Los baremos del turno de oficio, ya en audiencia pública: un avance que aún no está aprobado

Hay noticias de despacho que merecen un editorial, aunque lleguen en forma de trámite. El 20 de octubre se abrió la audiencia pública de la Orden que actualiza los baremos del turno de oficio en el territorio Ministerio —las actuaciones del Anexo II del Reglamento de asistencia jurídica gratuita aprobado por Real Decreto 141/2021— y las cifras que el proyecto pone sobre la mesa, sumadas a la subida ya aprobada en 2025, son relevantes: un 16,6% de incremento acumulado con carácter general, un 79,7% en la defensa de causas penales de especial complejidad y un 33,1% en el procedimiento penal general, si el texto se aprueba como se ha presentado. Llega, además, sobre un Reglamento ya reforzado: el Real Decreto 824/2026, de 14 de octubre, ha modificado el texto de 2021 para garantizar la asistencia inmediata a víctimas especialmente vulnerables, crear compensaciones para los medios adecuados de solución de controversias —un 25% por encima de la del procedimiento judicial—, elevar las transacciones del 75% al 125% y abrir la asistencia gratuita concursal a las microempresas. Según la Abogacía Española, la reforma incorpora 16 módulos que no existían en 2018.

Conviene decirlo primero con claridad: es una buena noticia, aunque de momento sea una propuesta en tramitación. El turno de oficio sostiene el derecho de defensa de quien no puede pagarlo, y durante años su retribución fue la prueba documental de que el sistema daba por supuesto el trabajo de miles de letrados. Cada punto de mejora en esos baremos es, en realidad, un punto de mejora en la calidad del servicio público, porque un oficio mal pagado es un oficio que expulsa a los buenos profesionales.

Lo que la subida dice — y lo que calla

La lectura atenta de los porcentajes es reveladora. Que la mayor subida propuesta se concentre en las causas penales de especial complejidad reconoce algo que cualquier letrado de oficio sabe: la complejidad del asunto no se retribuía. Un juicio por delitos graves, con sus sesiones, su instrucción y su presión, no puede pagarse como una vista sencilla, y los nuevos módulos —víctimas, MASC, concursal— reconocen actuaciones que ya se hacían sin reconocimiento económico. En eso, la dirección es la correcta: modular por trabajo real y no por categorías abstractas.

Pero la misma noticia confirma lo pendiente. La actualización se tramita por Orden ministerial, el camino corto del baremo, porque la reforma legislativa de la asistencia jurídica gratuita sigue sin completarse. El baremo es la tarifa; la ley es la arquitectura: especialización de los turnos, criterios de designación, control de calidad, estabilidad. Un sistema que mejora sus tarifas sin reformar su estructura avanza, pero a medio gas.

La prueba estará en la especialización

La cuestión de fondo no es cuánto se propone subir, sino si el turno se convierte en lo que debe ser: un servicio especializado y digno. La especialización se paga y se exige a la vez: quien defiende una causa penal compleja debería acreditar formación y experiencia penalista, y quien acredita debería encontrar en el baremo un incentivo para seguir haciéndolo. Si los nuevos módulos sirven para eso —para alinear retribución, exigencia y calidad— habrán merecido la espera. Si se quedan en un ajuste contable, el debate volverá, como vuelve siempre, con cada convocatoria de oposiciones vacía y cada letrado que abandona la lista.

La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y Función Social de la Abogacía Española, presidida por Ángel Méndez, formulará sus observaciones al proyecto. Desde aquí, la nuestra: que la aprobación no se demore, que el texto final no recorte lo anunciado y que la reforma de la ley retome su camino. El derecho de defensa no admite temporadas bajas.

Nada de esto quita para celebrar el avance: una profesión que lleva años señalando el desfase retributivo del oficio debe reconocer también cuando las cifras se mueven en la dirección correcta, y moverse lo hacen.

Para profundizar en el modelo, recomendamos nuestro análisis del modelo retributivo del turno de oficio, y otros editoriales de esta casa sobre la formación continua como ventaja competitiva, la especialización temprana del abogado y el lenguaje claro como obligación profesional. Todos, en la sección de opinión.