese tribunal de alzada para entender por qué no se ha iniciado una investigación disciplinaria formal. La magistrada, de 73 años, es investigada por presuntamente haber pagado a una abogada externa para redactar sus fallos durante casi 20 años, según informó La Era el 6 de noviembre. El gesto del pleno es inusual y deliberado: impedir que la salida voluntaria cierre el caso antes de que empiece.

Lo que decidió el pleno y por qué importa

La renuncia llegó al pleno acompañada de un certificado que acreditaba que la ministra no estaba sometida a sumario. Sobre el papel, todo estaba en regla para dejarla salir. Los ministros supremos, sin embargo, optaron por mirar detrás del certificado: si nadie abrió nunca un sumario, la ausencia de sumario no prueba inocencia, prueba inacción. Fuentes del máximo tribunal resumieron el criterio con una frase que debería quedar en los anales de la disciplina judicial: "Lo que se busca proteger es que una conducta así de grave no quede impune. De lo contrario, el mensaje que se transmitirá a la judicatura será que da lo mismo, y no hay sanciones, para quienes tienen la práctica de que sus sentencias sean redactadas por profesionales externos al Poder Judicial".

La Corte de Apelaciones de Valparaíso, por su parte, había optado inicialmente por solicitar un informe a la propia ministra Aguirre en lugar de abrir un sumario inmediato. Su presidenta, Silvana Donoso, explicó que una vez recibido el documento, el pleno de esa corte determinará los pasos a seguir, lo que podría incluir la apertura de un sumario disciplinario. La exigencia de la Suprema acelera ese reloj. La secuencia institucional queda así invertida respecto de lo habitual: ya no será la alzada la que determine si hay materia disciplinaria con los tiempos que estime convenientes, sino que deberá responder al máximo tribunal por la omisión misma. Esa supervisión vertical de la reacción disciplinaria es el mecanismo concreto por el que el pleno convierte su preocupación en presión efectiva.

La función de juzgar es personal e indelegable

El fondo del asunto no es administrativo, es constitucional en sentido material: la función de juzgar es personal e indelegable. Así lo planteó el docente de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo Diego Muñoz, citado en la nota, para quien la potestad de decidir no puede entregarse a un tercero, y menos a alguien ajeno al Poder Judicial. La distinción que propone es fina y relevante: si la ministra revisaba, corregía y firmaba fallos ajustados a derecho, no habría prevaricación; pero la entrega de información reservada a una externa podría encajar en el artículo 246 del Código Penal, sobre revelación de secretos. En sus palabras: "Si la ministra enviaba a una abogada externa el sentido de la decisión y los proyectos antes de la fecha de lectura, votos disidentes y expedientes de familia -de tramitación reservada-, eso puede encajar en el artículo 246 del Código Penal sobre revelación de secretos. Es un delito de pena baja, pero delito al fin".

La penalista Catherine Lathrop, también citada, apuntó al corazón institucional: hay que determinar si la elaboración de los fundamentos y la redacción implicaron una "delegación sustantiva de una función que corresponde ejercer personalmente a los jueces". El Código Orgánico de Tribunales es claro en que la redacción del fallo corresponde al ministro designado, quien debe ajustarse a lo resuelto por la mayoría. La redacción no es un trámite mecánico: es el acto en que la decisión judicial se convierte en razones públicas, y esas razones son las que las partes y la sociedad pueden controlar.

Veinte años de presunta delegación

El dato que convierte el caso en un problema sistémico es la duración: la abogada externa habría estado redactando fallos para la magistrada durante casi 20 años. Si eso se confirma, no estamos ante un episodio aislado de delegación apurada, sino ante una práctica instalada que atravesó cambios de presidente de corte, sistemas de gestión y controles. La pregunta incómoda es cuántos fallos firmados en ese periodo deberían ser revisados, y qué les dice el sistema a las partes que litigaron confiando en que quien firmaba era quien razonaba.

Hay un segundo frente: la renuncia como estrategia. Según la nota, la salida voluntaria habría sido una vía para evitar la investigación disciplinaria, pues de abrirse un sumario no podría renunciar. La magistrada se encuentra, además, con licencia médica desde el jueves de la semana pasada y no ha vuelto a integrar sala, según fuentes judiciales. La secuencia -investigación periodística, licencia, renuncia con certificado de no sumario- es un patrón que la ciudadanía ha visto demasiadas veces en la elite de las instituciones chilenas, y precisamente por eso el freno del pleno tiene un valor simbólico que excede el caso.

La confianza como bien jurídico dañado

Todo sistema de justicia descansa sobre una presunción operativa: quien firma el fallo es quien juzgó. Las partes no pueden verificar la autoría interna de una sentencia; confían en que el nombre estampado al pie responde por el razonamiento. Cuando esa presunción se quiebra -y veinte años de presunta delegación la quiebran en serio- el daño no lo sufre solo la judicatura de Valparaíso: lo sufre cada litigante que de ahora en adelante leerá una firma preguntándose quién escribió realmente lo que firma.

La arista penal que nadie ha movido todavía

Un silencio elocuente atraviesa la información publicada: hasta el momento, la Fiscalía Regional de Valparaíso no ha abierto ninguna investigación de oficio ni ha recibido denuncias formales contra la ministra. Si hay indicios de que información reservada -votos, proyectos, expedientes de familia bajo secreto- salió del tribunal durante dos décadas, la pregunta penal no depende de que alguien se anime a denunciar: depende de que el Ministerio Público haga lo que el diseño institucional espera de él. La historia reciente de la judicatura chilena -Rancagua y sus efectos- demuestra que la credibilidad del sistema se juega en la rapidez con que las instituciones persiguen a los suyos.

El precedente que está en juego

Más allá del caso individual, lo que el pleno está definiendo es el estándar de reacción institucional ante la duda razonable sobre la autoría de los fallos. Si la salida voluntaria con certificado de no sumario bastara para cerrar la puerta, cualquier magistrado bajo sospecha tendría un manual de escape de tres pasos: esperar la publicación, tramitar un certificado, renunciar. La Suprema acaba de declarar ese manual inaceptable. El mensaje hacia adentro de la judicatura es tan importante como el caso concreto: la disciplina judicial no puede depender de que el investigado decida quedarse.

Preguntas frecuentes

¿Por qué la Corte Suprema no aceptó la renuncia de la ministra Aguirre?

El pleno decidió no tramitarla y, en cambio, requirió un informe a la Corte de Valparaíso sobre por qué no se inició una investigación disciplinaria formal. Fuentes del máximo tribunal señalaron que se busca evitar que una conducta considerada grave quede impune.

¿De qué se acusa a la ministra Rosa Aguirre?

De haber pagado a una abogada externa para redactar sus fallos durante casi 20 años, una práctica que contraviene la normativa judicial, según la investigación publicada por La Era.

¿Puede haber consecuencias penales?

Expertos citados en la nota advierten que la entrega de información reservada a terceros podría configurar el delito de revelación de secretos del artículo 246 del Código Penal. Hasta la fecha de la información, la Fiscalía Regional de Valparaíso no había abierto investigación ni recibido denuncias formales.

Fuentes y límites

Pieza de opinión basada en la nota de Valentina Reyes publicada por La Era el 6 de noviembre de 2026 (enlace), que cita fuentes de la Corte Suprema, declaraciones de la presidenta de la Corte de Valparaíso y análisis de los juristas Diego Muñoz y Catherine Lathrop. Los hechos descritos son presuntos y están bajo investigación; la ministra Aguirre no ha ejercido públicamente su derecho a defensa en la cobertura consultada. La interpretación editorial es propia de este medio.

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