La SCJN decidirá si es constitucional conservar datos telefónicos hasta 24 meses y entregarlos sin orden judicial
El Pleno discute este martes un proyecto que avala la conservación obligatoria de metadatos y la geolocalización en tiempo real previstas en la ley de telecomunicaciones expedida en 2025.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza este martes 17 de noviembre si es constitucional obligar a los concesionarios de telecomunicaciones a conservar los metadatos, registros de llamadas y datos de tráfico de las comunicaciones de sus usuarios (12 meses con consulta y entrega en tiempo real y 12 meses adicionales en almacenamiento electrónico, con entrega en 48 horas, según el artículo 183, fracción II, de la ley) y a entregarlos a las instancias de seguridad y procuración de justicia que lo requieran, en un esquema que la nota de Milenio describe como exento de orden judicial previa. La ministra María Estela Ríos González, ponente del proyecto, propondrá declarar constitucionales las normas impugnadas y negar el amparo promovido contra ellas, según reportó Milenio.
La reforma impugnada
El 16 de julio de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que abrogó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Una persona quejosa promovió amparo contra las fracciones I, II inciso g, III, VII y VIII del artículo 183 de esa ley, que establecen la conservación obligatoria de datos y su entrega a las autoridades.
El artículo 182 alcanza además a los autorizados y a los proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos, obligados a atender los mandamientos escritos, fundados y motivados, de la autoridad competente. La colaboración en la geolocalización en tiempo real y el bloqueo de señales, en cambio, son deberes del artículo 183, dirigido a los concesionarios y, en su caso, a los autorizados que determine la Comisión.
Los argumentos del amparo
La quejosa sostuvo que la reforma vulnera los derechos a la privacidad y a la protección de datos personales, al imponer una conservación obligatoria que calificó de masiva e indiscriminada, sin sospecha individualizada ni autorización judicial previa. Añadió que el esquema genera un efecto paralizador sobre las libertades de expresión y asociación, al crear una percepción de vigilancia permanente, y que el acceso a datos de geolocalización en tiempo real sin autorización judicial lesiona también el debido proceso.
Qué propone el proyecto de la ministra Ríos González
El proyecto de la ministra ponente parte de una distinción central: la información que la ley ordena conservar está integrada por datos vinculados a la prestación del servicio de telecomunicaciones y no por el contenido de las comunicaciones privadas. En esa lógica, la medida legislativa únicamente autoriza la conservación de información relacionada con el proceso comunicativo en los términos previstos por la propia ley.
El proyecto recuerda que la ley persigue finalidades vinculadas con la seguridad pública y la procuración de justicia, y que contiene mecanismos de control destinados a proteger la información de las personas usuarias. Subraya, además, que la disposición impugnada no obliga a las personas usuarias a generar, conservar, transmitir o entregar información a las autoridades, sino que regula el actuar de los concesionarios y autorizados dentro del ámbito de la actividad económica que desarrollan y bajo las condiciones establecidas por la ley.
En la exposición de motivos de la reforma, citada por el proyecto, se señaló que la información asociada a los servicios de telecomunicaciones constituye una herramienta necesaria para que las autoridades competentes en materia de procuración de justicia, prevención del delito y seguridad nacional ejerzan sus atribuciones y generen información útil para el combate a la delincuencia.
La geolocalización en tiempo real
Sobre el punto más delicado, el proyecto considera que ubicar un equipo móvil en tiempo real no equivale a intervenir comunicaciones privadas. La medida permitiría conocer la ubicación aproximada de un dispositivo relacionado con una investigación, pero no revelaría el contenido de llamadas o mensajes, ni quiénes se comunicaron, con qué frecuencia o durante cuánto tiempo.
La propuesta estima que la geolocalización puede restringir temporalmente un derecho, pero no lo suprime de manera definitiva. Por ello sostiene que la medida debe ajustarse al artículo 16 constitucional y a las leyes aplicables, con un mandamiento de autoridad competente que funde y motive la causa legal.
La ministra puntualiza, además, que la ley no establece mecanismos de vigilancia directa, monitoreo permanente o acceso irrestricto a las comunicaciones de las personas usuarias.
Las obligaciones concretas del artículo 183
El esquema impugnado reparte obligaciones entre sujetos distintos. El artículo 182 obliga a los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, a los autorizados y a los proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos a atender todo mandamiento por escrito, fundado y motivado, de la autoridad competente, en los términos que establezcan las leyes. El artículo 183 se dirige a los concesionarios y, en su caso, a los autorizados que determine la Comisión: su fracción II les ordena conservar los datos descritos durante los primeros doce meses en sistemas que permitan su consulta y entrega en tiempo real, y por doce meses adicionales en sistemas de almacenamiento electrónico, con entrega dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de la solicitud. La fracción I del mismo artículo les exige colaborar en la localización geográfica en tiempo real de los equipos móviles, y la quejosa impugna además las obligaciones de bloqueo de señales.
