Aliaga Solar II: el Ministerio desestima el proyecto fotovoltaico de 80 MWp en Almogía (Málaga) por falta de declaración de impacto ambiental

El BOE del sábado 7 de noviembre de 2026 publica la Resolución de 25 de septiembre de 2026, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se desestima la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción de la instalación fotovoltaica «Aliaga Solar II» de 80 MWp de potencia, situada en el término municipal de Almogía (Málaga), promovida por VE Sonnedix SPV Gamma, SLU (expediente SGEE/PFot-413). La decisión se apoya en una razón central: a la fecha de la resolución no se había formulado la declaración de impacto ambiental del proyecto, pese a que el expediente se había declarado terminado en enero de 2023.

Un expediente nacido en plena tramitación extraordinaria

Según los antecedentes de la resolución, la solicitud se presentó el 30 de noviembre de 2020, en el marco de la Tramitación Específica y de Pronta Tramitación (TEyPT), al amparo del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía para la reactivación económica. Según los antecedentes, el titular de la instalación de producción ALIAGA SOLAR I FV, SL solicitó su ampliación con una nueva instalación —Aliaga Solar II— de 80 MWp, y se pidió el reconocimiento de que la ampliación podía tramitarse con el procedimiento de la Orden TEC/1454/2019, de 26 de diciembre.

La tramitación avanzó con pasos formales completos: el 11 de febrero de 2021 se concedió la autorización administrativa previa de la instalación de evacuación (línea y subestación), el 17 de marzo de 2021 se formalizó el depósito de garantías en la Caja General de Depósitos, el 19 de abril de 2021 se concedió la autorización administrativa previa y de construcción de la planta Aliaga Solar I y el 11 de mayo de 2021 se aceptó la tramitación de Aliaga Solar II como ampliación, sin que ello supusiera la concesión de la autorización. La Subdelegación del Gobierno en Málaga dio publicidad a la solicitud en el Boletín Oficial de la Provincia el 28 de abril de 2021.

El punto donde el expediente se detuvo: la declaración de impacto ambiental

La normativa ambiental exigía evaluación ambiental ordinaria, porque la superficie ocupada era superior a 100 hectáreas y la instalación no se encontraba en los supuestos de exclusión del apartado 5.2 del anexo I del Real Decreto-ley 1/2020. El 11 de junio de 2021 se requirió a la empresa para que presentara la documentación ambiental; la Subdelegación la remitió en junio y julio de 2021, y en abril de 2022 el Órgano Ambiental informó que la documentación era suficiente para iniciar la información pública, que se celebró entre el 6 y el 27 de junio de 2022. Los requerimientos de subsanación posteriores se respondieron en septiembre y octubre de 2022.

Pero la declaración de impacto ambiental nunca llegó. El 24 de enero de 2023, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico declaró la terminación del procedimiento de evaluación, al no constar la DIA en los plazos establecidos. Tras una consulta formal, el Órgano Ambiental informó en junio de 2025 que el procedimiento se encontraba terminado.

La caducidad de los permisos de acceso y conexión

La resolución dedica uno de sus fundamentos jurídicos a una cuestión técnica de gran interés práctico: el calendario de caducidad del Real Decreto-ley 23/2020. Su artículo 1 somete los permisos de acceso y conexión concedidos a partir de su entrada en vigor a hitos temporales: en el caso de los promotores «específicos», la obtención de la DIA o documento equivalente en 31 meses y la autorización administrativa previa en 34 meses, siendo causa de caducidad del permiso no alcanzar el hito inmediatamente posterior.

El análisis que hace la Dirección General es matizado. Para Aliaga Solar II los plazos empezaron a contar desde el 11 de mayo de 2021, fecha de aceptación de la ampliación, de modo que la autorización debía obtenerse antes del 11 de marzo de 2024. Aun así, la resolución concluye que los permisos no caducaron: la solicitud se admitió a trámite por la Dirección General competente y superó los hitos de justificación de la autorización administrativa de construcción y de las garantías. La causa de la desestimación no es, por tanto, la caducidad automática, sino la imposibilidad legal de autorizar el proyecto sin declaración de impacto ambiental.

