La Orden VAU/1167/2026 obliga a las comunidades a transmitir al Ministerio de Vivienda cada concesión, modificación, revocación o pago de las ayudas del Plan Estatal

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha fijado el sistema con el que controlará la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. La Orden VAU/1167/2026, de 4 de noviembre, publicada en el BOE del 6 de noviembre y en vigor desde este sábado 7 de noviembre de 2026, regula "los mecanismos, plazos y periodicidad" con los que las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla deberán suministrar al Ministerio la información de seguimiento, control y evaluación de las actuaciones del Plan, a través de sistemas informáticos compartidos y de un cuadro de mando integral único.

La orden desarrolla el artículo 154 del Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, y convierte la obligación de registro continuado de información prevista en ese real decreto en un sistema de transmisión automatizada, máquina a máquina, con acuse de recibo electrónico, indicadores normalizados, informes periódicos y certificaciones de control por cada actuación financiada.

Transmisión mensual y transmisión por evento

El núcleo operativo está en el artículo 4. La remisión de información se realizará por medios de comunicación de máquina a máquina entre los sistemas de las comunidades y la plataforma habilitada por la División de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Ministerio, que emitirá un acuse de recibo electrónico por cada transmisión, con fecha y hora de recepción y el resultado de las validaciones técnicas: aceptada, aceptada con avisos o rechazada, con la relación de errores en su caso.

La carga informativa tiene dos carriles. El primero es la transmisión mensual: dentro de los cinco primeros días naturales de cada mes, las comunidades deben transmitir de forma completa los indicadores identificados como mensuales, referidos al mes natural anterior. El segundo es la transmisión por actualización por evento: cada vez que se produzca un cambio relevante deberá remitirse información, incluidos, entre otros supuestos, "la concesión, modificación, revocación o pago de ayudas; la incorporación o modificación de beneficiarios; la actualización de actuaciones financiadas; o el registro de hitos de cumplimiento de objetivos e indicadores". En la práctica, el Ministerio recibirá noticia casi inmediata de cada movimiento económico del Plan, incluido cada pago.

Un modelo de datos con instrucciones técnicas vivas

El modelo para la transmisión telemática lo fija y actualiza la Dirección General de Planificación y Evaluación, y las condiciones técnicas y operativas —interfaces, formatos, reglas de validación, versionado— se desarrollarán por Instrucciones Técnicas de la División de TIC, que serán publicadas y puestas a disposición de los sujetos obligados. El artículo 3.4 exige que las actualizaciones que introduzcan cambios incompatibles se publiquen con al menos un mes de antelación y prevé periodos de coexistencia de versiones para permitir la adaptación de los emisores. Eso sí: las instrucciones no podrán alterar "el contenido sustantivo de las obligaciones de suministro de información, su periodicidad o sus plazos de cumplimiento".

La transmisión se ajustará al Esquema Nacional de Interoperabilidad (Real Decreto 4/2010) y se canalizará a través de Red SARA, la infraestructura común de comunicaciones de las administraciones públicas. En seguridad, el artículo 6 remite al Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto 311/2022), con credenciales técnicas para la identificación inequívoca del emisor, mecanismos de alta, rotación y desactivación, y preservación de la confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad de la información, con especial atención a los datos sometidos a reserva y a la normativa de protección de datos.

El Centro de Atención a la Integración y Soporte

La orden crea el Centro de Atención a la Integración y Soporte del Plan Estatal de Vivienda como punto único de contacto para la integración técnica, la gestión de credenciales, la resolución de incidencias y el seguimiento operativo del intercambio. Lo gestiona la División de TIC del Ministerio y prestará atención, al menos, por formulario web y correo electrónico, con un identificador asignado a cada incidencia para su trazabilidad. También comunicará las ventanas de mantenimiento planificado y las incidencias masivas que afecten al servicio.

Indicadores, publicación y transparencia

El anexo de la orden despliega los indicadores de seguimiento del Plan, que complementan los requisitos mínimos de información del artículo 154.2 del Real Decreto 326/2026. Por líneas de ayuda, el anexo exige datos tan concretos como el número de viviendas que se vayan a adquirir o construir en los acuerdos de las comisiones de seguimiento, el importe de la ayuda por vivienda, o los hitos de las viviendas en construcción: resolución de concesión, certificado de inicio de obra, certificado del 50 % de ejecución y certificado final de obra emitidos por la dirección facultativa. También se desglosan las viviendas con ayuda incrementada por construcción industrializada, por actuación en zonas de mercado residencial tensionado o por destinarse a personas con gran dependencia o discapacidad severa. La Dirección General de Planificación y Evaluación podrá dictar instrucciones interpretativas y notas metodológicas para homogeneizar el cómputo en todo el territorio.

