El Congreso despacha la ley que agiliza las expulsiones administrativas de extranjeros irregulares

Chile tiene una nueva ley migratoria en trámite de promulgación: el proyecto que perfecciona y agiliza el procedimiento de expulsión administrativa de personas extranjeras en situación migratoria irregular completó su tramitación en el Congreso. La Sala del Senado ratificó el martes 20 de octubre el informe de la comisión mixta -previamente visado por la Cámara de Diputadas y Diputados- por 37 votos a favor y una abstención, según informó el propio Senado. El texto quedó despachado a ley. Es la noticia legislativa de la semana en la actualidad jurídica de Chile.

Qué se aprobó, según el informe oficial del Senado

El mensaje modifica la Ley 21.325 de Migración y Extranjería y, de acuerdo con la cuenta oficial del Senado, avanza en mayores facultades para los organismos públicos competentes, mejora la ejecución de los procesos y robustece el registro de datos biométricos de extranjeros en situación migratoria irregular. Entre los acuerdos alcanzados por la comisión mixta destacan:

• Prohibición de reingreso más larga: se aumenta de 3 a 5 años el plazo mínimo de prohibición de reingreso al territorio nacional para las personas objeto de una expulsión administrativa.
• Notificaciones facilitadas: se podrá solicitar información para notificar los procedimientos de expulsión.
• Exclusiones expresas: la medida excluye a niños, niñas y adolescentes, y a establecimientos educacionales y de salud.
• Ingreso a domicilio con autorización judicial: la Policía de Investigaciones podrá solicitar por escrito autorización al juez de garantía para ingresar a un domicilio con el único fin de aprehender a una persona que cuente con una orden de expulsión firme y ejecutoriada.

La senadora Danisa Astudillo, presidenta de la comisión mixta, destacó que la instancia incorporó recomendaciones de la Corte Suprema y del Ministerio Público. En la discusión se dejó constancia, asimismo, de que la aplicación de la nueva ley requerirá recursos, capacidad policial y coordinación internacional, con miras al presupuesto 2027.

Qué sigue

La comisión mixta fue la última instancia legislativa: con su informe ratificado por ambas cámaras, ya no quedan trámites parlamentarios pendientes. Con el despacho a ley, la atención pasa a tres frentes: la promulgación y publicación en el Diario Oficial, la reglamentación del nuevo procedimiento y su aplicación judicializable. Los procesos de expulsión administrativa son revisables por los tribunales, por lo que el diseño de los recursos y plazos del texto final será determinante para la defensa de los afectados. El debate se conecta con otras modificaciones recientes de la Ley 21.325, como la Ley 21.845 sobre flagrancia y la Ley 21.849 sobre uso de la fuerza. Para el contexto regulatorio, la sección de legislación y actualidad.

La trayectoria del proyecto

La iniciativa forma parte de un paquete legislativo migratorio que el Ejecutivo ha impulsado en los últimos años para endurecer el control de fronteras y agilizar la salida de personas en situación irregular con condenas o antecedentes penales. La tramitación incluyó una comisión mixta, instancia que se constituye cuando ambas cámaras no logran acuerdo sobre el texto.

Los derechos que permanecen intocados

Cualquier procedimiento de expulsión sigue sometido a las garantías del debido proceso: notificación, posibilidad de defensa, recurso judicial y respeto de los límites del derecho internacional, incluido el principio de no devolución cuando existen riesgos para la vida o la libertad en el país de destino. La agilización del trámite administrativo no elimina el control judicial posterior, que los tribunales chilenos han ejercido históricamente con especial cuidado en materia migratoria.

Fuentes y límites

Fuente: noticia oficial del Senado de la República "En condiciones de convertirse en ley nuevas reglas para expulsiones administrativas" (20-10-2026), consultada el 21 de octubre de 2026. El texto completo de la ley se conocerá con su publicación en el Diario Oficial; los detalles del procedimiento descritos provienen de la cuenta oficial del Senado sobre el informe de la comisión mixta. Información, no asesoramiento jurídico.