Corte de Santiago anula las multas de la SEC a cinco consejeros del Coordinador Eléctrico por el apagón de 2025
La sentencia, Rol 367-2026, acogió el reclamo contra la Resolución Exenta 37.765 de la SEC por infringir las exigencias de fundamentación de los artículos 11 y 41 de la Ley 19.880.

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió los reclamos de ilegalidad de los cinco integrantes del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional y dejó sin efecto las multas individuales de 300 UTM, equivalentes a 25 UTA, que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles les había impuesto por el apagón del 25 de febrero de 2025. La razón central: la SEC formuló cargos vagos e imprecisos, sin identificar las conductas concretas reprochadas ni explicar cómo habrían contribuido al corte de suministro.
El apagón que originó las sanciones
El corte masivo de suministro ocurrió el 25 de febrero de 2025, luego de que se interviniera, sin aviso previo al Coordinador, el sistema de comunicaciones de una de las protecciones de la línea de transmisión Nueva Maitencillo-Nueva Pan de Azúcar. La intervención provocó la desconexión de ambos circuitos y la operación incorrecta de mecanismos automáticos de defensa, lo que derivó en un corte generalizado del suministro eléctrico.
Sobre esa base, la SEC sancionó a los consejeros por incumplir su deber de vigilancia sobre las actuaciones del Coordinador Eléctrico Nacional, calificó la infracción como gravísima e impuso a cada uno una multa de 300 UTM, tras rechazar sus descargos mediante la Resolución Exenta Electrónica número 37.765.
El reclamo: cargos indeterminados y responsabilidad objetiva
El reclamante impugnó la resolución sosteniendo que la SEC vulneró el debido proceso y el principio de congruencia: los cargos eran indeterminados, no identificaban las acciones u omisiones concretas que habría debido ejecutar para evitar el apagón. Además, alegó que se le atribuyó una responsabilidad objetiva, sin acreditar una conducta negligente personal ni su relación causal con el resultado, cuya causa inicial correspondió a la intervención de un tercero.
La Superintendencia pidió el rechazo del reclamo, defendiendo que los cargos se referían al incumplimiento del deber de vigilancia del consejo.
La sentencia: sin fundamentación no hay sanción
La Corte de Santiago acogió el reclamo. Según reportó Diario Constitucional, el tribunal estimó que la resolución sancionatoria no fundamentó concretamente la conducta negligente atribuida al consejero ni su relación causal con el corte de suministro, infringiendo las exigencias de debida fundamentación y motivación de los artículos 11 y 41 de la Ley número 19.880, que regula el procedimiento administrativo. Por ello declaró ilegal la Resolución Exenta 37.765 y la dejó sin efecto, en la sentencia Rol 367-2026 del contencioso administrativo.
La decisión tuvo el voto en contra de la ministra Jenny Book, quien estuvo por rechazar el reclamo: a su juicio, los antecedentes técnicos daban cuenta de que el Coordinador conocía los riesgos de operar con transferencias superiores a 1.600 MW, los cargos eran claros y precisos, y la SEC actuó dentro de sus competencias con una sanción debidamente fundada.
Lo que la sentencia dice sobre la potestad sancionadora
El fallo no cuestiona que la SEC pueda fiscalizar y sancionar; cuestiona cómo lo hizo. La lección institucional es que la potestad sancionadora exige una cadena argumental completa: conducta individual identificada, deber infringido especificado, nexo causal explicado. Cuando el sancionado es un consejero colegiado y el evento tiene causas técnicas complejas, esa exigencia se vuelve todavía más estricta, porque la tentación de la responsabilidad por el cargo (y no por la conducta) está siempre presente.
Para las superintendencias y demás órganos fiscalizadores, el fallo es una advertencia operativa: las formulaciones de cargos genéricas, construidas sobre deberes abstractos de vigilancia, no sobreviven al control judicial. Para los directores y consejeros de empresas reguladas, es la confirmación de que el debido proceso administrativo tiene dientes.
El eco en el mundo de los consejos
La sentencia será leída con atención por todo directorio de empresa regulada en Chile. Los consejeros del Coordinador no eran ejecutivos de una compañía eléctrica común, sino integrantes del órgano directivo del operador del sistema eléctrico nacional. Que la Corte exija acreditar una conducta personal y su nexo causal antes de sancionar establece un piso de protección frente a la responsabilidad por resultado, especialmente valioso cuando el evento sancionado (un apagón) genera una presión pública intensa por encontrar responsables.
El control judicial de las multas administrativas
La anulación de multas por los tribunales de alzada cumple una función sistémica que va más allá del caso concreto: fija el estándar de legalidad al que deben ajustarse las decisiones sancionadoras de los órganos técnicos del Estado. Cada revocatoria judicial recuerda que la potestad sancionadora administrativa no es discrecional: exige cargo individualizado, motivación suficiente y aplicación correcta de la norma que gradúa la sanción. Cuando alguno de esos elementos falta, la multa cae, sin que importe la magnitud del infractor ni la sensibilidad política del sector regulado.
Para las empresas del sector eléctrico y sus asesores, la lección práctica es de archivo: la defensa contra una multa de la Superintendencia comienza en la calidad del expediente administrativo. Las observaciones, descargos y pruebas que se aportan en la etapa del procedimiento sancionador son el material con el que el tribunal revisará después; quien no construyó su defensa en la etapa administrativa llega al recurso judicial con las manos vacías.
La discusión de fondo sigue abierta
Que la Corte haya anulado las multas no cierra la discusión sobre la coordinación del sistema eléctrico: resuelve la legalidad de esas sanciones concretas, no la política pública de fondo. El sistema sigue requiriendo mecanismos de coordinación eficaces y sanciones disuasivas para quienes incumplen; lo que el fallo establece es que esos fines deben perseguirse dentro de las reglas del debido proceso sancionador. La próxima estación de la controversia (la eventual revisión de la decisión en las instancias que la ley permita) dirá si el criterio de la alzada se consolida.
Qué sigue en el expediente
La anulación en alzada no es necesariamente la última palabra: los recursos que la ley franquea contra estas decisiones y la eventual reapertura del procedimiento sancionador con observancia de los estándares fijados son los caminos que quedan. Para el sistema, el precedente opera como una guía de redacción: la próxima generación de cargos y resoluciones sancionadoras deberá construirse con el estándar que este fallo dejó escrito.
Alcance de esta nota
Esta nota se limita a lo que la propia sala comunicó públicamente. Los detalles procesales y las valoraciones de fondo se tomarán del texto íntegro del fallo cuando se notifique y difunda.
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Fuentes y límites
Diario Constitucional, Judicial, 12 de noviembre de 2026, leída completa: sentencia Rol 367-2026 de la Corte de Santiago contra la Resolución Exenta 37.765 de la SEC, con voto en contra de la ministra Book. El texto íntegro de la sentencia no fue consultado directamente; los detalles provienen de esa cobertura especializada. La SEC podría ejercer los recursos que la ley contempla. Información, no asesoramiento jurídico.
Fuentes
- Fuente consultada: diarioconstitucional.cl. Consultada el 13 de noviembre de 2026.
Las fuentes utilizadas se identifican en esta lista; las crónicas periodísticas se atribuyen a su medio de origen.


