La Suprema Corte fija plazos al INAU y al Pereira Rossell por los niños internados sin causa médica

La Suprema Corte de Justicia aprobó el 8 de octubre una acordada que fija plazos de actuación al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), al Centro Hospitalario Pereira Rossell y a los juzgados para resolver la situación de niños y adolescentes de hasta 15 años que permanecen internados aunque ya recibieron el alta médica, según informó El País el 19 de octubre de 2026. La Corte describió el escenario como de potencial "violencia institucional". Es una decisión con impacto directo en el trabajo de los juzgados de familia, que seguimos en la actualidad jurídica de Uruguay.

Qué dispone la acordada

Según la información publicada, la Corte determinó que la falta de una alternativa de cuidado no justifica por sí sola mantener hospitalizados a los menores y fijó plazos de 12 horas, 24 horas y 10 días para distintas actuaciones del INAU y del hospital. La acordada no establece multas ni sanciones específicas para los organismos o funcionarios que incumplan esos plazos.

El problema de fondo lleva años documentado. En abril de 2025, el director del Pereira Rossell, Gustavo Giachetto, sostuvo que entre el 30 % y el 40 % de los niños y adolescentes hospitalizados permanecían en el centro pese a contar con el alta médica, por no tener una familia constituida o un referente que pudiera hacerse cargo fuera del hospital. En febrero de 2026, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo definió la situación como un problema estructural, con advertencias que se remontan a 2017, y señaló entre sus causas la insuficiencia de alternativas de acogimiento, las dificultades de coordinación entre organismos y las demoras administrativas y judiciales.

Por qué interesa a los operadores jurídicos

Para los juzgados intervinientes, la acordada ordena un circuito de actuación con plazos concretos que los estudios deberán vigilar en cada expediente de niños judicializados. Aunque la propia resolución no prevé sanciones, los plazos crean un estándar frente al que medir demoras y, en su caso, habilitan reclamos por la vía institucional o judicial correspondiente.

La acordada también ilustra el uso del instrumento de gobierno judicial para abordar un problema sistémico: en lugar de resolver un caso concreto, la Corte ordena la actuación coordinada de los tres actores -INAU, hospital y juzgados- con tiempos definidos.

Qué queda por conocer

El texto completo de la acordada y su numeración oficial no constan en la información periodística disponible; ambos deben consultarse en los canales del Poder Judicial cuando se publiquen. Tampoco consta un mecanismo de seguimiento público del cumplimiento de los plazos.

Para el marco de acceso a la información judicial, está el acuerdo entre IMPO y la Suprema Corte, y para otras acordadas recientes, el análisis del juzgado de ejecución y vigilancia de la libertad.

El marco de protección

Uruguay cuenta con un Código de la Niñez y la Adolescencia que ordena la actuación del INAU como organismo rector de la protección de los derechos de los menores, y con un Poder Judicial que interviene en las medidas de cuidado cuando hay judicialización. La situación descrita -niños que ya tienen el alta médica pero no destino de cuidado- tensiona precisamente esa arquitectura: ni el hospital puede cumplir funciones de acogimiento ni los juzgados pueden resolver sin alternativas ofrecidas por el organismo especializado. La acordada intenta romper ese círculo fijando tiempos máximos a cada actor.

Fuentes y límites

Fuente: nota de El País del 19 de octubre de 2026, consultada el 20 de octubre de 2026, basada en la acordada divulgada por la Suprema Corte de Justicia. El texto íntegro de la acordada no ha sido publicado en la fuente consultada; los detalles deben confirmarse ante el Poder Judicial. Información, no asesoramiento jurídico.