Procesos del despacho

El Supremo deja firme que recuperar las vías pecuarias ocupadas es una obligación, no una opción

El Supremo desestima el recurso de la Junta y deja firme la obligación de recuperar de oficio las vías pecuarias de Rota ocupadas ilegalmente.

Ilustración generada con IA: sendero rural entre campos de cultivo con una alambrada retirada a un lado
Imagen generada con IA. No es una fotografía documental.

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación de la Junta de Andalucía contra la sentencia que le obliga a recuperar tres vías pecuarias ocupadas ilegalmente en Rota (Cádiz). La sentencia, de 14 de octubre de 2026 (STS 4262/2026, recurso 6814/2024, ponente Francisco Javier Pueyo Calleja), aprecia una «nítida desconexión» entre la pretensión y la cuestión de interés casacional, según la ficha oficial del Centro de Documentación Judicial, de modo que la Sala no llega a pronunciarse sobre esa cuestión y deja firme el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El desenlace cierra el recorrido judicial de un litigio que la asociación La Plazoleta-Ecologistas en Acción inició hace más de cinco años. La consecuencia es directa: la administración autonómica está obligada a iniciar, tramitar y resolver de oficio los procedimientos de recuperación del dominio público pecuario, y no hacerlo es un incumplimiento revisable ante los tribunales.

Conviene precisar qué ha hecho exactamente el Alto Tribunal, porque las crónicas lo contaron de formas distintas, entre sentencia desestimatoria e inadmisión, y la ficha oficial de CENDOJ permite aclararlo. Se trata de una sentencia que desestima el recurso por una vía procesal, la desconexión entre la pretensión y la cuestión casacional, sin pronunciamiento del Supremo sobre el fondo de la cuestión de interés casacional. No hay, por tanto, doctrina nueva del Alto Tribunal sobre el fondo: lo que queda firme es la sentencia del TSJA, que ya contenía los pronunciamientos relevantes y cuyo criterio sirve de referente para los litigios en curso en otras comunidades. El texto íntegro de la sentencia no ha podido consultarse; los detalles del caso proceden de las crónicas citadas.

El caso de Rota: tres coladas, un deslinde de 2005 y veinte años de ocupación

Las tres vías litigiosas son la Colada de los Charcos, la Colada de Cebollares y la Colada de Cobalengo, en el término municipal de Rota. Las tres tenían reconocido su deslinde desde 2005 y 2006, es decir, la administración había definido oficialmente sus límites y declarado la titularidad demanial a favor de la comunidad autónoma. A pesar de ello, explotaciones agrícolas colindantes fueron ocupando los terrenos durante años sin que la Junta ejecutara la recuperación.

El caso de la Colada de Cebollares ilustra la magnitud de la apropiación: la vía tiene una anchura reconocida de 37,5 metros y la ocupación dejó únicamente un carril por el que apenas cabe un tractor. En diciembre de 2020, La Plazoleta-Ecologistas en Acción solicitó formalmente a la Junta de Andalucía la recuperación de los tres caminos. Ante la falta de una respuesta efectiva, acudió a la vía judicial en 2021.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Cádiz estimó la reclamación y condenó a la Junta a «iniciar, tramitar y resolver los procedimientos de recuperación de oficio» del patrimonio público ocupado. La Junta recurrió y el TSJA confirmó la sentencia. El recurso de casación autonómico, consciente la administración de la relevancia del fallo, ha terminado ahora con la sentencia desestimatoria del Supremo de 14 de octubre de 2026.

Qué dice la sentencia que ha quedado firme

El fallo firme fija tres puntos de recorrido general para cualquier administración titular de dominio público pecuario. Primero, la recuperación de las vías ocupadas es «una obligación» de la administración competente y no «una facultad discrecional»: no cabe decidir políticamente si se recupera o no un camino deslindado. Segundo, el incumplimiento de ese deber es «un incumplimiento de normas legales» que «es revisable por la jurisdicción», lo que habilita a cualquier legitimado para forzar la actuación por vía contenciosa. Tercero, la administración no puede justificar su inacción alegando falta de «medios técnicos y materiales»: la carencia de recursos no suspende el deber legal.

