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Corte Suprema objeta que juzgados de policía local apliquen las nuevas sanciones de la Ley de Lobby

Por el Oficio 299-2026, la Corte Suprema informó el proyecto Boletín 18.645-06 y cuestionó la competencia de los JPL, la falta de fiscalización, la ausencia de casación y multas de hasta 200 UTM sin criterios.

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La Corte Suprema informó al Senado el proyecto de ley que endurece las sanciones por infracciones a la Ley de Lobby (Boletín 18.645-06), y lo hizo con observaciones de peso: por el Oficio N°299-2026, del 3 de noviembre de 2026, el máximo tribunal cuestionó que las nuevas multas —que pueden alcanzar las 200 UTM— sean aplicadas por los Juzgados de Policía Local, advirtió la falta de mecanismos de fiscalización, reclamó la ausencia de una vía de casación y pidió criterios legales para graduar las sanciones. El proyecto se encuentra en primer trámite constitucional en el Senado, sin urgencia asignada, y modifica la Ley 20.730 para ampliar los registros y elevar las multas. La Corte lo informó a petición de la Presidenta del Senado, quien puso la iniciativa en su conocimiento por el oficio N°292/SEC/26, del 22 de septiembre de 2026; el acuerdo de informarlo lo adoptó el Tribunal Pleno en sesión del 2 de noviembre. Esta pieza se basa en el texto íntegro de ese informe, consultado en la copia en PDF publicada por Diario Constitucional, y en la cobertura de ese medio del 11 de noviembre de 2026.

Qué propone el proyecto

La iniciativa busca corregir deficiencias y vacíos de la Ley de Lobby que, según sus autores, permiten excluir de los registros públicos reuniones consideradas generales o sin una finalidad específica, aunque puedan influir en decisiones de las autoridades. Entre sus ejes: prohibir a autoridades y funcionarios ejercer actividades de lobby durante un año después de dejar sus cargos; impedirlas a personas condenadas o formalizadas por delitos de corrupción mientras no exista sentencia absolutoria; ampliar la regulación a gestiones destinadas a obtener beneficios económicos o de otra naturaleza; y ordenar que las obligaciones se apliquen incluso fuera del horario o lugar de trabajo de la autoridad.

El proyecto también exige registrar todas las reuniones con lobbistas y las comunicaciones destinadas a influir en decisiones públicas, incluidos correos electrónicos y mensajes de WhatsApp cuando exista interacción de la autoridad con su contenido. Su régimen sancionatorio establece multas de 100 a 200 UTM por incumplir el deber de registro, junto con la cancelación de la inscripción y la prohibición de realizar gestiones remuneradas durante un año; multas de 100 a 150 UTM por omitir injustificadamente información; y de 150 a 200 UTM por incorporar deliberadamente antecedentes falsos o inexactos. La aplicación correspondería al Juzgado de Policía Local competente, previa denuncia del organismo al que pertenezca la autoridad involucrada.

La objeción central: la competencia de los JPL

La Corte Suprema explicó que su informe se concentró en la disposición sancionatoria y en la ausencia de parámetros legales para determinar las multas. Sobre la competencia, cuestionó entregar a los Juzgados de Policía Local la aplicación de sanciones a lobbistas y gestores de intereses, por considerar que no se ajusta a su naturaleza ni a sus funciones habituales: estos tribunales conocen principalmente infracciones del ámbito municipal y territorial —tránsito, urbanismo, comercio, ordenanzas— y mantienen una estrecha relación institucional con las municipalidades, cuyos recursos reciben las multas que imponen.

Para el máximo tribunal, las infracciones a la Ley de Lobby deberían ser conocidas por los juzgados de letras, por tratarse de materias vinculadas a la transparencia, la probidad administrativa y la igualdad de trato. También consideró adecuado no entregar estas sanciones a la Contraloría General de la República, dado que los lobbistas y gestores de intereses no son funcionarios públicos. Con todo, valoró que el proyecto busque definir expresamente el tribunal competente, subsanando un vacío de la legislación vigente: hoy la Ley de Lobby contempla multas de 10 a 50 UTM por omitir información o proporcionar antecedentes falsos, pero no regula el procedimiento sancionatorio ni la autoridad competente, por lo que correspondería intervenir a los tribunales ordinarios conforme a las reglas generales.

