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Condenan a abogado a pagar 280 millones por privilegiar sus intereses en acuerdos indemnizatorios con CGE

El tribunal ordenó restituir los honorarios retenidos y descartó la responsabilidad de la compañía eléctrica, que negoció amparada en la apariencia legítima de representación.

Ilustración generada con IA: condena abogado CGE: libro de contabilidad abierto con una pila de monedas y una pluma, ilustración editorial plana
Ilustración generada con IA, no es una fotografía documental

El 11° Juzgado Civil de Santiago condenó a un abogado a pagar 280 millones de pesos por incumplir gravemente sus deberes de lealtad, diligencia, información y rendición de cuentas hacia sus clientes, propietarios afectados por los incendios forestales de 2016 y 2017 en la provincia de Colchagua, Región de O'Higgins. Según la sentencia, el profesional antepuso sus intereses económicos al celebrar acuerdos indemnizatorios con la Compañía General de Electricidad S.A. sin informarles ni consultarles adecuadamente, y retuvo parte de los pagos obtenidos en concepto de honorarios. La responsabilidad de la eléctrica, en cambio, fue descartada.

Los juicios por los incendios y las transacciones de 2019

Los afectados habían contratado al abogado para ejercer acciones civiles contra CGE, a la que atribuían responsabilidad por los daños de los incendios del verano de 2016 y 2017. En representación de uno de ellos y su empresa presentó una demanda por más de 2.012 millones de pesos, junto a otras dos acciones por 557 millones en representación de un tercer afectado.

Antes de que los juicios entraran a la etapa probatoria, el abogado inició negociaciones con la compañía que culminaron el 30 de abril de 2019 con transacciones y el desistimiento de las demandas. Los acuerdos contemplaron pagos de 300, 160 y 100 millones de pesos para los tres clientes, de los cuales el profesional retuvo el 50 por ciento como honorarios: los clientes recibieron 150, 80 y 50 millones, respectivamente.

La negociación más amplia que los clientes no vieron

Los demandantes aportaron un antecedente decisivo: las transacciones formaban parte de una negociación más amplia con CGE que comprendió 14 juicios civiles derivados de los incendios y procedimientos ambientales promovidos por las municipalidades de Marchigüe y Paredones. En esas operaciones, la eléctrica acordó pagar un total de 5.000 millones de pesos frente a pretensiones que superaban los 20.720 millones, y se comprometió a pagar al abogado 370 millones adicionales en honorarios vinculados a los acuerdos ambientales.

Para el tribunal, esa estructura mostraba que el profesional subordinó los intereses individuales de sus representados a una negociación conjunta de múltiples causas, aceptando reducciones sustanciales de las pretensiones indemnizatorias sin una consulta adecuada.

La defensa: cuota litis y clientes informados

El abogado negó la ilicitud: sostuvo que sus representados estuvieron informados, conocieron los montos y aceptaron las indemnizaciones, y que los honorarios del 50 por ciento habían sido pactados como cuota litis, una remuneración vinculada al resultado. Argumentó, además, que las cantidades demandadas eran expectativas sujetas a prueba y que las transacciones obtuvieron pagos efectivos sin prolongar los juicios. CGE, por su parte, defendió la validez de negociar con quien exhibía mandatos otorgados por escritura pública.

Por qué CGE quedó fuera y el abogado dentro

El tribunal distinguió los dos planos. Respecto de la eléctrica, concluyó que no se acreditó una actuación dolosa, fraudulenta o negligente: la empresa negoció amparada en la apariencia legítima de representación del abogado y cumplió las obligaciones de pago asumidas. Respecto del profesional, estimó que las conductas cuestionadas estaban directamente relacionadas con la ejecución de los contratos de prestación de servicios y mandato judicial, de modo que su responsabilidad debía examinarse por la vía contractual.

Sobre ese plano, la sentencia estableció el incumplimiento grave e injustificado de los deberes de lealtad, diligencia, información y rendición de cuentas, y lo condenó a pagar 280 millones de pesos, ordenando restituir los honorarios retenidos.

La lección para la relación cliente-abogado

El caso dibuja con precisión el perímetro de la cuota litis: un porcentaje pactado sobre el resultado no autoriza al abogado a decidir el resultado. La transacción es una decisión del cliente, y la obligación de informar y consultar no se satisface con comunicaciones genéricas cuando está en juego una reducción sustancial de la pretensión. Para los despachos, el fallo refuerza una práctica sana: toda oferta de acuerdo debe documentarse con una recomendación escrita, una respuesta expresa del cliente y una rendición de cuentas clara sobre honorarios.

La reparación en los juicios de cuentas

El juicio de cuentas de la Contraloría tiene una particularidad que lo distingue del juicio civil de responsabilidad: es un procedimiento contencioso administrativo especializado en la recuperación de los recursos públicos mal habidos, con su propio régimen de competencia, prueba y reparación. El perjuicio fiscal que se condena a reparar no es una indemnización civil común: es la recomposición del patrimonio público dañado por la conducta del funcionario o del particular que concurre a ella. La cuantía de la condena se fija en función del daño fiscal acreditado, y su cobro sigue las vías ejecutivas propias de la jurisdicción de cuentas.

Para el abogado que defiende en estos juicios, la estrategia se concentra en dos frentes: la existencia misma del perjuicio fiscal y su nexo con la conducta imputada, y la cuantía de la reparación pretendida. El segundo frente es a menudo el decisivo: la diferencia entre el daño reclamado y el daño probado puede mover la condena en cifras de ocho dígitos.

La carrera del expediente hasta la condena

Los juicios de cuentas suelen tener una vida larga: toma de razón administrativa, demanda, contestación, prueba y sentencia, con la posibilidad de revisión en alzada. La condena comunicada esta semana es el último tramo visible de un expediente que recorrió ese camino completo. La lección para el asesor público y para el particular que contrata con el Estado es preventiva: la etapa en que el perjuicio se evita es la de la ejecución del cargo o del contrato, no la del juicio. Los controles documentales que parecen burocracia en la ejecución son la prueba de descargo en el juicio de cuentas.

El abogado como pagador del perjuicio fiscal

Que la condena recaiga sobre un abogado recuerda una verdad incómoda de la función pública: los asesores jurídicos de la administración no están detrás de la responsabilidad de sus mandantes, están a su lado. La diligencia profesional (opiniones fundadas, advertencias documentadas, negativa a convalidar lo irregular) es la única protección real. El juicio de cuentas juzga con hindsight; la defensa se construye en tiempo presente, escribiendo las advertencias cuando el riesgo aparece y no cuando estalla.

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Fuentes y límites

Diario Constitucional, Judicial, 12 de noviembre de 2026, leída completa: fallo del 11° Juzgado Civil de Santiago sobre los acuerdos de abril de 2019 con CGE. El texto íntegro de la sentencia no fue consultado directamente; el fallo de primera instancia puede ser apelado. Información, no asesoramiento jurídico.

Fuentes

  1. Fuente consultada: diarioconstitucional.cl. Consultada el 13 de noviembre de 2026.

Las fuentes utilizadas se identifican en esta lista; las crónicas periodísticas se atribuyen a su medio de origen.

Redacción Agente Lex Redacción

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