La fracción III del artículo 183 ordena entregar los datos conservados a las autoridades del artículo 182 que así lo requieran, "conforme a sus atribuciones" y "de conformidad con las leyes aplicables". La nota de Milenio describe el esquema como una entrega sin previa orden judicial, y ese punto, la ausencia de control judicial anticipado, es el centro de la objeción de inconstitucionalidad según la fuente; la ley no dice en qué supuestos concretos cada autoridad puede requerir los datos, remisión que corresponde a las leyes aplicables.
El contraste con el artículo 16 constitucional
El artículo 16 de la Constitución reserva las intervenciones que afectan la esfera privada a mandamientos de autoridad competente, fundados y motivados. La discusión que tendrá el Pleno es si la conservación de metadatos y la geolocalización aproximada encajan en esa exigencia o si, como sostiene el proyecto, se trata de obligaciones regulatorias sobre una actividad económica que no alcanzan el contenido de las comunicaciones.
La respuesta que dé la Corte definirá el estándar aplicable a otros deberes legales de retención de datos impuestos a empresas privadas, un tema que trasciende al sector de las telecomunicaciones.
Qué sigue
El Pleno votará el proyecto en su sesión de este martes. Si se aprueba, las fracciones impugnadas del artículo 183 quedarán confirmadas como constitucionales en ese juicio de amparo, y la discusión sobre conservación de datos y geolocalización continuará en otros expedientes y en el debate legislativo y regulatorio. Si el proyecto no alcanza mayoría, el asunto podría turnarse a otro ministro o modificarse antes de una nueva votación.
Para las operadoras y los proveedores de aplicaciones, la vigencia del artículo 183 implica mantener los sistemas de conservación y entrega de datos en los términos de la ley. Para los estudios jurídicos, el desenlace de este amparo marcará el estándar con el que la Corte revisa deberes de conservación de datos impuestos a privados.
Preguntas frecuentes
¿Qué decidirá la SCJN sobre los datos telefónicos?
Si es constitucional que los concesionarios conserven metadatos, registros de llamadas y datos de tráfico (12 meses con entrega en tiempo real y 12 adicionales en almacenamiento, con entrega en 48 horas) y los entreguen a las instancias de seguridad y procuración de justicia, en un esquema que la fuente describe como exento de orden judicial previa. La ministra ponente propone declarar constitucional la ley y negar el amparo.
¿Qué normas se impugnaron?
Las fracciones I, II inciso g, III, VII y VIII del artículo 183 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, nueva ley publicada el 16 de julio de 2025 que abrogó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. También se cuestionan las obligaciones de bloquear señales y permitir la geolocalización en tiempo real.
¿La conservación incluye el contenido de las llamadas?
Según el proyecto de la ministra Ríos González, no. La ley ordena conservar datos asociados al proceso comunicativo, no el contenido de las comunicaciones privadas. Esa distinción es el eje del argumento de constitucionalidad.
¿Qué pasa con la geolocalización en tiempo real?
El proyecto sostiene que ubicar un equipo móvil no equivale a intervenir comunicaciones y que la medida debe sujetarse al artículo 16 constitucional, con mandamiento de autoridad competente fundado y motivado.
Fuentes y límites
Milenio, "Ministra de la Corte propone avalar conservación de datos telefónicos y geolocalización en tiempo real", Rubén Mosso, 16 de noviembre de 2026, leída íntegra y consultada el 17 de noviembre de 2026. Se cotejó además el texto vigente de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (nueva ley, DOF 16-07-2025), artículos 182 y 183, en la versión oficial de la Cámara de Diputados: la conservación es de 12 meses con consulta y entrega en tiempo real más 12 meses adicionales en almacenamiento electrónico con entrega en 48 horas, régimen más amplio que la referencia a "12 meses" de la nota. Fuente periodística: la nota describe el proyecto de la ministra ponente y los argumentos del amparo, pero no reproduce el proyecto ni la sentencia; el nombre de la persona quejosa y el número del expediente no constan en la fuente. La sesión pública ordinaria del Pleno del martes 17 de noviembre de 2026 consta en el listado oficial de la Corte, que incluye un amparo en revisión con ponencia de la ministra Ríos González proveniente del juzgado de distrito especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones; el asunto concreto y su descripción provienen de la nota de Milenio. El resultado de la votación no estaba disponible al cierre de esta edición (la sesión aún no se había celebrado en horario de México). Información, no asesoramiento jurídico.


