Asturias estrena Ley de Infancia y Adolescencia: nuevo sistema de protección, registro de entidades colaboradoras y régimen sancionador propio

El BOE del viernes 6 de noviembre de 2026 publica la Ley del Principado de Asturias 8/2026, de 15 de octubre, de Infancia y Adolescencia, aprobada por la Junta General y promulgada en Oviedo por el presidente del Principado, Adrián Barbón Rodríguez. Publicada previamente en el Boletín Oficial del Principado de Asturias número 206, de 23 de octubre de 2026, la ley entrará en vigor al mes de su publicación en el boletín autonómico, es decir, el próximo 23 de noviembre de 2026.

Es una norma de gran calado: 134 artículos organizados en ocho títulos, que derogan la Ley del Principado de Asturias 1/1995, de 27 de enero —la veterana ley de protección de menores— y reconstruyen por completo el sistema asturiano de garantía de derechos, prevención y protección de la infancia, más de tres décadas después y ya bajo el paradigma de la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, y de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, que el preámbulo cita como referencia junto a la Declaración de 1959.

La arquitectura de la ley

El título I recoge las disposiciones generales; el título II desarrolla la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el Principado; el título III regula la distribución de competencias, la colaboración y la coordinación entre administraciones —un punto sensible en una materia en la que intervienen Principado, ayuntamientos y Estado—; y el título IV se dedica a la prevención, pata que la ley sitúa en pie de igualdad con la intervención protectora.

El corazón normativo es el título V, que despliega el sistema de protección de la infancia y la adolescencia en nueve capítulos: disposiciones generales; actuaciones previas; el riesgo y la declaración de riesgo; la guarda y el desamparo; el acogimiento, familiar y residencial; los niños, niñas y adolescentes extranjeros no acompañados; la dotación de recursos y coordinación administrativa para el cumplimiento de las medidas de responsabilidad penal de los menores; la delegación de guarda con fines de adopción y la propuesta de adopción; y los órganos para la protección de la infancia y la adolescencia. La secuencia reproduce el itinerario completo del caso protector, desde la detección de la situación de riesgo hasta la adopción, pasando por la guarda administrativa y las medidas de acogimiento.

El título VI regula las entidades colaboradoras en protección de menores —las entidades del tercer sector que gestionan recursos residenciales y de acogimiento—, y el título VII crea el andamiaje registral: un Registro de Entidades Colaboradoras en Protección de Menores, único, central y de carácter público, adscrito a la dirección general con competencias en infancia, en el que la inscripción se practicará de oficio tras la habilitación de la entidad, y un Registro autonómico sobre Protección de Menores, junto al sistema de información que los alimenta. El título VIII cierra la ley con un régimen sancionador propio.

El régimen sancionador: tipicidad, subsidiariedad y publicidad

El título VIII dota al sistema de un régimen sancionador completo y con matices relevantes para los operadores. Su artículo 123 consagra el principio de tipicidad —solo son infracciones las acciones u omisiones tipificadas en la propia ley— y, sobre todo, establece una regla de subsidiariedad: las infracciones de esta ley son las que no constituyan ya infracción administrativa en la normativa audiovisual, de consumo, de espectáculos públicos, de juego, de salud u otras leyes sectoriales, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden. La ley castiga, en definitiva, los huecos que dejan los regímenes sectoriales.

Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, y se prevé la infracción continuada para la pluralidad de acciones que infrinjan el mismo precepto en ejecución de un plan preconcebido. Son responsables las personas físicas y jurídicas a las que las infracciones sean imputables por dolo o culpa. Entre las muy graves figuran la comisión de más de dos infracciones graves en el plazo de un año, declarada por resolución firme, y las acciones u omisiones graves de las que se deriven daños de reparación imposible o difícil para los derechos de los menores. Los plazos de prescripción son de un año para las leves, tres para las graves y cinco para las muy graves, tanto para las infracciones como para las sanciones. Y como medida disuasoria adicional, en caso de infracciones graves o muy graves el órgano competente podrá acordar la publicación de las sanciones firmes en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, con el coste de la publicación a cargo de la persona o entidad sancionada.

