Opinión: un cliente que cambia de abogado no es una cuenta fugada
Opinión editorial sobre la libertad del cliente para cambiar de abogado y la continuidad del servicio, a partir del artículo 5 de la LO 5/2024.

Cuando un cliente decide trabajar con otro abogado, el lenguaje del despacho puede convertirlo en una pérdida de cartera, una fuga o una cuenta que alguien se ha llevado. Son expresiones comprensibles en una conversación económica. El problema aparece cuando ese vocabulario desplaza a la persona que ha tomado la decisión. Esta columna sostiene que la continuidad de una relación profesional debe merecer una explicación desde el interés del cliente, no solo desde el interés de quienes se reparten su facturación.
El punto de partida jurídico no es nuevo. El artículo 5 de la Ley Orgánica 5/2024, del Derecho de Defensa, reconoce el derecho a elegir libremente al profesional que asiste en la defensa y a prescindir de sus servicios, sin perjuicio de las excepciones legales por razones justificadas. El segundo apartado dispone que, cuando se ejerza la sustitución, se adopten las medidas oportunas para asegurar que el nuevo profesional acceda a la información que estime adecuada para la defensa. A partir de ese marco, lo que sigue es una posición editorial, no una resolución sobre un conflicto concreto.
Esta reflexión continúa el debate sobre confianza del cliente y captación, pero desplaza la atención al momento en que el cliente decide terminar la relación, no a cómo conseguir el encargo.
La relación no es una propiedad
Un despacho puede invertir durante años en atender a una organización. Un socio puede haber abierto la relación y otro haberla mantenido. Reconocer esas aportaciones es una cuestión legítima de organización interna. Convertirlas en un título sobre la voluntad del cliente sería otra cosa.
La diferencia importa incluso cuando nadie discute formalmente la libertad de elección. Si toda salida se interpreta como una traición, resulta difícil preguntar con honestidad por sus motivos. Puede haber un cambio de necesidades, una preferencia por otro equipo o un desacuerdo con el servicio. No hace falta suponer cuál de esas situaciones existe para reconocer que la decisión no se explica únicamente desde dentro del despacho.
La propuesta no es celebrar cada marcha ni negar sus costes. Es evitar que el impacto económico se convierta en el criterio exclusivo para juzgarla. Una firma tiene que gestionar ingresos; quien necesita defensa tiene que poder decidir a quién confiarla dentro del marco legal aplicable.
La continuidad no debería depender de un conflicto entre socios
La discusión sobre quién inició una cuenta y quién merece reconocimiento puede ser compleja. El cliente no tendría por qué convertirse en el instrumento para resolverla. Si cambia el equipo, lo primero debería ser explicar quién atenderá el asunto y cómo se preservará la continuidad, sin trasladarle una pugna que no le corresponde arbitrar.
Esta columna no propone ignorar contratos, deberes profesionales o reglas de competencia. Tampoco afirma que cualquier conducta vinculada a un cambio de despacho sea lícita. Defiende un orden de prioridades: examinar las controversias que procedan sin perder de vista la decisión y la defensa de la persona asistida. La existencia de una discusión interna no permite dar por supuesto que el cliente carece de criterio propio.
Compartir la relación no equivale a decidir por el cliente
Que varias personas del despacho conozcan una cuenta puede mejorar la capacidad de atenderla cuando alguien falta. De ahí no se deduce que el cliente deba aceptar cualquier sustitución del interlocutor que eligió. La organización interna y la confianza externa no son la misma decisión, aunque puedan estar relacionadas.
Esta es una razón para explicar los cambios de equipo en lugar de darlos por evidentes. El cliente puede querer continuidad de una persona, acceso a una práctica concreta o una combinación distinta de profesionales. No corresponde a esta columna decir qué preferencia debe prevalecer en todos los supuestos. Sí defender que conocerla forma parte de tratar al cliente como alguien que decide, y no como un ingreso asignado a una casilla.
El mismo criterio sirve cuando un socio cambia de firma. No debería suponerse de antemano ni que todos los clientes lo seguirán ni que ninguno puede hacerlo. El análisis de cada situación exige respetar los límites legales y profesionales que correspondan. Lo que se cuestiona aquí es la comodidad de borrar la elección del cliente mediante una presunción favorable a cualquiera de las dos firmas.
La salida también describe el servicio
La ley aporta una referencia concreta al acceso a la información cuando se ejerce la sustitución. La conclusión editorial es que la calidad de una relación profesional también se aprecia cuando termina. No solo en la reunión inicial, cuando todos desean que el encargo empiece.
Explicar lo que queda pendiente y facilitar una transición comprensible son objetivos de servicio que pueden evaluarse sin inventar un protocolo universal. Las medidas adecuadas dependerán del asunto y de las reglas aplicables. El artículo 5 no es, por sí solo, un calendario de entrega ni una solución completa para todos los desacuerdos sobre documentación u honorarios.
Ese límite evita convertir una idea razonable en un consejo jurídico excesivo. La columna no sostiene que desaparezcan las obligaciones pendientes por cambiar de abogado. Sostiene que discutirlas no debería borrar a quien ejerce la elección ni confundir su decisión con una mera transferencia entre balances.
Una despedida correcta no necesita convertirse en una campaña
Puede resultar tentador transformar la salida en otra oportunidad comercial: una última presentación, una oferta improvisada o una sucesión de llamadas para cambiar la decisión. Esta columna propone preguntarse primero si el cliente desea esa conversación. No toda salida es negociable ni toda negativa necesita ser tratada como una objeción pendiente de superar.
Eso no impide aclarar un malentendido o corregir un error. Distingue una explicación útil de una presión que ya no atiende al asunto del cliente. La propuesta es de criterio profesional, no una prohibición general de realizar ofertas ni una descripción de lo que hacen todos los despachos.
La guía sobre pasar de la consulta inicial al encargo aborda la claridad al comenzar. La exigencia editorial de esta columna es mantener esa misma atención cuando la decisión es la contraria.
La transparencia debería sobrevivir a la decisión de irse
El artículo 6 de la misma ley reconoce derechos de información que incluyen el estado del asunto, las incidencias y resoluciones relevantes y los costes generales del proceso y el procedimiento para fijar honorarios. Esos contenidos ayudan a situar la relación en torno a decisiones informadas. No se cita el precepto como si creara un formulario específico de despedida.
La conclusión editorial es más modesta: la claridad no debería reservarse a quien está a punto de contratar. Si un despacho explica bien el trabajo al inicio, pero deja de hacerlo cuando se cuestiona su continuidad, está utilizando la información como incentivo de permanencia. Es una forma de entender el servicio que esta columna rechaza. La defensa de la libertad de elección merece coherencia precisamente cuando conservar la relación ya no resulta seguro.
Preguntar sin pedir una justificación de lealtad
Un despacho puede querer saber por qué termina una relación. La pregunta será más útil si admite respuestas incómodas y si no se formula como una exigencia de gratitud. El tiempo dedicado merece reconocimiento profesional; no compra una obligación indefinida de permanencia.
La discusión sobre el reparto del crédito de originación trata de incentivos dentro de la firma. Esta reflexión se sitúa al otro lado: el cliente no es la unidad con la que se resuelve ese reparto. La relación puede ser valiosa para todos y seguir siendo una relación que la persona asistida tiene derecho a reconsiderar. Defender esa diferencia es una forma de tomarse en serio su libertad.