Los 18.000 menores de la guerra: la JEP obliga a mirar el reclutamiento de frente
Abortos forzados y fusilamientos: el llamado a reconocer responsabilidad de la JEP pone rostro y nombre al crimen que el país tardó décadas en mirar de frente.
La Jurisdicción Especial para la Paz llamó a reconocer responsabilidad a nueve exintegrantes de cuatro estructuras de las antiguas Farc por graves crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad cometidos contra más de 18.000 menores de edad reclutados forzosamente, informó El Espectador el 5 de noviembre de 2026. Entre las conductas descritas figuran abortos forzados y fusilamientos: un catálogo de barbarie ejercida, precisamente, contra los más indefensos de su propia organización. La decisión de la JEP no es un episodio procesal más: es la judicialización del crimen que Colombia tardó décadas en mirar de frente.
El crimen que no era noticia
El reclutamiento forzado de menores fue durante décadas un secreto a voces del conflicto: todo el país sabía que las guerrillas se llevaban a los niños, y sin embargo la magnitud real -más de 18.000 menores según la determinación de la JEP- solo se vuelve visible cuando un tribunal la convierte en hecho judicial. La cifra precisa que maneja la jurisdicción, según la información publicada, es de al menos 18.677 niños reclutados por las Farc en el marco del conflicto, y la decisión corresponde a la Sala de Reconocimiento de Verdad -la instancia de la JEP que instruye los macrocasos y convoca a los comparecientes a asumir su responsabilidad ante las víctimas. Los detalles que la información publicada atribuye a esa determinación -castigos por comerse una panela sin permiso o por ponerle sal al café de un jefe, abortos forzados, fusilamientos de quienes se negaban- describen un régimen de terror doméstico dentro de las estructuras armadas, ejercido sobre niñas y niños que ya eran víctimas por el solo hecho de haber sido reclutados.
Que esas conductas constituyan crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad -y no solo delitos ordinarios- es el aporte jurídico central: el estatuto de la JEP permite y exige esa calificación, y ella cambia la naturaleza de la respuesta que el Estado y la sociedad deben.
El llamado a reconocer: la lógica restaurativa en acción
El mecanismo utilizado -llamar a los comparecientes a reconocer responsabilidad- es el corazón del diseño de la justicia transicional colombiana: la verdad, el reconocimiento y la reparación como vía hacia sanciones con componente restaurador, en lugar del juicio puramente retributivo. Para que esa lógica sea legítima, el reconocimiento tiene que ser real: verdad completa, aportes a la reparación de las víctimas y compromisos de no repetición. Los nueve llamados tendrán la oportunidad -y la carga- de demostrar que el sistema funciona también para los crímenes más difíciles de mirar.
Las víctimas de este macrocaso tienen una particularidad que la JEP ha subrayado en su trabajo: muchas fueron a la vez víctimas y, en alguna medida, participantes forzados de la guerra. El reconocimiento de responsabilidad de quienes comandaban las estructuras es, para ellas, el primer paso de una reparación que incluye la recuperación de la infancia robada -en la medida en que algo así sea reparable.
El número que exige política pública
Dieciocho mil menores no son solo un dato judicial: son una deuda de política pública. Cada uno de esos menores es hoy un adulto con una historia de despojo -educación interrumpida, salud quebrada, redes familiares rotas, estigma- cuya atención y reparación exige programas sostenidos, no solo sentencias. La decisión de la JEP pone sobre la mesa la pregunta incómoda: ¿está el país atendiendo a esa población con la misma intensidad con que juzga a sus victimarios? La respuesta honesta exigirá presupuesto, institucionalidad y años de seguimiento.
