Corte Suprema confirma destitución de funcionaria que viajó al extranjero con licencia médica

La Corte Suprema confirmó la destitución de una funcionaria pública que viajó a Brasil mientras se encontraba con licencia médica, al establecer que utilizar una licencia para un viaje particular al extranjero, ajeno a su finalidad terapéutica, constituye una infracción grave al principio de probidad administrativa. El fallo, reportado el 22 de octubre, revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua que había estimado desproporcionada la sanción. Es la nota del día en actualidad jurídica en Chile.

Los hechos y el procedimiento

El sumario administrativo, iniciado por instrucción de la Contraloría General de la República, estableció que la funcionaria viajó a Brasil entre el 23 y el 31 de enero de 2023, mientras estaba con licencia médica por un trastorno depresivo grave con reposo indicado en su domicilio. La trabajadora, contratada en grado 13°, contaba con ocho años de servicio y calificaciones sobresalientes. La autoridad dispuso su destitución mediante resoluciones de septiembre y octubre de 2025.

La afectada recurrió de protección alegando que desconocía la prohibición de viajar durante una licencia psiquiátrica, que tenía feriado legal y pasajes comprados con anticipación, y que no se ponderaron su trayectoria ni las atenuantes. También sostuvo que el control de las licencias corresponde a la COMPIN. La Contraloría informó que su intervención se limitó al cruce de datos de licencias y registros migratorios.

El conflicto entre las cortes

La Corte de Rancagua acogió el protección: reconoció que la funcionaria incurrió en infracción al incumplir las condiciones del reposo, pero estimó que la destitución era desproporcionada por no haberse valorado la trayectoria, las calificaciones sobresalientes, las circunstancias del viaje y el tiempo transcurrido. Dejó sin efecto la sanción y ordenó retrotraer el procedimiento, con un voto en contra.

La Corte Suprema revocó: el uso de una licencia médica para un viaje particular al extranjero vulnera gravemente el deber de probidad exigido a los funcionarios públicos, y el procedimiento disciplinario se desarrolló conforme a la ley. La determinación reafirma que la Administración está facultada para investigar y sancionar las faltas a los deberes funcionarios con independencia de las atribuciones fiscalizadoras de la COMPIN sobre las licencias.

Relevancia práctica

El fallo ordena la práctica laboral y administrativa en dos direcciones. Para los empleadores públicos, confirma la validez de los sumarios fundados en cruces de datos entre licencias y registros migratorios. Para los funcionarios, fija una regla clara: la licencia médica implica reposo real, y su uso para fines particulares (incluso con pasajes comprados antes o feriado legal pendiente) expone a la sanción más grave del Estatuto Administrativo.

Para los litigantes de lo contencioso administrativo, el contraste entre ambas cortes es la lección: la ponderación de atenuantes y la proporcionalidad siguen siendo el campo de batalla, pero la Corte Suprema exige que la gravedad de la infracción a la probidad se evalúe desde la finalidad terapéutica de la licencia. El marco del recurso utilizado se explica en la guía del recurso de protección en Chile, y otra aplicación reciente del máximo tribunal está en la nota sobre el juramento de abogados de octubre.

El fallo también deja un mensaje sobre prueba: el cruce entre licencias médicas y registros migratorios fue la base fáctica del sumario, y su validez no fue discutida por el máximo tribunal. La fiscalización por datos cruzados, antes excepcional, es ya una herramienta ordinaria de la Contraloría.

El fallo se suma a una línea jurisprudencial constante de la Corte en materia de probidad administrativa: el control del uso de las licencias médicas en el sector público se ha endurecido con el cruce de datos entre organismos, y los sumarios por inasistencias injustificadas o uso indebido se han vuelto una fuente habitual de destituciones confirmadas en alzada.

Fuentes y límites

Este artículo se basa en la cobertura de Diario Constitucional publicada el 22 de octubre de 2026. La sentencia es la única versión oficial de los hechos y fundamentos. Información, no asesoramiento jurídico.