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Las colaboraciones entre despachos, las salidas de socios y los acuerdos con otros profesionales plantean la misma pregunta: ¿se pueden repartir los honorarios? El Código Deontológico fija una regla general y cuatro excepciones, y prohíbe pagar comisiones por captar clientes salvo que se informe al cliente.
Un despacho organizado como sociedad es una persona jurídica y puede responder penalmente por determinados delitos. El Código Penal permite quedar exento si existe un modelo de organización y gestión eficaz, y fija seis requisitos para ese modelo. Los repasamos desde la perspectiva de una firma.
El conocimiento acumulado por un despacho, como sus modelos, su metodología o su información comercial, puede protegerse como secreto empresarial. Pero la Ley 1/2019 solo lo protege si el despacho adopta medidas razonables para mantenerlo en secreto, y no permite restringir la movilidad de los profesionales.
El Registro Central de Titularidades Reales, creado por el Real Decreto 609/2023, centraliza la información sobre quién controla las sociedades y otras entidades. Para los despachos que intervienen en operaciones corporativas es a la vez una obligación de sus clientes y una herramienta de diligencia debida.
Los honorarios de los abogados se pactan libremente, y la Ley de Colegios Profesionales prohíbe a los colegios recomendar precios. Solo pueden elaborar criterios orientativos con una finalidad muy concreta: la tasación de costas y la jura de cuentas. Explicamos el alcance de la regla.
El conflicto de intereses es uno de los riesgos deontológicos más relevantes para un despacho con muchos clientes. El Código Deontológico de la Abogacía Española le dedica ocho reglas en su artículo 12, y la última extiende todas las demás al despacho en su conjunto.