Las obligaciones de desarrollo y la versión en lenguaje claro

La ley no se limita a ordenar el sistema: se autoimpone deberes de ejecución con plazo. Su normativa prevé que, a los seis meses de la entrada en vigor, se realice una adaptación de la propia ley "en un lenguaje sencillo y claro" para que pueda ser conocida y comprendida por niñas, niños y adolescentes —una medida de accesibilidad normativa en la línea de la escucha efectiva que exige la normativa internacional—. Y en el plazo de un año, la entidad pública correspondiente deberá elaborar un programa marco de voluntariado que, al amparo de la Ley del Principado 10/2001, de 12 de noviembre, del Voluntariado, desarrolle actividades en el ámbito de la infancia y las familias.

En lo transitorio, los procedimientos administrativos iniciados antes de la entrada en vigor se regirán por la normativa vigente en el momento de su inicio, y las disposiciones reglamentarias aprobadas en desarrollo de la derogada Ley 1/1995 continuarán en vigor en lo que no se opongan a la nueva ley hasta que llegue el nuevo desarrollo reglamentario, al que se refiere su disposición final segunda. La disposición final tercera vincula la financiación de las medidas a las leyes de presupuestos.

Una novedad colateral: la iniciativa popular a los 16 años

La disposición final primera contiene una reforma que trasciende la materia de infancia: modifica los artículos 1 y 7 de la Ley del Principado de Asturias 4/1984, de 5 de junio, reguladora de la iniciativa legislativa de los Ayuntamientos y de la iniciativa popular. El nuevo artículo 1 reconoce la iniciativa legislativa a los ayuntamientos asturianos y a "los ciudadanos mayores de dieciséis años de edad que gocen de la condición política de asturianos". Con ello, Asturias rebaja de 18 a 16 años la edad para ejercer la iniciativa legislativa popular ante la Junta General, una medida coherente con la lógica participativa que recorre toda la ley de infancia y que convierte al Principado en una de las comunidades con el umbral más bajo para este derecho.

Por qué importa a los operadores jurídicos

Para los despachos con práctica de familia en Asturias, la ley cambia el mapa procesal de fondo: la declaración de riesgo, la guarda administrativa, el desamparo, el acogimiento y la delegación de guarda con fines de adopción quedan ahora regulados por un texto nuevo, con definiciones y órganos propios, que sustituye a una ley de 1995 sobre la que se había construido buena parte de la práctica. Para las entidades de acogimiento y los centros de protección, el título VI y el nuevo registro público de entidades colaboradoras introducen un estatuto de habilitación e inscripción de oficio que conviene revisar con detalle. Y para los operadores del ámbito de menores extranjeros no acompañados y de responsabilidad penal de menores, la ley dedica capítulos específicos dentro del sistema de protección, con previsiones de recursos y coordinación administrativa que eran reclamaciones históricas del sector.

La entrada en vigor el 23 de noviembre de 2026 abre un periodo breve de transición: los procedimientos en curso seguirán la ley anterior, pero toda situación de riesgo detectada a partir de esa fecha se canalizará ya por el nuevo sistema.

Preguntas frecuentes

¿Cuándo entra en vigor la Ley de Asturias 8/2026?

Al mes de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, que tuvo lugar el 23 de octubre de 2026: regirá desde el 23 de noviembre de 2026.

¿Qué norma deroga?

Deroga la Ley del Principado de Asturias 1/1995, de 27 de enero, cuya normativa de desarrollo seguirá aplicándose en lo que no se oponga a la nueva ley hasta su sustitución reglamentaria.

¿Qué ocurre con los procedimientos de protección ya iniciados?

Se regirán por la normativa vigente en el momento de su inicio, conforme a la regla transitoria de la propia ley.

Fuentes

• Ley del Principado de Asturias 8/2026, de 15 de octubre, de Infancia y Adolescencia (BOE-A-2026-23272)