Escribir para que entiendan: la deuda pendiente de la justicia colombiana
Una sentencia que el ciudadano no entiende cumple la mitad de su función: decide, pero no convence; manda, pero no explica.
Hay una escena que se repite en toda Colombia: alguien recibe la sentencia de su caso, la lee dos veces y se vuelve hacia su abogado con la pregunta más triste del oficio: y eso qué quiere decir. Si la persona a quien la decisión gobierna no puede entenderla sin traductor profesional, la justicia decidió pero no explicó, y una justicia que no explica no termina de hacer justicia. El lenguaje claro no es una moda de simplificación: es la deuda pendiente del derecho con sus destinatarios.
La justificación falsa del lenguaje oscuro
La defensa habitual del estilo jurídico tradicional invoca la precisión: el derecho es técnico y su lenguaje debe serlo. Es media verdad que oculta una mentira completa. La precisión es necesaria en los conceptos y en las decisiones; no en la arquitectura de las frases de doce líneas, ni en los arcaísmos de saludo, ni en el enroque de cláusulas que ningún fin técnico justifica. El verdadero origen del estilo oscuro es más viejo y más humano: la escritura como credencial de pertenencia, la señal de que quien escribe es de los que saben. El precio de esa credencial lo pagan los que no saben, que son exactamente para quienes el documento existe.
Lo que está en juego no es estético
El lenguaje tiene consecuencias de derecho. El ciudadano que no entiende la sentencia no sabe si le conviene apelar; el que firma el contrato que no entiende consiente sin informarse; el que no comprende la norma que lo obliga no puede cumplirla con conocimiento. Cada documento jurídico incomprensible es una falla en la cadena de legitimidad del sistema: la regla existe, pero no llega a quien gobierna. Y la desconfianza hacia la justicia -ese problema crónico de la conversación pública colombiana- no se alimenta solo de los fallos impopulares: se alimenta todos los días del idioma cerrado en que la justicia habla con la gente.
El movimiento ya empezó; falta que llegue a todos
Las buenas noticias existen: cortes que publican versiones ciudadanas de sus decisiones relevantes, jueces que escriben para ser leídos, estudios que redescubren que la claridad convence más que el barroco, facultades que enseñan la escritura jurídica clara como habilidad y no como concesión. El movimiento es real y desigual: convive con el escrito que abre con tres páginas de fórmulas, la demanda ilegible hasta para el abogado de la contraparte, el contrato de arrendamiento que ningún arrendatario jamás entendió. La pregunta ya no es si el lenguaje claro es posible -está demostrado que lo es- sino por qué sigue siendo opcional.
La objeción del plazo y su respuesta
La objeción sincera de muchos despachos y despachos judiciales es el tiempo: escribir claro toma más trabajo que escribir denso, porque condensar y ordenar es más costoso que acumular. Es cierto a medias: cuesta más al escribir y ahorra más al leer -al juez, al cliente, a la contraparte, al propio equipo que relee-. La cuenta total del sistema favorece ampliamente a la claridad; solo que quien paga el costo y quien recibe el ahorro son personas distintas, y ahí está la verdadera razón por la que el cambio se demora: es una inversión que el autor hace para beneficio de todos los demás. Reconocerlo así es el primer paso para asumirla.
La claridad es una disciplina, no un don
Escribir claro se aprende y se trabaja: es elegir la palabra corriente sobre la rebuscada, la frase corta sobre la espiral, la estructura que guía sobre la que exhibe, y -sobre todo- pensar al lector antes que al archivo. La disciplina tiene su regla de oro, aplicable a sentencias, escritos y correos: si el destinatario debe leerlo dos veces para entenderlo, está mal escrito. Y tiene su método: leer el propio texto con los ojos del destinatario, suprimir lo que solo decora, y explicar lo técnico cuando es inevitable en vez de esconderse detrás de él. Los abogados aprendimos a escribir como abogados; podemos aprender a escribir como abogados que quieren ser entendidos.
La responsabilidad es de toda la cadena
No es solo tarea de los jueces. El abogado que redacta el escrito claro ayuda a su cliente y ayuda al juez -y los jueces agradecen en silencio el escrito que se entiende a la primera-. El estudio que escribe contratos legibles reduce los conflictos futuros de sus propios clientes. El docente que califica la claridad y no la densidad forma la próxima generación del oficio. Y el medio jurídico que informa sobre derecho tiene su versión de la misma obligación: traducir sin traicionar, explicar sin banalizar. La cadena completa habla un idioma o habla dos; mientras hable dos, el ciudadano seguirá preguntando a su abogado y eso qué quiere decir.
El precedente que ya existe
No es una utopía: la experiencia comparada y la local muestran que se puede. Las versiones ciudadanas de fallos de las altas cortes demuestran que la decisión más compleja puede contarse en español corriente sin perder un ápice de rigor; los mejores escritos de los mejores litigantes son también los más claros. Lo que separa al sistema de la práctica generalizada no es la técnica -disponible y enseñada- sino la decisión: seguir escribiendo para el círculo o empezar a escribir para el país. Cada generación de juristas elige, y esta tiene la evidencia completa de que la elección es posible.
El cliente también juzga la claridad
Hay un argumento que la profesión debería escuchar por interés propio: el cliente evalúa a su abogado también por cómo le explica. El correo que el cliente entiende sin llamar a preguntar, el concepto que puede reenviar a su junta sin traducción, el contrato que su gente de negocios puede leer: esa claridad se percibe como dominio, no como simpleza. El mercado premia al abogado que hace fácil lo difícil, y castiga -con la duda silenciosa- al que hace difícil lo que podría ser fácil. La claridad, además de obligación pública, es ventaja comercial.
Una medida concreta para empezar
Los cambios de cultura se atascan en la generalidad; conviene aterrizarlos. Una medida al alcance de cada despacho y cada juzgado: la próxima pieza que se firme -escrito, concepto, contrato- pasa por la prueba del destinatario antes de salir. Leída en voz alta, pensada para quien la recibe, limpiada de las fórmulas heredadas que nadie recuerda para qué servían. Si esa sola prueba se aplicara con constancia, el idioma de la justicia empezaría a cambiar esta semana, documento a documento, sin esperar ninguna reforma.
Preguntas frecuentes
¿El lenguaje claro no sacrifica precisión jurídica?
No: sacrifica oscuridad, que es otra cosa. Los conceptos técnicos necesarios se mantienen y se explican; lo que desaparece es la ornamentación. El fallo claro y preciso es más difícil de escribir que el oscuro, y esa dificultad es el verdadero trabajo.
¿Escribir simple no desprestigia al abogado ante sus pares?
El prestigio entre pares se construye con la calidad del argumento, no con la densidad de la prosa. El escrito claro destaca precisamente porque es raro: el juez lo lee completo, lo entiende y lo recuerda.
¿Por dónde empieza un estudio que quiere cambiar su estilo?
Por los documentos que más usa: la plantilla del escrito frecuente, el correo al cliente, el contrato tipo. Reescribir esos tres con la regla del destinatario cambia más la práctica que cualquier manual de estilo.
¿Esto aplica también a los contratos entre empresas?
Aplica con más razón: el contrato que ambas partes entienden se cumple mejor y se litiga menos. La claridad contractual es gestión de riesgos, no estética.
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