Un historial de informes sobre el punto

La posición no es nueva. La Corte recordó sus observaciones previas sobre el mismo punto: en 2013 (Oficio N°92-2013, sobre el proyecto que dio origen a la Ley 20.730) advirtió que entregar estas controversias a las Cortes de Apelaciones podía sobrecargarlas y propuso radicarlas en tribunales civiles; en 2022 (Oficio N°263-2022) distinguió entre reclamaciones que requieren examinar hechos y derecho —propias de los juzgados de letras— y las destinadas a controlar la legalidad de actos administrativos, que podrían conocer las Cortes de Apelaciones; y en 2024 (Oficio N°222-2024, del 8 de julio de ese año) consideró compatible con esos criterios que las Cortes revisaran sanciones aplicadas por el Consejo para la Transparencia, aunque con observaciones sobre competencia territorial, legitimación, plazos, admisibilidad y prueba.

Ese historial da contexto a la propuesta actual de radicar el conocimiento en los juzgados de letras: no es una improvisación frente a este proyecto, sino la cuarta intervención del tribunal sobre el mismo problema de diseño institucional.

Fiscalización insuficiente y sin casación

La Corte advirtió que el procedimiento sancionatorio propuesto podría resultar ineficaz: aunque exige que los servicios públicos denuncien las infracciones, no establece un organismo fiscalizador ni mecanismos suficientes para detectarlas. La normativa vigente solo permite solicitar información adicional o aclaraciones y obliga a denunciar los incumplimientos conocidos, sin facultades específicas de investigación. Sin herramientas para identificar las conductas, la denuncia queda librada a lo que el propio organismo alcance a conocer.

El segundo reparo es recursivo: el proyecto no establece claramente si las sanciones serán conocidas en única o primera instancia ni contempla expresamente un recurso de apelación, y la legislación de policía local excluye la casación. Para infracciones que pueden requerir una valoración probatoria compleja —como la entrega deliberada de información falsa o la omisión inexcusable de antecedentes—, la Corte recomendó establecer dos instancias judiciales y permitir recursos de casación, objetivo que apunta de nuevo a los juzgados de letras.

Multas sin criterios de graduación

El tercer reparo es de proporcionalidad: el proyecto eleva considerablemente las multas —de los actuales rangos de 10 a 50 UTM a rangos de 100 a 200 UTM— sin establecer criterios para determinar su monto según la gravedad de cada conducta. La Corte señaló que la omisión podría afectar los principios de proporcionalidad, legalidad e igualdad ante la ley, además de dificultar la fundamentación de las sanciones, y recomendó incorporar parámetros legales que orienten a los tribunales y aseguren una aplicación coherente.

El informe concluye valorando el objetivo del proyecto de fortalecer la transparencia en las actividades de lobby, pero advirtiendo que su régimen sancionatorio requiere ajustes: competencia en juzgados de letras, mecanismos para detectar infracciones, garantías de apelación y casación, y criterios legales para determinar las multas.

Qué sigue en el trámite

El proyecto permanece en primer trámite constitucional en el Senado, donde el informe de la Corte —Oficio N°299-2026, registrado por la cobertura consultada bajo la referencia PL N°44-2026— queda a disposición de la discusión legislativa. Los informes de los tribunales en el trámite de un proyecto no son vinculantes, pero suelen orientar indicaciones, máxime cuando identifican problemas de constitucionalidad potencial como la ausencia de criterios de graduación de multas. Para quienes asesoran en cumplimiento a empresas y gremios que gestionan ante autoridades, la señal práctica es doble: el registro y la veracidad de la información seguirán siendo el núcleo del deber, y el diseño sancionatorio final aún puede cambiar en el Congreso.

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Fuentes y límites

Copia en PDF del informe de la Corte Suprema, Oficio N°299-2026, del 3 de noviembre de 2026, alojada en el almacenamiento de Diario Constitucional y leída completa el 12 de noviembre de 2026: el documento informa el proyecto contenido en el Boletín N°18.645-06, remitido a la Corte por la Presidenta del Senado mediante oficio N°292/SEC/26, del 22 de septiembre de 2026, y acordado por el Tribunal Pleno el 2 de noviembre de 2026. No se verificó una copia en el sitio del Poder Judicial; la referencia corresponde a la copia publicada por el medio citado. Diario Constitucional: "Corte Suprema cuestiona proyecto que endurece sanciones por infracciones a la Ley de Lobby y propone que las apliquen juzgados de letras", publicado el 11 de noviembre de 2026 y leído completo; contiene la referencia PL N°44-2026. La fecha de ingreso del proyecto al Congreso no consta en ninguna de las fuentes primarias consultadas y no se afirma en esta pieza. Información, no asesoramiento jurídico.

Fuentes

  1. Fuente consultada: www.diarioconstitucional.cl. Consultada el 12 de noviembre de 2026.
  2. Copia PDF del informe CS Oficio 299-2026 publicada por Diario Constitucional. Consultada el 12 de noviembre de 2026.

Las fuentes utilizadas se identifican en esta lista; las crónicas periodísticas se atribuyen a su medio de origen.

Redacción Agente Lex Redacción

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