El turno de oficio no tiene un problema de baremos: tiene un problema de modelo

La Orden por la que se somete a audiencia pública la actualización de los baremos del turno de oficio, que contamos esta semana en Turno de oficio: audiencia pública para actualizar los baremos, es una buena noticia con una trampa: si el debate se reduce a qué porcentaje subir cada concepto, habremos perdido otra década.

El diagnóstico que todos comparten

El turno de oficio sostiene el derecho fundamental a la asistencia letrada de quien no puede pagarla, y lo hace con un modelo retributivo que el sector lleva años describiendo con las mismas palabras: baremos desactualizados, servicios sin módulo específico, diferencias territoriales difíciles de justificar y una profesión que cubre el servicio por deontología más que por cuenta de resultados. El Reglamento de asistencia jurídica gratuita, aprobado por el Real Decreto 141/2021, intentó una primera corrección estructural con los módulos por servicio, y el Real Decreto 824/2026 ha añadido este año nuevos módulos, como contamos en Turno de oficio: los nuevos módulos del RD 824/2026.

Por qué los retoques no bastan

Actualizar un baremo es reconocer que estaba congelado; no cambiar el modelo es garantizar que volverá a estarlo. Tres elementos del diseño actual explican el problema mejor que cualquier cifra:

1. El precio no se fija por el trabajo, sino por la lista. El mismo procedimiento cobra igual en la guardia de un lunes que en la complicada de un festivo, con independencia del tiempo real exigido.
2. La actualización depende de la voluntad política de cada momento. Sin un mecanismo automático de revisión —índice, periodicidad, evaluación—, cada actualización llega tarde por construcción.
3. El IVA y los costes del ejercicio se descuentan de un baremo ya de por sí ajustado, de modo que la retribución neta queda muy por debajo del precio de mercado del mismo servicio.

Lo que una reforma de fondo debería incluir

El sector tiene propuestas encima de la mesa desde hace años: retribución por hora efectivamente dedicada con techos por servicio, revisión anual automática referenciada a un índice público, módulos completos para los servicios telemáticos que ya son la práctica ordinaria, y transparencia en los tiempos de pago de las administraciones. La audiencia pública es el cauce reglamentario para trasladarlas. Sería una oportunidad perdida que las alegaciones se limitaran a discutir el porcentaje.

Lo que está en juego en esta audiencia

La participación en la audiencia pública no es un trámite simbólico: es el cauce para que colegios, asociaciones de la abogacía y profesionales del turno aporten datos de costes reales, tiempos de dedicación y comparativas territoriales. Cuanto mejor documentada llegue la evidencia, más difícil será cerrar la reforma con una actualización cosmética. Los colegios con estudios de costes ya elaborados parten con ventaja; los despachos con turno activo harían bien en remitir sus números ahora.

El precedente de 2021 enseña el camino y sus límites

La reforma de 2021 demostró que el sistema puede modernizarse: los módulos por servicio introdujeron una lógica de retribución por trabajo realizado en lugar de la vieja lista cerrada. Pero también demostró que una buena arquitectura con precios bajos sigue siendo un precio bajo. La lección para 2026 es que la discusión técnica sobre módulos no puede separarse de la discusión presupuestaria sobre cuánto vale la defensa de quien no puede pagarla.

La calidad de la defensa también se paga

Detrás del modelo retributivo hay un derecho fundamental: si el turno se retribuye sistemáticamente por debajo del coste razonable del servicio, el sistema selecciona contra la dedicación y la especialización. Ya lo advertíamos en Turno de oficio cuando la MASC termina sin acuerdo: la justicia gratuita no puede descansar de forma permanente en la generosidad de la profesión.

La audiencia pública es una ventana real. Que no se cierre con un retoque.