Reforma del CPC: la Comisión propone investigar y sancionar grandes infracciones de consumo
La propuesta del 11 de noviembre refuerza la cooperación de consumo y prevé poderes directos de la Comisión. El 6% no sería una multa automática.

La propuesta de revisión del Reglamento de cooperación para la protección de los consumidores, conocido como CPC, pretende cambiar quién puede investigar determinadas infracciones de gran alcance y cómo se coordinan las autoridades nacionales. La Comisión Europea la presentó el 11 de noviembre de 2026 dentro del paquete de consumo. Este análisis del 16 de noviembre se refiere a aquel anuncio, no a una reforma aprobada hoy: el Parlamento Europeo y el Consejo todavía deben discutir las propuestas.
La novedad más visible sería la atribución de facultades directas de investigación y sanción a la Comisión para determinados casos de dimensión europea. Pero el proyecto no convierte cualquier reclamación individual en un expediente de Bruselas. El texto COM(2026) 1120 final delimita el ámbito material, la dimensión de las infracciones y los operadores a los que se aplicaría ese capítulo. El límite de multa del 6% tampoco es una cantidad fija que se imponga por el mero hecho de recibir una denuncia.
Qué existe ahora y qué se propone cambiar
La página oficial de la Comisión describe el Reglamento (UE) 2017/2394 como un marco de cooperación entre autoridades nacionales frente a infracciones transfronterizas de las normas de consumo. Esas autoridades integran la red CPC. La Comisión coordina y apoya su trabajo, pero la memoria de la nueva propuesta subraya que actualmente no dispone de facultades directas de ejecución en este ámbito de Derecho del consumo. Esa es la diferencia institucional que la revisión intenta abordar.
El diagnóstico no presenta la cooperación anterior como inútil. La memoria recoge más de treinta acciones coordinadas desde que el reglamento empezó a aplicarse en enero de 2020. A la vez, identifica procedimientos prolongados, dificultades para coordinar sanciones y problemas frente a operadores establecidos fuera de la Unión. Son las razones que aporta la Comisión para reformar el sistema; no equivalen a una evaluación individual de todos los expedientes nacionales ni a una garantía de que las nuevas herramientas eliminen esas dificultades.
El capítulo de intervención directa tiene límites
El artículo 31 del proyecto excluye del capítulo de intervención directa de la Comisión a los comerciantes que sean microempresas, pequeñas o medianas empresas conforme a la recomendación citada en ese precepto. Esa exclusión no significa que esas empresas queden fuera del Derecho del consumo o de la supervisión nacional. Delimita un mecanismo concreto dentro de una propuesta más amplia. Confundir ambas cosas produciría una conclusión de cumplimiento equivocada.
El artículo 32 permite iniciar actuaciones cuando exista una sospecha razonable de una infracción generalizada con dimensión de la Unión que vulnere uno de los actos enumerados. La memoria explica esa dimensión mediante la afectación de al menos dos tercios de los Estados miembros que representen, conjuntamente, al menos dos tercios de la población de la Unión. La lista incluye determinadas normas sobre pasajeros, bloqueo geográfico y portabilidad, además del futuro Digital Fairness Act con las exclusiones que el propio proyecto indica. No es una habilitación sobre cualquier norma europea.
El reparto de competencias también importa. El proyecto prevé comunicación entre la Comisión y las oficinas de enlace únicas. Cuando la Comisión inicia el procedimiento, se producen los efectos de desplazamiento de facultades nacionales respecto del mismo comerciante y de los mismos hechos descritos en el artículo 32. Si no interviene, las autoridades nacionales mantienen su papel. La propuesta busca articular ambos niveles, no sustituir de forma general a las autoridades de cada Estado.
Información, entrevistas e inspecciones
Los artículos 34 a 38 desarrollan un conjunto de herramientas de investigación. Incluyen requerimientos de información, obtención de declaraciones, compras de prueba, inspecciones y utilización de herramientas digitales. La memoria distingue cada facultad y el articulado establece sus condiciones. Para una empresa afectada, identificar qué instrumento se utiliza sería relevante tanto para responder como para comprobar la base jurídica, el objeto y el plazo del requerimiento recibido.