La distinción es relevante para la práctica. La sentencia no ordena desalojos inmediatos ni sustituye a la administración en la gestión, sino que le impone un deber de actividad procesal: abrir expediente, tramitarlo con audiencia a los ocupantes y resolverlo. Cada ocupante conserva sus garantías dentro del procedimiento, pero la inacción deja de ser una vía de escape.

El marco legal: dominio público que no se prescribe ni se embarga

El soporte normativo es la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, cuyo artículo 2 define la naturaleza jurídica de estos bienes: «Las vías pecuarias son bienes de dominio público de las Comunidades Autónomas y, en consecuencia, inalineables, imprescriptibles e inembargables». Esa triple condición explica por qué el paso del tiempo no consolida las ocupaciones: ninguna posesión prolongada, por décadas que dure, convierte en privado un suelo demanial.

El artículo 3 de la misma ley asigna a las comunidades autónomas fines activos, entre ellos «ejercer las potestades administrativas en defensa de la integridad de las vías pecuarias» y «garantizar el uso público de las mismas tanto cuando sirvan para facilitar el tránsito ganadero como cuando se adscriban a otros usos compatibles o complementarios». Es la base normativa de la obligación que la sentencia firme declara.

El deslinde, regulado en el artículo 8, es la pieza que lo hace exigible: «El deslinde aprobado declara la posesión y la titularidad demanial a favor de la Comunidad Autónoma, dando lugar al amojonamiento y sin que las inscripciones del Registro de la Propiedad puedan prevalecer frente a la naturaleza demanial de los bienes deslindados». De ahí que el caso de Rota fuera especialmente claro: el deslinde existía desde hacía dos décadas y solo faltaba ejecutarlo.

Un efecto que ya se extiende más allá de Rota

El fallo llega en un contexto de presión creciente sobre las administraciones autonómicas. Solo en Andalucía, la comunidad con la red más extensa, hay más de 5.000 vías pecuarias con 32.772 kilómetros de trazado y anchuras de entre ocho y 75 metros, según datos del Gobierno autonómico. Y la malla de caminos rurales y forestales de la región suma unos 193.365 kilómetros, de los que solo 21.062, el 10,89 %, están habilitados para su uso, según una investigación publicada por la Asociación de Geógrafos Españoles.

La resolución afecta también a otras cinco vías pecuarias de Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda y Alcalá de los Gazules, en litigio y cuyos terrenos la Junta deberá recuperar conforme al mismo criterio. Y más allá de Andalucía: las ocupaciones son especialmente abundantes en Castilla-La Mancha y Extremadura, según las plataformas de caminos públicos. El Gobierno, además, ha aprobado un real decreto que regula este tipo de vías.

La defensa de la Junta: 67 procedimientos y 60 resoluciones

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente sostiene que no ha permanecido inactiva. Según fuentes del departamento, sobre las coladas de Rota se han iniciado 67 procedimientos administrativos y se han dictado ya 60 resoluciones, además de practicarse requerimientos de desalojo. «La Junta de Andalucía no ha permanecido a la espera de una resolución judicial, sino que ha venido desarrollando las actuaciones necesarias para avanzar en la recuperación de estas vías pecuarias», indican.

El abogado Javier Farfante, que ha llevado el caso para Ecologistas en Acción, lo resume así en El País: «El hecho de que la Junta ejecute la defensa de los bienes públicos no es una potestad discrecional y tampoco tiene sentido que alegue que no tiene medios». En la acera de enfrente, el secretario provincial de COAG en Cádiz, Miguel Pérez, aclara que la sentencia «hay que respetarla escrupulosamente», aunque plantea que el uso ganadero o recreativo podría ser compatible con el uso agrario previo pago de un canon.

La recuperación efectiva sobre el terreno es, en cualquier caso, otro capítulo: que exista una resolución administrativa no implica que el terreno esté ya recuperado y disponible para el tránsito público.

Lectura práctica para despachos y administraciones

Para los despachos que asesoren a asociaciones vecinales o ecologistas, el caso ofrece una hoja de ruta contrastada: reclamación administrativa documentada (la de Rota es de diciembre de 2020), demanda contenciosa ante la inacción, y paciencia procesal hasta la firmeza. Para los que asesoren a propietarios colindantes, la advertencia es la contraria: un vallado o una siembra sobre una vía deslindada es una exposición jurídica permanente, sin prescripción que lo sane, y la ejecución puede llegar décadas después del deslinde.