La justicia transicional bajo presión
La decisión llega en un momento complejo para la JEP, sometida a cuestionamientos públicos sobre su trabajo, según consigna la propia información publicada. Este llamado llega en un momento de exigencia máxima para la JEP: la ciudadanía evalúa su trabajo con impaciencia, y los casos de crímenes contra menores son exactamente los que prueban si la justicia transicional puede producir verdad, responsabilidad y reparación donde el derecho penal ordinario no llegó durante décadas. Si el sistema logra que los llamados reconozcan y reparen, habrá demostrado su razón de ser en el terreno más difícil; si el reconocimiento se diluye en formalidades, la credibilidad de todo el edificio se resentirá.
La mirada del país -y la de las víctimas- estará puesta en lo que estos nueve comparecientes hagan a partir de ahora. La justicia transicional se juega su legitimidad no en las audiencias solemnes sino en la verdad completa que exige y en la reparación que hace efectiva.
Un deber de memoria
Más allá del proceso, la cifra y las conductas descritas imponen un deber colectivo: incorporar el reclutamiento de menores al centro de la memoria del conflicto, no como un capítulo lateral sino como uno de sus rasgos definitorios. Que haya costado décadas llegar a este punto dice menos del derecho que de la sociedad que no quiso ver. La JEP está haciendo su parte; la memoria -escolar, cultural, pública- es tarea de todos.
El largo camino de la prueba
Convertir veinte años de crímenes dispersos en hechos judiciales exige un trabajo probatorio monumental: testimonios de víctimas hoy adultas, registros de las propias estructuras, entregas de cuerpos e información de terceros. Que la JEP haya reunido el material para sustentar una determinación sobre más de 18.000 menores muestra la dimensión de ese esfuerzo -y también explica por qué la justicia transicional toma tiempo: la verdad judicialmente verificable no se apura, se construye.
Lo que sigue
El llamado abre una etapa en la que los comparecientes deberán decidir si reconocen la totalidad de los hechos y su responsabilidad, con las consecuencias restaurativas y sancionadoras previstas en el sistema. Las audiencias y los aportes de verdad que vengan definirán si este macrocaso cumple la promesa restaurativa para las miles de víctimas que esperan, en muchos casos desde hace más de dos décadas, que alguien diga con todas las letras lo que les hicieron.
Una prueba para todos
Al final, este macrocaso no prueba solo a la JEP ni a los comparecientes: prueba a la sociedad entera, que deberá sostener la mirada sobre unos crímenes incómodos hasta el final -la verdad completa, la responsabilidad reconocida, la reparación real- sin atajos ni distracciones. Esa constancia es la mitad silenciosa de cualquier acuerdo de paz.
La cifra y el nombre
Detrás del número hay una exigencia concreta: que cada víctima identificada reciba la atención que el sistema de reparación promete. La macrojusticia de los macrocasos solo se completa con la microjusticia de cada caso con nombre propio.
Preguntas frecuentes
¿Qué decidió la JEP sobre los menores reclutados por las Farc?
Llamó a reconocer responsabilidad a nueve exintegrantes de cuatro estructuras de las antiguas Farc por graves crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad contra más de 18.000 menores de edad reclutados forzosamente, según informó El Espectador el 5 de noviembre de 2026.
¿Qué conductas comprende la decisión?
Según la información publicada, incluye abortos forzados y fusilamientos, entre otros graves crímenes cometidos contra niñas y niños reclutados por la guerrilla.
¿Qué significa el llamado a reconocer responsabilidad en la JEP?
Es el mecanismo de la justicia transicional por el que los comparecientes pueden reconocer la verdad y su responsabilidad como vía hacia sanciones con componente restaurador, a cambio de aportes a la verdad, la reparación de las víctimas y la no repetición.
Fuentes y límites
- El Espectador: Abortos forzados y fusilamientos: los crímenes por los que la JEP imputó a nueve exfarc, 5 de noviembre de 2026. Columna de opinión elaborada con acceso parcial por suscripción; no constituye asesoramiento jurídico.
Lecturas relacionadas
Fuentes
- Fuente. Consultada el 7 de noviembre de 2026.
Las fuentes utilizadas se identifican en esta lista; las crónicas periodísticas se atribuyen a su medio de origen.
