Julissa Reynoso, exembajadora de EE UU en España, ficha como socia de litigación por Hogan Lovells Cadwalader

Hogan Lovells Cadwalader ha incorporado a Julissa Reynoso como socia de su área de litigación en la oficina de Nueva York. El fichaje, publicado por Expansión el 26 de octubre, traslada a la firma a una de las abogadas con un perfil público más singular de la escena hispano-estadounidense: exembajadora de Estados Unidos en España y Andorra durante la Administración Biden, primera mujer en ocupar ese puesto, y hasta ahora socia de Winston & Strawn.

Una trayectoria entre la Casa Blanca y el litigio internacional

El currículo institucional de Reynoso es inusual incluso para los estándares de las grandes firmas de Nueva York. Durante la Administración Biden ocupó, además de la embajada en Madrid, los puestos de asistente del presidente, jefa de gabinete de la primera dama Jill Biden y copresidenta del Consejo de Política de Género de la Casa Blanca. Con anterioridad, durante la presidencia de Barack Obama, fue embajadora en Uruguay y subsecretaria adjunta de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental.

En su etapa como embajadora en España gestionó los asuntos económicos, políticos y de seguridad y defensa de Estados Unidos en España y Andorra, colaborando con múltiples organismos federales. También defendió los intereses de las empresas estadounidenses en España y promovió la inversión de empresas españolas en Estados Unidos, en un periodo que incluyó la cumbre de la OTAN de 2022 en Madrid y la presidencia española del Consejo de la Unión Europea entre julio y diciembre de 2023.

Una práctica con foco hispano

En el plano estrictamente jurídico, Reynoso asesora a instituciones, empresas y particulares en investigaciones gubernamentales de gran trascendencia, incluidas las del Congreso estadounidense. Su práctica abarca además gestión de crisis, procedimientos de aplicación de la normativa, litigios transfronterizos y arbitrajes internacionales, incluidos los regidos por los reglamentos de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) y de la CNUDMI, así como controversias relativas a tratados bilaterales de inversión. Geográficamente cubre América y Europa, con presencia consolidada en América Latina y España, y por sectores se mueve en servicios financieros, energía e infraestructuras, tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones.

Para la firma, el movimiento encaja en la apuesta por sus prácticas de investigaciones gubernamentales y de litigación transfronteriza, áreas donde el conocimiento institucional directo de España y América Latina tiene un valor inmediato para la clientela.

Lectura para el mercado español

El fichaje tiene un doble interés para el observador español. De un lado, confirma la tendencia de las grandes firmas internacionales a captar perfiles con experiencia diplomática y regulatoria de primer nivel para sus prácticas de compliance, investigaciones y resolución de disputas. De otro, refuerza el corredor España-Latinoamérica-Estados Unidos que ya alimenta buena parte del negocio de litigación internacional con componente hispanohablante, un corredor donde los despachos españoles mantienen alianzas y mejores relaciones que seguirán moviéndose.

Es un patrón que venimos documentando en esta sección de grandes despachos, desde los movimientos societarios recientes hasta el análisis de los modelos de honorarios en las grandes firmas y del estatuto de los abogados de empresa en la relación laboral especial. Para quienes siguen la carrera internacional, conecta además con las oportunidades que revisamos cada semana en empleo.

Su incorporación se produce además en un momento de efervescencia competitiva en Nueva York, donde las grandes firmas disputan abiertamente a los socios con cartera y acceso institucional. En ese contexto, una socia capaz de abrir puertas en Washington, Madrid y las capitales latinoamericanas es un activo estratégico que trasciende la facturación individual: cambia el mapa de confianzas al que la firma puede presentarse ante un consejo de administración.

El despacho no ha hecho públicos los términos económicos de la incorporación.