IMPO y la Suprema Corte firman un acuerdo para potenciar la base de datos judicial

IMPO -Centro de Información Oficial- y la Suprema Corte de Justicia firmaron el miércoles 14 de octubre de 2026 un acuerdo para crear, mantener y potenciar la Base de Datos Institucional del Poder Judicial, según informó la propia IMPO en su sitio oficial, consultado el 20 de octubre. La iniciativa busca fortalecer el acceso a la información judicial y contribuir a su difusión a través de las herramientas digitales que brinda IMPO. Es una novedad relevante para el trabajo diario de los estudios, que seguimos en la actualidad jurídica de Uruguay.

Quiénes firmaron y qué se acordó

La ceremonia se realizó en la sala Odriozola de la Suprema Corte de Justicia, con la firma del director general de IMPO, Miguel Lorenzoni Herrera; de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Doris Morales; y de la directora general de los Servicios Administrativos, Patricia Porley. Según el comunicado oficial, el acuerdo apunta a crear, mantener y potenciar la Base de Datos Institucional del Poder Judicial.

El comunicado no detalla plazos, alcance de los contenidos ni el calendario de implementación, extremos que habrá que seguir en los canales de ambos organismos.

Por qué importa a la práctica jurídica

IMPO es el centro de información oficial del Estado uruguayo: publica el Diario Oficial y concentra normas, jurisprudencia y doctrina administrativa. Una base de datos institucional del Poder Judicial potenciada con sus herramientas apunta a mejorar un insumo básico del ejercicio profesional: el acceso ordenado, actualizado y gratuito a la actividad judicial. Para los abogados, la calidad de las bases públicas condiciona desde la preparación de escritos hasta la investigación de jurisprudencia y la asesoría preventiva.

La experiencia comparada muestra que el valor de estas iniciativas depende de tres factores: cobertura real de las decisiones, rapidez de publicación y herramientas de búsqueda. Son los puntos a observar cuando el proyecto se despliegue.

Contexto: digitalización judicial en marcha

El acuerdo se suma a otras medidas recientes del Poder Judicial uruguayo en materia de digitalización, como la ampliación del pago electrónico de la tasa judicial y la ventanilla única de comunicaciones electrónicas. En paralelo, IMPO atraviesa su propia modernización tecnológica. Para el ejercicio independiente, las obligaciones administrativas ante DGI y la Caja de Jubilaciones se repasan en la guía del abogado independiente en Uruguay, y sobre el uso responsable de la IA en el estudio, está el análisis del marco vigente para abogados en Uruguay.

El comunicado oficial está disponible en el sitio de IMPO.

Qué puede cambiar para los estudios

Si la base se consolida como referencia pública, los estudios ganan un punto de partida común para la investigación jurídica: menos dependencia de recortes, compilaciones privadas o pedidos de informes a las oficinas judiciales. Para los juzgados y dependencias, una difusión ordenada reduce la carga de atención de consultas repetitivas. Y para la ciudadanía, el acceso claro a la información judicial es una condición del control democrático de la justicia.

El anuncio se inscribe en la política de transparencia que ambos organismos vienen desarrollando y conviene seguirlo con atención: la experiencia regional indica que estos acuerdos marcan diferencias reales solo cuando se traducen en calendarios de publicación y coberturas cerradas.

IMPO recordó además su rol como canal oficial de difusión del Estado, función que ejerce desde la publicación del Diario Oficial hasta sus servicios digitales de consulta normativa.

Fuentes y límites

Fuente: comunicado oficial de IMPO sobre el acuerdo con la Suprema Corte de Justicia, consultado el 20 de octubre de 2026. El comunicado no publica el texto del convenio ni su calendario de ejecución; esos detalles deben seguirse en los canales oficiales de IMPO y del Poder Judicial. Información, no asesoramiento jurídico.