Fichajes, movimientos de socios, operaciones corporativas y rankings de las firmas que lideran el mercado legal.
La Ley 4/2023 obliga a las empresas de más de cincuenta personas trabajadoras a contar con un conjunto planificado de medidas para la igualdad de las personas LGTBI, con un protocolo frente al acoso y la violencia. El Real Decreto 1026/2024 concreta cómo negociarlo y qué debe incluir.
Los honorarios de los abogados se pactan libremente, y la Ley de Colegios Profesionales prohíbe a los colegios recomendar precios. Solo pueden elaborar criterios orientativos con una finalidad muy concreta: la tasación de costas y la jura de cuentas. Explicamos el alcance de la regla.
Un despacho de abogados es una empresa y sus trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en seguridad y salud. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales exige integrar la prevención en la gestión, evaluar los riesgos y organizarla de una forma que depende del tamaño de la plantilla.
Cuando en un despacho el trabajo a distancia alcanza el treinta por ciento de la jornada en tres meses, la Ley 10/2021 exige un acuerdo escrito con un contenido mínimo. Repasamos las obligaciones para la dirección del despacho.
El conflicto de intereses es uno de los riesgos deontológicos más relevantes para un despacho con muchos clientes. El Código Deontológico de la Abogacía Española le dedica ocho reglas en su artículo 12, y la última extiende todas las demás al despacho en su conjunto.
La Ley 2/2023, de protección de las personas que informan sobre infracciones, obliga a las empresas con 50 o más trabajadores a tener un sistema interno de información. Un despacho de ese tamaño no es una excepción. Explicamos qué exige y cómo encaja con el secreto profesional.