El artículo 38 permite herramientas digitales, incluido software para recoger datos mediante acceso automatizado o intermediado. También contempla solicitudes para facilitar técnicamente su utilización cuando existan obstáculos. Eso no autoriza a resumir el proyecto como un acceso ilimitado a cualquier sistema de una empresa. El texto vincula la herramienta a las investigaciones previstas y exige identificar la base jurídica, la finalidad y las actuaciones técnicas solicitadas. El detalle procedimental forma parte de la facultad, no es un añadido opcional.
Medidas provisionales y compromisos
El artículo 40 prevé medidas provisionales cuando, dentro del procedimiento iniciado conforme al artículo 32, exista riesgo de perjuicio inminente y grave para los intereses colectivos de los consumidores. Las medidas tendrían un período determinado y podrían renovarse cuando fuera necesario y apropiado. La existencia de esta posibilidad no significa que toda investigación vaya acompañada de una suspensión inmediata del servicio ni permite anticipar la decisión de un caso que aún no existe.
Por otra parte, el artículo 41 permite convertir en vinculantes compromisos ofrecidos por el comerciante, incluido su calendario de aplicación. También contempla compromisos adicionales de reparación en beneficio de consumidores afectados. La distinción entre una propuesta empresarial y un compromiso convertido en obligatorio por decisión resulta importante: el proyecto no trata toda declaración voluntaria como si ya fuera una resolución administrativa. Tampoco equipara aceptar compromisos con reconocer automáticamente cada infracción denunciada.
El 6% es un máximo propuesto, con condiciones
El artículo 43 establece que, en una decisión de incumplimiento, la Comisión podría imponer multas que no superasen el 6% del volumen de negocios anual mundial del comerciante cuando apreciara las conductas intencionales o negligentes previstas. El precepto comprende infracciones de los actos incluidos en el artículo 32 y determinados incumplimientos de medidas provisionales o compromisos vinculantes. La redacción propuesta exige, por tanto, identificar el supuesto y la decisión correspondiente antes de hablar de una sanción.
El mismo artículo regula separadamente multas de hasta el 1% para determinadas infracciones procedimentales, como obstaculizar una inspección o aportar información incorrecta en las condiciones previstas. Además, el artículo 44 contempla multas coercitivas periódicas. No son tres maneras equivalentes de expresar una sola sanción. Su función y presupuesto son distintos. El cálculo de una eventual exposición tendría que respetar esa separación y los criterios de graduación del texto, entre ellos gravedad, duración, beneficio obtenido y medidas para reparar el perjuicio.
Defensa, expediente y cooperación nacional
El artículo 48 recoge el derecho a ser oído sobre las conclusiones preliminares y las medidas que la Comisión pretenda adoptar. El plazo para observaciones que fije no podría ser inferior a catorce días. También reconoce acceso al expediente con límites relacionados con información confidencial, secretos comerciales y documentos internos. No sería correcto presentar el refuerzo de investigación sin esas garantías ni prometer un acceso irrestricto a cualquier documento intercambiado entre autoridades.
En el nivel nacional, la memoria destaca plazos para pasos de las acciones coordinadas, una autoridad responsable de imponer sanciones y asistencia para cobrarlas. Incluye el cierre de una acción cuando no se adopte posición común dentro de doce meses desde su inicio, en los términos del artículo 21. No es una promesa de resolver toda reclamación de un consumidor en un año. Se trata de un hito concreto del mecanismo de cooperación propuesto, con su propio objeto y participantes.
Un expediente legislativo que merece seguimiento separado
La reforma del CPC es procedimental y debe distinguirse de las nuevas reglas sustantivas del Digital Fairness Act. Para otras perspectivas pueden consultarse la sección de procesos y la información sobre límites de precios en emergencias, sin confundir sus regímenes. La propuesta exige seguir versiones, competencia y garantías; no permite dar por vigente el sistema futuro ni anunciar una multa antes de un procedimiento y una decisión.
Fuentes
Comisión Europea, COM(2026) 1120 final, memoria y artículos citados; página oficial del CPC y comunicado IP/26/2407, fechados en el paquete del 11 de noviembre de 2026. Consulta: 16 de noviembre de 2026.
Fuentes
- Fuente. Consultada el 16 de noviembre de 2026.
- Fuente. Consultada el 16 de noviembre de 2026.
- Fuente. Consultada el 16 de noviembre de 2026.
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