Para las propias administraciones, la lectura es presupuestaria y de gestión: la falta de medios ya no excusa la omisión, así que la única vía razonable es planificar los deslindes pendientes y escalonar las recuperaciones con garantías. Sobre el régimen de los bienes demaniales, véase nuestro análisis de la responsabilidad patrimonial y las vías de reclamación y la cobertura del contencioso en procesos. Contexto normativo de ayudas y fondos públicos en actualidad y en la pieza sobre el reintegro de subvenciones de formación confirmado por el Supremo.

Lo que queda por ver

La ejecución material es ahora el frente abierto: dictar resoluciones no equivale a recuperar terreno, y los propios colectivos advierten de que la restitución total exigirá vigilancia continua sobre el terreno. También queda por ver si la firmeza del caso de Rota acelera los deslindes paralizados en otras comarcas y comunidades, y qué efecto tiene sobre los litigios pendientes de las cinco vías gaditanas restantes. Para las asociaciones que llevan años denunciando ocupaciones, la resolución suministra algo que antes no tenían: un precedente firme en la jurisdicción contenciosa que convierte la inacción administrativa en un incumplimiento judicialmente exigible.

Preguntas frecuentes

¿Qué ha resuelto exactamente el Tribunal Supremo? Según la ficha oficial de CENDOJ, ha desestimado el recurso de casación de la Junta de Andalucía mediante sentencia de 14 de octubre de 2026 (STS 4262/2026), al apreciar una «nítida desconexión» entre la pretensión y la cuestión de interés casacional, sin pronunciarse sobre ella. Con ello queda firme la sentencia del TSJA que obliga a recuperar de oficio tres vías pecuarias ocupadas en Rota (Cádiz). No hay doctrina nueva del Supremo sobre el fondo.

¿Qué vías están afectadas? La Colada de los Charcos, la Colada de Cebollares y la Colada de Cobalengo, deslindadas en 2005 y 2006. La resolución afecta también a otras cinco vías en litigio en Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda y Alcalá de los Gazules.

¿Puede la administración alegar falta de medios para no actuar? No. La sentencia firme rechaza que la carencia de «medios técnicos y materiales» justifique la ausencia de respuesta: la recuperación del dominio público pecuario es una obligación revisable por la jurisdicción.

¿Se puede adquirir por prescripción una vía pecuaria ocupada durante décadas? No. El artículo 2 de la Ley 3/1995 declara las vías pecuarias bienes de dominio público de las comunidades autónomas, «inalineables, imprescriptibles e inembargables».

Fuentes

  • El Periódico / Agencia Efe, «Importante sentencia del Supremo sobre caminos públicos: es obligación de los gobiernos autonómicos reabrir los ilegalmente cerrados» (12 de noviembre de 2026), consultado el 13 de noviembre de 2026.
  • El País, «El Supremo marca la senda para recuperar miles de vías pecuarias usurpadas por los agricultores» (4 de noviembre de 2026), consultado el 13 de noviembre de 2026.
  • El Folio, «El Supremo respalda recuperar caminos públicos usurpados» (9 de noviembre de 2026), consultado el 13 de noviembre de 2026.
  • La Voz del Sur, «El Supremo obliga a recuperar tres vías pecuarias usurpadas en Rota y reabre el debate por los 400 kilómetros ocupados en Sevilla» (9 de noviembre de 2026), consultado el 13 de noviembre de 2026.
  • Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), ficha y resumen oficiales de la STS 4262/2026 (ECLI: ES:TS:2026:4262; recurso 6814/2024), consultados el 13 de noviembre de 2026.
  • Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias (BOE-A-1995-7241, texto consolidado), consultada el 13 de noviembre de 2026.

Fuentes

  1. Fuente. Consultada el 13 de noviembre de 2026.
  2. Fuente. Consultada el 13 de noviembre de 2026.
  3. Fuente. Consultada el 13 de noviembre de 2026.
  4. Fuente. Consultada el 13 de noviembre de 2026.

Las fuentes utilizadas se identifican en esta lista; las crónicas periodísticas se atribuyen a su medio de origen.

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