El artículo 9 añade una dimensión de transparencia: la Dirección General podrá acordar la publicación de información agregada sobre objetivos e indicadores, para facilitar el seguimiento público del grado de ejecución del Plan, siempre con protección de los datos personales.

Informes trimestrales y anuales, y certificados por actuación

Además del flujo automatizado, el artículo 10 —en desarrollo del artículo 156 del Real Decreto 326/2026— obliga a las comunidades a elaborar informes de seguimiento trimestrales y un informe anual de evaluación. Los trimestrales, que se remitirán antes de que finalice el mes siguiente al trimestre analizado, deben describir la evolución acumulada de los indicadores, comparar los valores alcanzados con los objetivos previstos e identificar desviaciones y medidas correctoras. El anual debe remitirse antes del 31 de enero del año siguiente e incluirá el resumen de indicadores, las previsiones de cumplimiento para el ejercicio siguiente, la estimación actualizada de objetivos cuando se hayan reajustado las líneas de financiación conforme al artículo 7 del real decreto, y un informe detallado de las actuaciones de control realizadas sobre las subvenciones, en aplicación de la regla séptima del artículo 86.2 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria.

El artículo 11 exige, además, que el responsable del órgano gestor de cada comunidad cumplimente, suscriba y remita certificaciones por cada actuación del Plan, acreditando entre otras cosas la permanencia indefinida del régimen de protección de las viviendas financiadas sin posibilidad de descalificación, cuando resulte exigible, y la adjudicación de viviendas a través del registro público de demandantes u otras fórmulas objetivas, transparentes y públicas.

Régimen transitorio hasta el 1 de junio de 2027

Consciente de que la integración máquina a máquina no estará operativa de inmediato en todas las administraciones, la disposición transitoria única permite al Ministerio habilitar, hasta el 1 de junio de 2027, herramientas alternativas de remisión cuando la integración no esté plenamente operativa o concurran incidencias técnicas, con garantías de integridad, trazabilidad y seguridad. El uso de esa vía transitoria no exime ni de la periodicidad del artículo 4 ni de la obligación de registro continuado del artículo 154.2 del real decreto.

La orden se dicta al amparo del artículo 149.1.13.ª de la Constitución —bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica— y su disposición adicional tercera prevé que la información generada sirva de base para que el Consejo Asesor de Vivienda formule observaciones y recomendaciones de mejora del Plan.

Contexto: el Plan que ahora se monitoriza

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, aprobado por el Real Decreto 326/2026, es la pieza de la que derivan las ayudas que estas semanas se han detallado en este medio, como la ayuda directa al alquiler del Plan, de hasta 250 euros mensuales o las ayudas para rehabilitar vivienda vacía destinada a alquiler asequible. La Orden VAU/1167/2026 es la otra cara de esas convocatorias: el mecanismo por el que el Ministerio comprobará, comunidad a comunidad y ayuda a ayuda, cómo se ejecutan los fondos. Se enmarca, además, en el paquete normativo de vivienda del último año, del que también forman parte el RDL 29/2026 sobre alquiler de temporada y desahucios y la prórroga del alquiler del RDL 28/2026, así como la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, categoría que aparece expresamente en los indicadores del anexo.

Preguntas frecuentes

¿Quién debe transmitir la información del Plan Estatal de Vivienda?

Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, como administraciones que ejecutan el Plan en su territorio, mediante transmisión máquina a máquina a la plataforma del Ministerio.

¿Cada cuánto se remite información?

Mensualmente —en los cinco primeros días naturales del mes siguiente— y, además, cada vez que se produzca un evento relevante, como la concesión, modificación, revocación o pago de una ayuda.

¿Qué ocurre si la integración técnica no está lista?

Hasta el 1 de junio de 2027 cabe la remisión por herramientas alternativas habilitadas por el Ministerio, pero sin exención de las obligaciones de periodicidad y registro continuado.

Fuentes

• Orden VAU/1167/2026, de 4 de noviembre (BOE-A-2026-23270)