Garantías y jurisprudencia citada

La resolución recuerda que el artículo 23 del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, exige una garantía de 40 €/kW para otorgar el permiso de acceso, destinada a asegurar la correcta ejecución de la infraestructura y evitar la especulación. Y cita la jurisprudencia del Tribunal Supremo que marca el alcance de las DIA: las sentencias 1046/2010, de 21 de julio, y 932/2010, de 16 de julio, vinculan la autorización a los condicionados de la declaración; la 1591/2010, de 28 de octubre, recuerda que el acto administrativo no es favorable si la DIA es negativa o no existe; y la 1347/2017, de 24 de julio, recoge la necesidad de que la evaluación sea lo bastante temprana para identificar y valorar efectos.

Un calendario de cinco años y medio

Puestas en fila, las fechas del expediente dibujan la evolución de la tramitación renovable del periodo posterior al Real Decreto-ley 23/2020: solicitud el 30 de noviembre de 2020; autorización de la infraestructura de evacuación y depósito de garantías en el primer trimestre de 2021; aceptación de la ampliación en mayo de 2021; información pública ambiental en junio de 2022; subsanaciones en otoño de 2022; declaración de terminación de la evaluación el 24 de enero de 2023; consulta al Órgano Ambiental resuelta en junio de 2025; y desestimación el 25 de septiembre de 2026, publicada el 7 de noviembre de 2026. En todo ese periodo, la planta hermana Aliaga Solar I sí completó su autorización, lo que subraya que el destino de cada proyecto depende de su propio expediente.

El dispositivo: desestimación, archivo y recurso de alzada

El apartado único de la resolución desestima la solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración de utilidad pública del parque y de su infraestructura de evacuación, y acuerda el archivo del expediente. La resolución no pone fin a la vía administrativa: contra ella cabe interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Secretaría de Estado de Energía en el plazo de un mes desde el día siguiente a su publicación en el BOE, de acuerdo con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con el artículo 62.2.i) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Transcurrido ese plazo sin recurso, la resolución será firme a todos los efectos. La resolución se firma en Madrid el 25 de septiembre de 2026 por el Director General de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández.

Relevancia práctica para promotores y asesores

El expediente ofrece una lección de calendario regulatorio: cinco años y medio después de su presentación, el proyecto queda desestimado sin que hayan caducado sus permisos de acceso y conexión, por la ausencia de la pieza ambiental decisiva. Para los despachos que asesoran proyectos renovables, la resolución consolida tres ideas: la TEyPT no exime de la evaluación ambiental ordinaria; la terminación del procedimiento de evaluación por falta de DIA es un escollo con efectos sobre la autorización aunque los permisos de red sigan vivos; y la ampliación de una instalación existente no comparte la suerte jurídica de la planta original, que en este caso sí obtuvo su autorización en 2021.

Preguntas frecuentes

¿Qué ha decidido el Ministerio sobre Aliaga Solar II?

Desestimar la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción de la planta fotovoltaica de 80 MWp en Almogía (Málaga), al no haberse formulado la declaración de impacto ambiental.

¿Caducaron los permisos de acceso y conexión?

No. La resolución concluye que no operó la caducidad del artículo 1 del Real Decreto-ley 23/2020, porque el proyecto superó los hitos previstos tras su aceptación como ampliación el 11 de mayo de 2021.

¿Qué garantía exige la normativa para estos permisos?

El artículo 23 del Real Decreto 1183/2020 exige una garantía de 40 euros por kW, destinada a asegurar la ejecución de la infraestructura y evitar la especulación.

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Fuentes

• Resolución de 25 de septiembre de 2026, de la Dirección General de Política Energética y Minas (BOE-A-2026-23369): https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2026-23369