El cliente ya llega al despacho con la respuesta de ChatGPT: cómo convertir la consulta improvisada en materia de trabajo
Los clientes consultan antes a la IA que al abogado. La clave no es descartar la respuesta, sino usarla como punto de partida del asesoramiento.
La escena empieza a ser habitual en cualquier despacho: el cliente se sienta, saca el móvil y lee en voz alta la respuesta que le ha dado una inteligencia artificial —el plazo para reclamar, el artículo aplicable e incluso alguna sentencia que, según la herramienta, le da la razón—. La primera consulta ya no parte de cero. El abogado Ángel Rey aborda en una tribuna en Economist & Jurist cómo afrontar ese cambio, con una conclusión de partida: tiene mucho más que ver con la comunicación que con la tecnología.
El error defensivo
La reacción instintiva suele ser defensiva: descartar la respuesta, recordar que una máquina no es un abogado y pasar al asunto. Es comprensible, pero es un error, advierte Rey: el cliente que ha investigado por su cuenta quiere entender, y despreciar su búsqueda equivale a decirle que su esfuerzo no vale nada, lo que erosiona la confianza antes de empezar. La alternativa es usar esa respuesta como materia de trabajo, y la tribuna propone cuatro pautas.
Las cuatro pautas de la tribuna
La primera es validar lo que es correcto y corregir con fundamento lo que no lo es. Las herramientas generativas aciertan con frecuencia en lo general y fallan en lo concreto: citan normas derogadas, mezclan regímenes de distintos países o, en el peor de los casos, inventan resoluciones que no existen —un riesgo real: la jurisprudencia falsa generada por IA ya ha acabado en sanciones en varios tribunales—. Señalar cada error con su fuente demuestra, en un minuto, el valor del asesoramiento profesional mejor que cualquier argumento.
La segunda es explicar el porqué, además del qué: si el cliente ya tiene una respuesta, lo que necesita del abogado es el razonamiento —por qué esa norma se aplica o no a su caso, qué riesgos implica cada opción y qué haría un tribunal con sus hechos concretos—. La tribuna recuerda que la Ley Orgánica 5/2024, del Derecho de Defensa, refuerza el derecho del cliente a recibir información clara sobre su asunto, y que cumplir esa obligación pasa hoy también por traducir y contrastar lo que el cliente ya ha leído.
La tercera es poner en valor lo que la herramienta no ofrece. Lo que se cuenta a un abogado está amparado por el secreto profesional; lo que se escribe en un chatbot queda sujeto a las condiciones de uso de cada proveedor. El abogado responde personalmente de su consejo y debe tener cubierta su responsabilidad civil profesional; la herramienta no asume ninguna responsabilidad sobre lo que dice. Y, sobre todo, el abogado conoce los hechos completos del caso, que es donde se ganan o se pierden los asuntos.
La cuarta es ser transparente sobre el uso que el propio despacho hace de la IA: explicar para qué se utilizan estas herramientas, cómo se revisan sus resultados y qué garantías se aplican en confidencialidad y protección de datos, conforme al Reglamento General de Protección de Datos, genera confianza; ocultarlo la pone en riesgo el día que el cliente lo descubre.
La comunicación del despacho también juega
El cambio afecta igualmente a la comunicación pública del despacho: si el cliente pregunta primero a una IA, los contenidos que la firma publica en su web, en LinkedIn o en prensa forman parte de lo que esa herramienta puede encontrar y resumir. Un artículo claro, bien estructurado y firmado por un profesional identificable tiene más opciones de influir en la respuesta que recibirá el próximo cliente. La lectura optimista de Rey: la IA ha democratizado el acceso a la información jurídica y eso eleva el nivel de partida de muchas conversaciones; lo que sigue siendo escaso es el criterio. El cliente seguirá llegando con el móvil en la mano, y la pregunta es si el abogado sabrá convertir esa respuesta en el inicio de una buena conversación.
Fuente: Economist & Jurist, tribuna de Ángel Rey (30 de octubre de 2026), verificada el 3 de noviembre de 2026.
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Fuentes
- economistjurist.es. Consultada el 3 de noviembre de 2026.
Los datos concretos de este artículo proceden de las fuentes oficiales citadas.
