El TSJ valenciano anula el alta de oficio de una asesora financiera en el Régimen General: la TGSS no probó la relación laboral
El TSJCV anula el alta de oficio que la TGSS impuso a una asesora financiera de Banco Mediolanum encuadrada en el RETA desde 2010.
La línea que separa al autónomo del asalariado encubierto vuelve a pasar por los tribunales, esta vez con victoria del profesional. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha anulado el alta de oficio en el Régimen General de la Seguridad Social que la Tesorería General (TGSS) impuso a una asesora financiera de Banco Mediolanum, según informa Economist & Jurist.
Un contrato mercantil desde 2010
La recurrente prestaba servicios para el banco desde 2010 en virtud de un contrato marco mercantil para la promoción de productos financieros, de inversión y de seguros, y estaba encuadrada en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Tras una actuación de la Inspección de Trabajo, la TGSS acordó darla de alta de oficio en el Régimen General, con el consiguiente impacto en cotizaciones para la entidad.
La Sala concluye que la conversión automática no se sostiene: la administración no acreditó los elementos esenciales de la laboralidad —ajenidad y dependencia— con el estándar que exige un alta de oficio, una medida de especial trascendencia que no puede descansar en indicios insuficientemente contrastados. La sentencia recuerda que la carga de la prueba en estos procedimientos pesa sobre quien pretende alterar el régimen de encuadramiento elegido por las partes.
Qué significa para los autónomos del sector financiero
El sector financiero es uno de los terrenos clásicos de esta batalla: redes comerciales de bancos y aseguradoras operadas por profesionales en RETA con contratos mercantiles de promoción. La doctrina valenciana no blinda esos modelos —cada caso depende de sus hechos—, pero sí fija dos exigencias prácticas relevantes. La primera: la Inspección y la Tesorería deben acreditar la laboralidad de forma específica, no por presunción genérica derivada de la exclusividad o la continuidad del servicio. La segunda: la documentación mercantil coherente —contrato marco, facturación, ausencia de horarios y de subordinación— sigue siendo la mejor defensa preventiva del autónomo.
Para los profesionales encuadrados en el RETA, la decisión se suma al catálogo de cautelas habituales: revisar que la operativa real no contradiga el contrato mercantil y conservar la prueba de la autonomía efectiva, en línea con las obligaciones de facturación y retenciones del abogado autónomo y con el marco de protección de datos aplicable al ejercicio independiente.
Qué exige un alta de oficio
El alta de oficio en el Régimen General es una de las actuaciones de mayor impacto que puede adoptar la administración de la Seguridad Social: supone reencuadrar a un profesional desde el RETA al régimen de los asalariados, con las cuotas empresariales retroactivas que ello conlleva para la entidad contratante. Precisamente por esa trascendencia, la jurisprudencia exige que la conversión se apoye en la acreditación específica de los elementos que definen la relación laboral: la ajenidad —el trabajo se realiza por cuenta y riesgo del empresario— y la dependencia —sujeción al poder de dirección, horarios, órdenes y disciplina—.
En el caso enjuiciado, la Sala valora que la recurrente operaba bajo un contrato marco mercantil suscrito en 2010 para la promoción de productos financieros, de inversión y de seguros, y que la administración no desplazó esa realidad contractual con prueba suficiente de una subordinación efectiva. La sentencia no niega que pueda existir laboralidad encubierta en las redes comerciales financieras; lo que afirma es que no se presume, y que la Inspección y la Tesorería deben demostrarla caso a caso.
Lecciones para contratantes y profesionales
Para bancos, aseguradoras y gestoras que operan con redes de asesores en RETA, el fallo refuerza la importancia de la coherencia documental: contratos mercantiles reales, facturación por servicios, ausencia de horarios impuestos y autonomía en la organización. Para el autónomo, la sentencia confirma que conservar la evidencia de esa autonomía —correos, facturas, condiciones del contrato marco— es la mejor defensa ante una inspección. Y para ambas partes, la advertencia de fondo: la reencuadre de un régimen a otro no es una cuestión de etiqueta, sino de hechos probados, y el coste de una alta de oficio improcedente acaba recayendo sobre quien la impulsó sin base.
Fuente: Economist & Jurist, verificado el 3 de noviembre de 2026.
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Fuentes
- economistjurist.es. Consultada el 3 de noviembre de 2026.
Los datos concretos de este artículo proceden de las fuentes oficiales citadas.
